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Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de SEPARACIÓN Y DIVORCIO.
Sumario:
Artículo primero. Modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio.
Artículo segundo. Modificación de la regulación de los derechos del cónyuge viudo en el Código Civil.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Fondo de garantía de pensiones.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Procesos pendientes de resolución.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.
Juan Carlos I,
Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de 1978 contiene en su artículo 32 un mandato al legislador para que regule los derechos y deberes de los cónyuges con plena igualdad jurídica, así como las causas de separación y disolución del matrimonio y sus efectos.

La Ley 30/1981, de 7 de julio, modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil, así como el procedimiento seguido en las causas de nulidad, separación y divorcio, de conformidad con los entonces nuevos principios. Ello suponía promover y proteger la dignidad de los cónyuges y sus derechos, y procurar que mediante el matrimonio se favoreciera el libre desarrollo de la personalidad de ambos.

A tal fin, la Ley habría de tener en consideración que, sistemáticamente, el derecho a contraer matrimonio se configuraba como un derecho constitucional, cuyo ejercicio no podía afectar, ni desde luego, menoscabar la posición jurídica de ninguno de los esposos en el matrimonio, y que, por último, daba lugar a una relación jurídica disoluble, por las causas que la Ley dispusiera.

La determinación de tales causas y, en concreto, la admisión del divorcio como causa de disolución del matrimonio constituyó el núcleo de la elaboración de la Ley, en la que, tras un complejo y tenso proceso, aún podían advertirse rasgos del antiguo modelo de la separación-sanción.

El divorcio se concebía como último recurso al que podían acogerse los cónyuges y sólo cuando era evidente que, tras un dilatado período de separación, su reconciliación ya no era factible. Por ello, se exigía la demostración del cese efectivo de la convivencia conyugal, o de la violación grave o reiterada de los deberes conyugales, una suerte de pulso impropio tendido por la Ley a los esposos, obligados bien a perseverar públicamente en su desunión, bien a renunciar a tal expresión reconciliándose. En ningún caso, el matrimonio podía disolverse como consecuencia de un acuerdo en tal sentido de los consortes.

Estas disposiciones han estado en vigor durante casi un cuarto de siglo, tiempo durante el que se han puesto de manifiesto de modo suficiente tanto sus carencias como las disfunciones por ellas provocadas. Sirvan sólo a modo de ejemplo los casos de procesos de separación o de divorcio que, antes que resolver la situación de crisis matrimonial, han terminado agravándola o en los que su duración ha llegado a ser superior a la de la propia convivencia conyugal.

El evidente cambio en el modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha privado paulatinamente a estas normas de sus condicionantes originales.

Los tribunales de justicia, sensibles a esta evolución, han aplicado en muchos casos la Ley y han evitado, de un lado, la incoveniencia de perpetuar el conflicto entre los cónyuges, cuando en el curso del proceso se hacía patente tanto la quiebra de la convivencia como la voluntad de ambos de no continuar su matrimonio, y de otro, la inutilidad de sacrificar la voluntad de los individuos demorando la disolución de la relación jurídica por razones inaprensibles a las personas por ella vinculadas.

La reforma que se acomete pretende que la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio. El reconocimiento por la Constitución de esta institución jurídica posee una innegable trascendencia, en tanto que contribuye al orden político y la paz social, y es cauce a través del cual los ciudadanos pueden desarrollar su personalidad.

En coherencia con esta razón, el artículo 32 de la Constitución configura el derecho a contraer matrimonio según los valores y principios constitucionales. De acuerdo con ellos, esta Ley persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial.

Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación.

En este último sentido, se pretende evitar la situación actual que, en muchos casos, conlleva un doble procedimiento, para lo cual se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial, con un importante ahorro de coste a las partes, tanto económico como, sobre todo, personales.

No obstante, y de conformidad con el artículo 32 de la Constitución, se mantiene la separación judicial como figura autónoma, para aquellos casos en los que los cónyuges, por las razones que les asistan, decidan no optar por la disolución de su matrimonio.

En suma, la separación y el divorcio se concibe como dos opciones, a las que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su vida en común. De este modo, se pretende reforzar el principio de libertad de los cónyuges en el matrimonio, pues tanto la continuación de su convivencia como su vigencia depende de la voluntad constante de ambos.

Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales. Para la interposición de la demanda, en este caso, sólo se requiere que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo que el interés de los hijos o del cónyuge demandante justifique la suspensión o disolución de la convivencia con antelación, y que en ella se haga solicitud y propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Se pretende, así, que el demandado no sólo conteste a las medidas solicitadas por el demandante, sino que también tenga la oportunidad de proponer las que considere más convenientes, y que, en definitiva, el Juez pueda propiciar que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto de todas o el mayor número de ellas.

De esta forma, las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio.

La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges, y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictar una resolución en la que imponga las medidas que sean precisas.

La Ley prevé, junto a la anterior posibilidad, que ambos cónyuges soliciten conjuntamente la separación o el divorcio. En este caso, los requisitos que deben concurrir, así como los trámites procesales que deberán seguirse, son prácticamente coincidentes con los vigentes hasta ahora, pues sólo se ha procedido a reducir a tres meses el tiempo que prudentemente debe mediar entre la celebración del matrimonio y la solicitud de divorcio. Por lo demás, las partes, necesariamente, deben acompañar a su solicitud una propuesta de convenio regulador redactada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil. Por último, esta reforma legislativa también ha de ocuparse de determinadas cuestiones que afectan al ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados, cuyo objeto es procurar la mejor realización de su beneficio e interés, y hacer que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con ellos continúa, a pesar de la separación o el divorcio, y que la nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de la potestad.

Se pretende reforzar con esta ley la libertad de decisión de los padres respecto del ejercicio de la patria potestad. En este sentido, se prevé expresamente que puedan acordar en el convenio regulador que el ejercicio se atribuya exclusivamente a uno de ellos, o bien a ambos de forma compartida. También el Juez, en los procesos incoados a instancia de uno solo de los cónyuges, y en atención a lo solicitado por las partes, puede adoptar una decisión con ese contenido.

Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral.

En el antiguo modelo de la separación-sanción, la culpabilidad del cónyuge justificaba que éste quedase alejado de la prole. Al amparo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de modo objetivamente incomprensible, se ha desarrollado una práctica coherente con el modelo pretérito, que materialmente ha impedido en muchos casos que, tras la separación o el divorcio, los hijos continúen teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse.

Así pues, cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos, y ha de tener por justificación su protección ante un mal cierto, o la mejor realización de su beneficio e interés.

Consiguientemente, los padres deberán decidir si la guarda y custodia se ejercerá sólo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida. En todo caso, determinarán, en beneficio del menor, cómo éste se relacionará del mejor modo con el progenitor que no conviva con él, y procurarán la realización del principio de corresponsabilidad en el ejercicio de la potestad.

Artículo primero. Modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio.

El Código Civil se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 68 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 68.

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.

Dos. El artículo 81 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 81.

Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Tres. El artículo 82 queda sin contenido.

Cuatro. Se modifica el párrafo primero del artículo 84, que tendrá la siguiente redacción:

La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio.

Cinco. El artículo 86 queda redactado del siguiente modo:

Artículo 86.

Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.

Seis. El artículo 87 queda sin contenido.

Siete. El primer párrafo del artículo 90 y su apartado a quedan redactados en los siguientes términos:

El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.

Ocho. Se da una nueva redacción al artículo 92, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 92.

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

Nueve. El artículo 97 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 97.

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.

La edad y el estado de salud.

La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

La dedicación pasada y futura a la familia.

La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

La pérdida eventual de un derecho de pensión.

El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Cualquier otra circunstancia relevante.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

Diez. El párrafo primero de la medida 1 del artículo 103 del Código Civil quedará redactado como sigue:

Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Artículo segundo. Modificación de la regulación de los derechos del cónyuge viudo en el Código Civil.

El Código Civil se modifica en los siguientes términos:

Uno. Los artículos 834 y 835 quedan redactados de la siguiente forma:

Artículo 834.

El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.

Artículo 835.

Si entre los cónyuges separados hubiera mediado reconciliación notificada al Juzgado que conoció de la separación de conformidad con el artículo 84 de este Código, el sobreviviente conservará sus derechos.

Dos. Se suprime el párrafo 2 del artículo 837.

Tres. Se modifica el artículo 840 que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 840.

Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.

Cuatro. Se modifica el artículo 945, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 945.

No tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo anterior si el cónyuge estuviere separado judicialmente o de hecho.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Fondo de garantía de pensiones.

El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Procesos pendientes de resolución.

1. Los procesos de separación o divorcio iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán sustanciándose durante la instancia conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda.

2. Lo dispuesto en el artículo primero, en cuanto a las causas de separación y divorcio y en cuanto al plazo mínimo para interponer la acción a contar desde la fecha de celebración del matrimonio, será de aplicación a los procesos que estén tramitándose en el momento de su entrada en vigor. A este efecto, se otorgará a las partes un plazo común extraordinario de cinco días para que soliciten el divorcio y aleguen cuanto a su derecho convenga. El Juez resolverá las alegaciones formuladas dentro del tercer día.

3. Si la entrada en vigor de la Ley tuviera lugar durante el plazo para dictar sentencia, lo previsto en el artículo primero, en cuanto a las causas de separación y divorcio y en cuanto al plazo mínimo para interponer la acción a contar desde la fecha de celebración del matrimonio, será de aplicación a la resolución del litigio. En este caso, el Juez, previa suspensión del plazo para dictar sentencia, acordará otorgar a las partes un plazo común extraordinario de cinco días para que soliciten y aleguen cuanto a su derecho convenga.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La regla 2 del artículo 770 queda redactada del siguiente modo:

La reconversión se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla.

Sólo se admitirá la reconvención:

Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.

Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio.

Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.

Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

Dos. Se añade un nuevo párrafo al final de la regla 4 del artículo 770, con la siguiente redacción:

En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.

Tres. Se introduce una nueva regla 7 al artículo 770 con la siguiente redacción:

Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.

Cuatro. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 771 queda redactado del siguiente modo:

2. A la vista de la solicitud, el Tribunal mandará citar a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, en la que se intentará un acuerdo de las partes y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su Procurador.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 775, que queda redactado del siguiente modo:

2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 777, que queda redactado del siguiente modo:

2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.

Siete. Se modifica el apartado 5 del artículo 777, que queda redactado del siguiente modo:

5. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil.

El párrafo 1 del artículo 20 de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del Registro Civil, queda redactado del siguiente modo:

Las de nacimiento, al Registro del domicilio del nacido o de sus representantes legales. En caso de adopción internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.



Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 8 de julio de 2005.

- Juan Carlos R. -



El Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.

Ficha:
Núm. BOE 163
Fecha de publicación 9 de julio de 2005
Órgano Jefatura del Estado
Núm. disposición 15
Fecha de aprobación 8 de julio de 2005
Rango Ley
Materia Derecho Privado (Civil y Mercantil) (Normas Vigentes)
Fecha de entrada en vigor 10 de julio de 2005


Otras Disposiciones a las que hace referencia esta Norma:
La Constitución Española de 1978
Publicación en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Publicación en el BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000
Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
Publicación en el BOE núm. 172, de 20 de julio de 1981
Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.
Publicación en el BOE núm. 151, de 10 de junio de 1957
Código Civil
Publicación en el BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889


**************


EN VIGOR DESDE EL 28 DE ENERO DE 2005
******************************************
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
(B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004)

JUAN CARLOS I.

REY DE ESPAÑA.

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.

II

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas.

Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.

La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.

La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.

Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.

III

La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

En el título preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a su objeto y principios rectores.

En el título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados.

De otro lado, se modifica la acción de cesación o rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio.

En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en su capítulo I, se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de género, en que sean parte, asumiendo una misma dirección letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima.

Se establecen, asimismo, medidas de protección en el ámbito social, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato.

En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las funcionarias públicas que sufran formas de violencia de las que combate esta Ley, modificando los preceptos correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo.

Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la víctima debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prevé su incorporación al programa de acción específico creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor; dichas ayudas serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.

En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se procede a la creación de dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad.

Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar firmeza plasmándolas en tipos penales específicos.

En el título V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares.

Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un fenómeno complejo en el que es necesario intervenir desde distintas perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atención a las víctimas, intervención que sólo es posible a través de una legislación específica.

Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia.

La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuestión una respuesta global y multidisciplinar.

Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer.

En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia.

Respecto de la regulación expresa de las medidas de protección que podrá adoptar el Juez de violencia de género, se ha optado por su inclusión expresa, ya que no están recogidas como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo regula la prohibición de residencia y la de acudir a determinado lugar para los delitos recogidos en el artículo 57 del Código Penal (artículo 544 bis LECrim, introducido por la LO 14/1999).

Además se opta por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad de que cualquiera de estas medidas de protección pueda ser utilizada como medida de seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia, incrementando con ello la lista del artículo 105 del Código Penal (introducido por la LO 11/1999), y posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la finalización del proceso.

Se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. Los Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia de Género, además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación de normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas previstas en el articulado, pero integrándolas directamente en la legislación educativa, publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; asimismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo previsto en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.

En materia de régimen transitorio se extiende la aplicación de la presente Ley a los procedimientos en tramitación en el momento de su entrada en vigor, aunque respetando la competencia judicial de los órganos respectivos.

Por último, la presente Ley incluye en sus disposiciones finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo normativo de sus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.



Artículo 2. Principios rectores.

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.

d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.

e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

i) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.

k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

TÍTULO I

Medidas de sensibilización, prevención y detección

Artículo 3. Planes de sensibilización.

1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja los siguientes elementos:

Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género.

Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural.

Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.

2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género.

3. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.

CAPÍTULO I

En el ámbito educativo

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género.

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.

Artículo 6. Fomento de la igualdad.

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado.

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:

a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.

d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares.

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa.

Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II

En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación

Artículo 10. Publicidad ilícita.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

Artículo 11. El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación.

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer , el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación.

1. Las Administraciones P&
ORDEN PROTECCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DOMÉSTICA****NOVEDAD**

BOE núm.183 Viernes 1 agosto 2003 29881
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Sumario:
• Artículo 1.
• Artículo 2.
• DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
• DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
• DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
Juan Carlos I,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.
La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de género constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos. La situación que originan estas formas de violencia trasciende el ámbito meramente doméstico para convertirse en una lacra que afecta e involucra a toda la ciudadanía. Resulta imprescindible por ello arbitrar nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos, bien articulados técnicamente, que atajen desde el inicio cualquier conducta que en el futuro pueda degenerar en hechos aún más graves. Es necesaria, en suma, una acción integral y coordinada que aúne tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de nuevos actos violentos, como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las víctimas de la violencia doméstica y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad.
Con este propósito, el pasado 22 de octubre de 2002 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó crear en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo una subcomisión con el fin de ... formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género.... Entre las conclusiones más relevantes de esta subcomisión, destaca precisamente la propuesta, respaldada por el Ministerio de Justicia, de creación y regulación de un nuevo instrumento denominado orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica.
Esta iniciativa responde a una inquietud que se ha venido manifestando en diversos documentos e informes de expertos, tanto nacionales (Consejo General del Poder Judicial, Instituto de la Mujer, Fiscalía General del Estado, etc.), como de organismos supranacionales (ONU, Consejo de Europa, instituciones de la UE). Dicha inquietud fue formulada por las Cortes Generales como ... la necesidad de una respuesta integral, la coordinación como prioridad absoluta... en el reciente informe de la ponencia constituida en el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, que han hecho suyo los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado. Con esta ley se viene a dar cumplimiento a este mandato unánime de las Cortes Generales.
II.
La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil. La orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones públicas, estatal, autonómica y local, activen inmediatamente los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. En ello consiste, precisamente, su elemento más innovador.
Con el fin de hacer efectivas las medidas incorporadas a la orden de protección, se ha diseñado un procedimiento especialmente sencillo, accesible a todas las víctimas de la violencia doméstica, de modo que tanto éstas como sus representantes legales o las personas de su entorno familiar más inmediato puedan solicitarla sin formalismos técnicos o costes añadidos. Asimismo, la nueva orden de protección se ha de poder obtener de forma rápida, ya que no habrá una protección real a la víctima si aquélla no es activada con la máxima celeridad. Para ello, continuando en la línea inaugurada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, por la que se regula el procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas, la presente regulación se decanta por atribuir la competencia para adoptar la orden de protección al Juez de Instrucción en funciones de guardia. La decisión judicial deberá sustanciarse de manera menos perturbadora en el seno del proceso penal en curso, sea cual fuere su naturaleza y características. A estos efectos se posibilita que la audiencia judicial del presunto agresor coincida con la comparecencia prevista en el artículo 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando ésta fuere procedente por la gravedad de los hechos o las circunstancias concurrentes, con audiencia prevista en el artículo 798 si se tratase causas tramitadas con arreglo al procedimiento de enjuiciamiento rápido, o con el acto del juicio de faltas, en su caso.
Finalmente, la nueva ley da carta de naturaleza al Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, al que tendrán acceso inmediato todas las órdenes de protección dictadas por cualquier juzgado o tribunal y en el que se anotarán, además, los hechos relevantes a efectos de protección a las víctimas de estos delitos y faltas.
Artículo 1.
Se modifica el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes términos:
Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.
Artículo 2.
Se añade un nuevo artículo 544 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado en los siguientes términos:
1. El juez de instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 153 del Código Penal resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.
2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.
Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.
3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente.
Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
4. Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, en los supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al agresor, asistido, en su caso, de abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.
Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 504 bis 2 cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el título III del libro IV de esta ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible. En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud.
Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en esta audiencia se realice por separado.
Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el juez de instrucción podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis.
5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.
La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública.
6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima.
7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente.
8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.
9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria.
10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.
11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el imputado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la víctima con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, así como al régimen de inscripción y cancelación de sus asientos y el acceso a la información contenida en el mismo, asegurando en todo caso su confidencialidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El seguimiento de la implantación de esta ley se llevará a cabo por una comisión integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de las profesiones jurídicas y de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, así como por una representación de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
Corresponderá a esta comisión la elaboración de protocolos de alcance general para la implantación de la orden de protección regulada en esta ley, así como la adopción de instrumentos adecuados de coordinación que aseguren la efectividad de las medidas de protección y de seguridad adoptadas por los jueces y tribunales y las Administraciones públicas competentes.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Palma de Mallorca, 31 de julio de 2003.

- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno,
José María Aznar López.
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EL EQUIPO DE LEXPRACTICA.
ARTÍCULO DOCTRINAL


BARRERAS JURISPRUDENCIALES A LA PRUEBA ILÍCITA PENAL EN DERECHO NORTEAMERICANO Y ESPAÑOL. DOCTRINAS AFINES.

Inicialmente debemos hacer una premisa con punto de partida en la Política Criminal y Seguridad Pública que puedan acaso servir de sustento doctrinal a este artículo. La política criminal se encuentra en el sentido estricto del concepto de seguridad pública, su importancia radica en ser la guía para el diseño de las estrategias y acciones que se plasman en programas concretos para solucionar la demanda de seguridad en su vertiente estricta. La seguridad pública pese a ser un tema de moda en nuestro mundo contemporáneo, no es algo nuevo; es más, el concepto es pilar en la construcción del Estado. La seguridad no es una frase reducible al evento delictivo, el término seguridad va ligado a una sensación, a una percepción de certidumbre de mantener la vida, la salud, la libertad entre muchos otros valores fundamentales de la sociedad.

Cuando se construye la idea de seguridad debe hallarse ínsito el matiz público cuando el Estado asume el compromiso de otorgarla. Esta protección genérica al ciudadano debe ser consustancial a todos los que verdaderamente sean Estados democráticos y de Derecho del planeta. Si el ciudadano confía en el Estado éste como mínimo debe concederle seguridad, que de algún modo implica bienestar, libertad, ejercicio efectivo de sus derechos, justicia, y felicidad en sentido lato.
Es en ese escenario de la sociedad donde la búsqueda del castigo y de la prevención de los fenómenos antisociales encuentra su razón de ser, y por tal, concentra el término seguridad pública en el ideal de la política criminal con sentido represivo, lo principal es el resguardo del Estado.

El carácter preventivo (administración de riesgo) surge de la consideración del verdadero sentido del derecho penal: Su simbolismo, que precisamente dota de contenido a principios rectores de la materia punitiva como: ultima ratio, subsidiariedad y de la consideración de las consecuencias, entre otros. Esto es relevante, porque define y ubica al derecho punitivo en su contexto real, dejando a la prevención como el elemento inicial para resolver los conflictos sociales, hecho que permite vincular al sentido estricto de la seguridad pública con el amplio; esto es, la interrelación entre políticas sociales y criminales, para dar seguridad a los gobernados.( )

Es evidente que el progreso de los años ha supuesto que la seguridad de los ciudadanos y la política criminal de un Estado puedan estar en colisión con los derechos fundamentales y sus garantías. Si observamos y analizamos la Jurisprudencia penal podemos darnos cuenta que estamos asistiendo a multitud de casos, situaciones y hechos en los que prima la seguridad pública y la protección de los ciudadanos antes que determinadas garantías constitucionales. De hecho se han llegado a creaciones jurisprudenciales que estarían justificando numerosas condenas, en especial, en materia de tráfico de drogas a gran escala y de terrorismo. Puede que se le denomine “derecho penal defensivo” de la sociedad, aún hallándose en entredicho determinados derechos fundamentales. Esta postura restrictiva de los Tribunales entendemos que es común a muchos Estado democráticos, y para el caso del presente situamos en parangón a EEUU. y España. Pero es el país norteamericano donde este criterio jurisprudencial – y legislativo- se ha agudizado tras los trágicos hechos del 11 S.

Trataremos de hacer un “resumido iter comparado” entre los EEUU. y España en el campo de la Jurisprudencia, y en concreto en materia de prueba ilícita, regla de exclusión-exclusionary rule”, doctrina de los frutos del árbol prohibido( en países de habla hispana se utiliza “árbol ponzoñoso”), doctrinas de excepción a la regla de exclusión y situarnos finalmente en una Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico- derecho norteamericano- de fecha 17 de marzo de 2006, que de algún modo recoge la tendencia actual de la Jurisprudencia y derecho de EEUU. y no tan lejana del criterio evolutivo actual de nuestros TC. y TS.

Por otro lado se dice que tradicionalmente nuestra Doctrina ha optado por negar relación alguna entre la garantía procesal- constitucional de inadmisión de pruebas ilícitas que se creó en España y la existente en aquel momento en el modelo norteamericano y que nuestro Alto Tribunal no pretendió en 1984 reproducir el sistema americano.( STC. 114/1984). A la vista de los estudios y análisis de ambos sistemas consideramos que en absoluto es de tal modo, puesto que hasta los términos, expresiones y citas han dado lugar a denominaciones y doctrinas similares por no decir iguales, con las salvedades de la traducción del inglés y las específicas características de cada sistema judicial.

La doctrina americana “frutos del árbol envenenado”( en Puerto Rico -Estado asociado libre de USA- y otros Estados de habla hispana” se conoce como doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso” ). Es sabido que esta doctrina tuvo su aparición en el Derecho Español con ocasión de la STC 114/84, muy conocida y popular desde los años siguientes en nuestro entorno de operadores jurídicos.

Es igualmente célebre que el artículo 11.1. LOPJ.(1985) constituye un reconocimiento legal a teorías directas e indirectas de la prueba ilícita y consecuencia de la Sentencia dicha del Tribunal Constitucional. Pero existen sectores doctrinales que dicen que hasta qué punto ha sido útil su plasmación legislativa, por entender que no se ha dado un tratamiento de práctica judicial adecuado.

El TC prefirió crear una prohibición absoluta como la del artículo 11.1 LOPJ, de rango no constitucional. Al no incluir este mandato en la Constitución, el propio TC no se encuentra vinculado y con el tiempo ha podido ir relativizándolo. El TC tuvo claro ab initio que las pruebas ilícitas directas chocaban frontalmente con el sistema, pero también que una aplicación indiscriminada de la teoría refleja del árbol envenenado acabaría frustrando el ius puniendi del Estado y, de otra forma se hubiera encontrado vinculado el propio Tribunal Constitucional por ese mandato.

En los Estados Unidos la creación de la exclusionary rule o regla de la exclusión de la prueba ilícita tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y hasta nuestros días ha ido evolucionando en la Jurisprudencia de los distintos Tribunales Supremos de los Estados y en especial en el Tribunal Supremo Federal ( U.S Supreme Court ). En esta larga trayectoria ha sido objeto de numerosos “recortes” que chocan y pueden cercenar las diferentes Enmiendas de la Constitución Federal del país Americano.

En el derecho español estamos convencidos se ha producido un afianzamiento de la doctrina norteamericana y durante el periodo de tiempo que oscila entre la STC 114/ 1984 a la STC 81/1998 se observa en la jurisprudencia del TC que se avecina un cambio, manifestado a través de constantes vaivenes y ciertas contradicciones en sus sentencias. La doctrina de la good faith exception está a la vista.

De hecho una de las excepciones a la regla general de exclusión admitidas durante ese lapso de tiempo será la constitutiva de la teoría de la fuente independiente (véase más abajo la Sentencia del TS de Puerto Rico), por la que se admiten pruebas derivadas de la ilícita pero basadas en un nexo o causa independiente de la originaria.

Y si analizamos la revolución doctrinal de esta sentencia de 1998, en consonancia con los indudables recortes garantistas que se aprecian, que instaura la llamada doctrina de la “conexión de antijuricidad”, podemos concluir que ésta puso fin al aluvión de absoluciones y fin de la “endeble doctrina” que produjo la pionera STC.114/1984. Pero consideramos que además del “escollo” que supuso la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1998, lo que se puede deducir es un aviso de un cambio de rumbo doctrinal que debería ir acorde con los sustancial del “ius puniendi del Estado y política criminal, puesto que aún reconociéndose la vulneración directa de un derecho fundamental sustantivo según dicha doctrina constitucional podía quedar “viva” la presunción de inocencia, con lo que la expresada vulneración sólo servía para decorar-maquillar- las sentencia pues se limita a su reconocimiento sin afectar al resultado condenatorio del proceso penal. Dicho de otro modo desde 1998 exactamente lo que ocurre es que pese a el TC. continúa sin admitir la prueba directa ilícita con carácter general se aceptan- la primera vez- las pruebas «indirectamente derivadas» del acto lesivo- pruebas ilícitas en sí - sin necesidad de romper el nexo causal. Es decir, no contraría derecho procesal alguno la prueba lícita de la confesión derivada de la entrada y registro ilícito, si lo que existe es una desconexión de antijuridicidad entre la prueba derivada y la ilícita originaria.

Se comparte el criterio con algunos autores que prima facie como primera conclusión es que se restringe el contenido de la garantía procesal y del artículo 11.1.

Pero hasta llegar a esta nueva línea jurisprudencial —que a la luz de las últimas Sentencias parece no tener visos de cambiar—, son varios los eslabones que ponen de manifiesto la adopción en nuestro derecho de excepciones ya acontecidas en la casuística norteamericana

Por lo que se refiere a la exclusión de las pruebas directas, desde hace algún tiempo, se aprecian síntomas de introducir en España la tendencia proclive a admitir pruebas ilícitas, pero obtenidas con la buena fe de los agentes policiales (doctrina americana de la “ good faith exception”) que, por ejemplo, creen actuar bajo la cobertura de un auto de autorización judicial correctamente motivado. La inadmisibilidad de estas pruebas no generaría el efecto disuasorio pero, por otro lado, este canon de validez justifica, cada vez más, la admisión de pruebas ilícitas, conforme aconteció en 1984 en el caso U.S vs. León o el caso Massachussets vs. Shepard (1984).

En España la confesión voluntaria sin asistencia letrada ha sido admitida en alguna ocasión bajo la argumentación de la ausencia de constancia de fuerza o presión policial, falta de engaño de éstos al mostrar su condición de agentes de la autoridad y la voluntariedad de la confesión (ATC 282/93), admitiendo la prueba originaria como lícita.( )

Con estos antecedentes preparatorios veremos si es que la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 17 marzo de 2006 ( ) -derecho norteamericano- acoge una síntesis y desarrollo doctrinal de lo dicho o en cualquier caso las conclusiones quedarán para que le lector estudioso de este enmarañado tema pueda hacer sus cábalas concretas.


ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA

Como parte de una investigación contra el Sr. G. C. por posibles violaciones a la Ley de Contribución sobre Ingresos, Hacienda emitió un requerimiento de documentos (subpoena duces tecum) a la Cooperativa de Ahorro. El propósito de dicha actuación era obtener ciertos documentos relacionados con las cuentas bancarias del señor G.C. Hacienda emitió el requerimiento sin haber obtenido una orden judicial para ello y sin notificárselo al señor G. C. La Cooperativa entregó los documentos solicitados.
Entre los documentos obtenidos por Hacienda se encontraban varios cheques emitidos a favor del señor G.C. por su antiguo patrono X consecuencia de ello, Hacienda requirió a la empresa mediante subpoena duces tecum( ) copia de los comprobantes de retención de ingresos del señor G.C. correspondientes a los años 1989 a 1996. Dicho requerimiento tampoco contó con una orden judicial que lo autorizara y no fue notificado al señor G.C.
En junio de 1997 se presentaron cargos contra el señor G. C. por infracción a la sección 145 (c) de la Ley de Contribución Sobre Ingresos. Mediante moción al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 234, la defensa solicitó la supresión de la evidencia obtenida mediante los requerimientos de evidencia emitidos por Hacienda. Fundamentó la petición en que, de conformidad con lo resuelto (T.S.P.R) en R.D.T. Construction v. Colón Carlo, 141 D.P.R. 424 (1996), la información había sido obtenida mediante un registro y allanamiento irrazonable en contravención al Artículo II, sección 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. Art. II § 10, ya que no se le notificó al señor G.C. el requerimiento en cuestión.
En el presente caso el ciudadano G. C. solicitó la supresión de unos comprobantes de retención de contribución sobre ingresos por entender que los mismos fueron obtenidos en contravención a la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Alegó, en síntesis, que los referidos comprobantes fueron obtenidos en virtud de cierta información que el Estado obtuvo mediante la realización de un registro ilegal. Invocó que la información en cuestión constituía un fruto del árbol ponzoñoso inadmisible en los tribunales.

El tribunal de instancia suprimió los comprobantes basándose en que G. C. no tenía una expectativa razonable de intimidad sobre ellos. La Fiscalía recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, quien confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia pues entendió que la referida información estaba vinculada con el anterior registro ilegal y, por tanto, era un fruto del árbol ponzoñoso.
El Ministerio Público acudió ante el T. Supremo solicitando la revocación del dictamen emitido por el “foro apelativo”. Dice la Sentencia…”•Luego de examinar detenidamente el asunto, este Tribunal se encuentra igualmente dividido en cuanto a cuál es el curso decisorio correcto en el caso de autos. Por ende, se expide el auto, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para que se continúen los procedimientos”.
Existe un voto particular de un Magistrado del TS.de P. Rico (Opinión Disidente) emitida por el Juez Presidente a la cual se unen dos Juezas Asociadas…”Por entender que, contrario a lo resuelto en la Sentencia emitida por este Tribunal, se le debió proveer al Ministerio Público la oportunidad de acreditar que la evidencia objeto de controversia era admisible conforme a la doctrina de descubrimiento inevitable, disentimos”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. DOCTRINA DE LA SENTENCIA.

A. La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ( ) protege a las personas contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su parte, contiene una disposición análoga en su Art. II, Sec. 10.
Estas cláusulas constitucionales protegen el derecho de intimidad del individuo en tanto le garantiza estar libre de intrusiones gubernamentales irrazonables con su persona, su hogar, sus papeles y otros efectos. Evidencia obtenida en contravención a esta disposición es inadmisible en los tribunales.
Dicha protección sólo se activa cuando los agentes gubernamentales han realizado un “registro” en sentido constitucional. Esto ocurre únicamente cuando la persona que alega la violación alberga una expectativa razonable de intimidad sobre la evidencia registrada. Pueblo v. RDT Construction, supra. Véase también, Katz v. U.S., 389 U.S. 347 (1967). Conforme a esta doctrina, no basta que el individuo subjetivamente albergue una expectativa de intimidad sino que dicha expectativa debe de ser objetivamente aceptada por la sociedad como razonable. Pueblo v. Loubriel Serrano, 2003 T.S.P.R. 2. Véase también, Charles H. Whitebread & Christopher Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts, a la pág. 135 (Foundation Press, 2000).

B. La protección contra registros y allanamientos irrazonables concedida por nuestra constitución es de “factura más ancha” que la otorgada en virtud de la constitución federal. Pueblo v. Valenzuela Morel, 2003 T.S.P.R. 10. Véase también, Ernesto L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83 (1996). Esto responde a que, en la zona del derecho de intimidad, nuestra constitución concede más derechos que su homóloga federal. RDT Construction, supra.

Al respecto, en el pasado hemos concedido mayor protección en las siguientes instancias: (1) registro de vehículo como incidental a un arresto, Pueblo v. Malavé, 120 D.P.R. 470 (1988), (2) registro de la persona como incidental a un arresto, Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976), (3) interceptación de comunicaciones telefónicas, Puerto Rico Telephone Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983), e (4) incautación de documentos privados sometidos a la custodia de instalaciones bancarias, RDT Construction, supra.
Este último caso resulta particularmente pertinente para resolver la controversia que tenemos ante nos. Allí expresamente rechazamos la norma federal de U.S. v. Miller, 425 U.S. 435 (1976) mediante la cual se establecía que una persona que voluntariamente entrega sus documentos a una institución bancaria pierde cualquier expectativa legítima de intimidad sobre ellos. Amparándonos en la factura más ancha de nuestra constitución concluimos, contrario a lo resuelto en Miller, supra, que los clientes de los bancos “tienen una expectativa legítima de que [la institución] no...divulgará [la] información a terceros sin su consentimiento”. RDT Construction, supra, a la pág. 438. Por tal razón, le reconocimos legitimación activa a los depositantes para cuestionar la legalidad de un subpoena duces tecum emitido por la Oficina del Contralor solicitándole al banco la entrega de cierta información sobre sus cuentas privadas.

Resolvimos, por consiguiente, que la persona cuya cuenta se pretende investigar debe ser notificada de la orden de requerimiento de documentos para que tenga la oportunidad de cuestionar la legalidad de la intervención gubernamental. Posteriormente aclaramos que la entidad investigadora puede prescindir de realizar la notificación siempre y cuando haya obtenido una orden judicial para registrar los documentos bancarios en cuestión.

C. En virtud de la doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso, la protección contra registros irrazonables acarrea no sólo la inadmisibilidad de la evidencia ilegalmente ocupada sino también la de cualquier prueba estrechamente vinculada con la intervención ilegal inicial. Véase a Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 173 (1999), a la pág. 189. La doctrina tiene el propósito de asegurar que el efecto disuasivo de la regla de exclusión no sea socavado mediante la admisibilidad de evidencia que es un fruto de una intervención ilegal previa. Whitebread & Slobogin, supra, a la pág. 37.
La referida doctrina puede, incluso, culminar en la exclusión de evidencia que, a pesar de haberse procurado legalmente, está de algún modo vinculada a una previa actuación ilegal del estado. Ello porque lo contrario fomentaría “la violación de la protección contra registros irrazonables (mediante la realización de un arresto ilegal, por ejemplo) con la esperanza de obtener evidencia de otra manera admisible (una confesión subsiguiente [siguiendo los parámetros de Miranda])”. Whitebread & Slobogin, supra, a la pág. 37 (traducción nuestra).
Por otro lado, un fruto es admisible cuando se cumple con los requisitos de cualquiera de las siguientes tres doctrinas: (1) doctrina del vínculo atenuado, (2) doctrina de la fuente independiente, y (3) doctrina del descubrimiento inevitable.
La primera permite que se admita como evidencia aquella prueba cuyo vínculo con la conducta ilegal es tan atenuado que ya no está maculada por la ilegalidad inicial. El ámbito de aplicación de la doctrina del vínculo atenuado depende de tres factores, a saber: (1) el propósito y la intensidad de la conducta ilegal, (2) la “proximidad temporal” entre la conducta ilegal y la obtención del fruto, y (3) la existencia de circunstancias o eventos interventores entre la ilegalidad inicial y la obtención del fruto. Véase a Brown v. Illinois, 422.

La regla de exclusión tampoco es aplicable cuando el Estado demuestra que la evidencia fue obtenida en virtud de una fuente independiente de la intervención ilegal. El propósito de admitir evidencia que cumple con los requisitos de esta doctrina es asegurar que “el ministerio público no sea puesto en peor posición [que en la que estaba previo a la intervención ilegal] sencillamente por razón de una previa actuación estatal ilegal”. Murray v. U.S., 487 U.S. 533 (1988). Cuando la evidencia es obtenida mediante una fuente independiente a la actuación ilegal no hay “mácula” alguna que atenuar y, por tanto, la prueba incautada es admisible ya que, estrictamente, no constituye un fruto del árbol ponzoñoso. Véase a Chiesa, supra, a la pág. 319. Véase también a Whitebread & Slobogin, supra, a la pág. 42.
Los frutos también son admisibles cuando la prueba cuya supresión se solicita inevitablemente hubiese sido descubierta sin tomar en cuenta la información obtenida mediante el registro ilegal. Al igual que la doctrina de fuente independiente, el propósito de la regla de descubrimiento inevitable es evitar poner al estado en peor posición de la que estaba antes de la actuación ilegal. Véase Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984). La doctrina de descubrimiento inevitable constituye una variación de la regla de la fuente independiente. LaFave, Israel & King, II Criminal Procedure, secc. 9.3(e). Se diferencia de ella, no obstante, en cuanto la cuestión central no es si el estado obtuvo la evidencia mediante una fuente independiente sino si inevitablemente la hubiese obtenido a pesar de la previa intervención ilegal. LaFave, et al, Id.. Nix v. Williams, supra.
Para que se admita evidencia conforme a la doctrina de descubrimiento inevitable es necesario que el Estado demuestre que cumplió con los siguientes criterios: (1) que el gobierno estaba realizando una investigación legal que seguramente hubiera producido la misma evidencia que fue obtenida como fruto de la intervención ilegal, (2) que la investigación era conducida por agentes distintos a los que cometieron la ilegalidad, y (3) que la investigación estaba llevándose a cabo con anterioridad a la actuación ilegal. Véase a Whitebread & Slobogin, supra, a la pág. 46. Véase también a U.S. v. Rullo, 748 F. Supp. 36 (1990). Por otro lado, la información también debe ser admitida cuando se logra evidenciar que la evidencia seguramente hubiese sido obtenida posteriormente en virtud de algún procedimiento estandarizado o rutinario. LaFave, supra, secc. 11.4.
Por último, sólo nos queda señalar que la doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso opera de forma distinta dependiendo del tipo de fruto obtenido. Es por ello que el análisis varía según el fruto de la actuación ilegal sea una confesión, una identificación o el descubrimiento de un testigo. Así, usualmente se admite la evidencia cuando el fruto es el descubrimiento de un testigo ya que, como señaló el Tribunal Supremo Federal, “los testigos no son como revólveres o como documentos que permanecen ocultos a la vista hasta que uno rebusca en un sofá o abre un gabinete para almacenar efectos”. U.S. v. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1974), a la pág. 276 (traducción nuestra). Esto se debe a que, en muchas ocasiones, los testigos están disponibles para ser cuestionados en cualquier momento e, inclusive, cooperan voluntariamente con la investigación estatal. La consecuencia de ello es que se torna mucho más fácil probar que los agentes de todas maneras hubiesen advenido en conocimiento de la identidad del referido testigo.
D. El Ministerio Público alega que los comprobantes de retención de contribución sobre ingresos son admisibles toda vez que el señor G. C. no tenía una expectativa razonable de intimidad sobre ellos. Aduce, por lo tanto, que la actuación gubernamental no constituyó un “registro” susceptible de activar la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. No le asiste la razón
Si bien es cierto que, conforme a lo resuelto por nosotros en Pueblo v. Loubriel Serrano, supra, el señor González Cardona no tiene expectativa legítima de intimidad respecto a un formulario W-2 cuando es solicitado por Hacienda, no es menos cierto que el estado obtuvo la información sobre sus ingresos en virtud de que descubrieron la identidad de su patrono mediante el subpoena duces tecum que ilegalmente le cursaron a la Cooperativa. Por ello, el descubrimiento de la identidad del patrono del señor G. C. constituye un fruto del árbol ponzoñoso.
El fruto en este caso es el descubrimiento de la identidad del patrono del señor G. C. Según hemos explicado, cuando el fruto obtenido es la identidad de un testigo generalmente se admite la evidencia en virtud de la doctrina de descubrimiento inevitable.

En fin, es probable que el aparato investigativo del estado hubiese producido dicha información en un período relativamente corto de tiempo.

Concluye la Sentencia ..”Por último, no nos cabe duda de que en el caso de autos el estado cumplió con dos de los tres criterios requeridos para establecer la excepción de descubrimiento inevitable. El primer criterio se satisface ya que, como acabamos de señalar, el gobierno estaba realizando una investigación mediante la cual seguramente hubiesen advenido en conocimiento de la identidad del patrono. De otra forma, el tercer criterio también se cumplió ya que la investigación estatal contra el señor G.C. estaba llevándose a cabo con anterioridad a la actuación ilegal. Sólo nos queda determinar si la referida investigación era conducida por agentes distintos al que ilegalmente le cursó el subpoena duces tecum a la Cooperativa. A pesar de que del expediente surge que la División de Evasiones Contributivas estaba a cargo de investigar el caso, no nos es posible determinar si algún agente distinto al que actuó ilegalmente colaboró con la referida investigación.

Por ende, contrario a lo resuelto en la Sentencia emitida por este Tribunal, devolveríamos el caso al foro de instancia para proveerle al Ministerio Público la oportunidad de establecer que seguramente hubiesen descubierto la identidad del patrono mediante una investigación llevada a cabo por un agente distinto al que emitió el requerimiento ilegalmente.

Respecto del Derecho Español si tenemos en cuenta la doctrina norteamericana de la anterior sentencia, es posible que el hipotético lector del presente pueda obtener conclusiones bastantes claras – no obstante la espinosa materia- pero aún así evaluamos como afirmativamente reflexivo que en nuestro Derecho estamos en similitud con EEUU en estos criterios doctrinales. En efecto desde hace algunos años nuestra Jurisprudencia de los Tribunales Constitucional y Supremo ya vienen aplicando estas doctrinas. A saber, como excepciones a las reglas de excusión de las pruebas ilícitamente obtenidas, es decir que se admiten pruebas ilícitas, podemos mencionar la doctrina del descubrimiento inevitable.( STS. 974/1997), la doctrina de la fuente independiente derivada de la anterior sin ir mas lejos en STC. 81/1998 en la que se aplicó sin duda alguna dicha teoría americana de la independent source – fuente independiente-; igualmente pueden observarse con claridad dicha doctrina en SSTS. 1563/2004 de 24 de enero y 129/2005 de 7 de febrero.

Como antes expusimos, en cuanto a la excepción de la buena fe del infractor- good faith exception- que recordamos, viene a ser la actuación del funcionario que obrando de buena fe conculca derechos fundamentales en la creencia razonable que está obrando de modo lícito y correcto (ejem. Un registro declarado inconstitucional), en EEUU existe cierta consolidación jurisprudencial, citando entre otras, su expansión doctrinal en el caso Massachussets vs. Sheppard en 1984.

En España tal excepción puede llegar a “romper” en determinados supuestos nuestro sistema de garantías constitucionales. Téngase en cuenta que ya existen “precedentes y atisbos” y debe decirse que el Tribunal Constitucional ya ha comenzado a cortejar esta doctrina. De hecho en la interesante STC. 22/2003 hace aparición la doctrina de la good faith exception junto a la conexión de la doctrina de la inevitable discovery.

Posiblemente en los próximos años, en protección de la seguridad pública y quizás por razones de política criminal, contrariando derechos fundamentales la doctrina de la buena fe comenzará a dar sus frutos, y en esta caso precisamente “envenenados”.
Sabadell, 9 de abril de 2008.
José Manuel Alcaide
Abogado
Magíster Derecho U.A.B.


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**PUBLICACIÓN MAYO 2005.SEGUNDO LIBRO SOBRE DERECHO PROCESAL PENAL PRACTICO.JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA Y ACTUAL DE INTERÉS PARA TODOS LOS JURISTAS. EDICIONES JURÍDICAS DIJUSA.MADRID.2005. ES AUTOR JOSÉ MANUEL ALCAIDE, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE ESTA WEB.IMPORTANTE ACEPTACIÓN EN EL MERCADO EDITORIAL ESPECIALIZADO. ADQUIRIDO POR LA MAYORÍA DE BIBLIOTECAS JUDICIALES DE ESPAÑA. DISPONIBLE EN LAS LIBRERIAS JURIDICAS MÁS IMPORTANTES DE INTERNET Y OTRAS CON SEDE FISICA.

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TÍTULO
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GUÍA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PENAL. Jurisprudencia de la Prueba Ilícita o prohibida y conexión de antijuricidad. Formularios.
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Autor: JOSÉ MANUEL ALCAIDE GONZÁLEZ
Abogado. Magíster en Derecho.
Profesor E. Práctica Jurídica Iltre. Colegio de Abogados de Sabadell

SINOPSIS
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Jurisprudencia penal práctica de las distintas Diligencias de Investigación y Medios de Prueba en el Proceso Penal español. Comprende un exhaustivo y riguroso compendio, con algunos comentarios, de la doctrina del Tribunal Constitucional y Supremo sobre: identificación, cacheo y retención, detención, derecho de defensa y asistencia de letrado, declaraciones de los detenidos, imputados y acusados, identificación de los sospechosos, detenidos e imputados, reconocimiento fotográfico y ruedas de sospechosos y detenidos, reconocimiento del cuerpo humano, dictámenes dactiloscópicos, la prueba de impregnación alcohólica, declaraciones de testigos, intervención y observación de las comunicaciones telefónicas, entrada y registro en lugares cerrados, registro de vehículos, intervenciones de la correspondencia postal, grabaciones videográficas, y otras pruebas .

Su eje central en la casi totalidad de los medios de investigación y probatorios, parte del enfoque en torno a la Jurisprudencia de la Prueba [lícita o prohibida y conexión de antijuricidad, su instauración, evolución y consolidación, desde el primer precedente en España: la STC. 114/1984, pasando por la "revolucionaria" STC. 81/1998 hasta los matices y modulaciones actuales tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo.

Contenido de aplicación práctica en el trabajo forense cotidiano, para especialistas, estudiosos de la materia y juristas en general. Puede vislumbrarse en el desarrollo de la obra todos los cambios, contradicciones y controversias doctrinales, tesis mayoritarias, minoritarias, que se aplican en nuestros Tribunales en una materia de trascendencia tan vital y esencial para el jurista como lo es la prueba. Cuenta también con un breve análisis de la doctrina científica y al final una selección unos prácticos y orientativos formularios de las distintas fases y tipos del proceso penal.
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RESUMEN INDICE.
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2.12. INTERVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS………………………….325

• 2.12.1.-Introducción………325
• 2.12.2.-Requisitos…………326
• 2.12.3.-Control Judicial. …331
• 2.12.4.-Validez probatoria de las intervenciones telefónicas…332
12.4.1.-Uso de "escáner" por la Policía Judicial para captar señales de teléfonos móviles. Necesidad de autorización Judicial. STS 8 Febrero 1999…..334
• 2.12.5.-Consejos y advertencias del TEDH al legislador español……………………………………. 336
• 2.12.6.-Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva -resolución fundada en Derecho- intervención telefónica proporcionada, motivada y controlada. STC. 82/2002………………………339
• 2.12.7.-Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia. Intervención telefónica autorizada mediante Auto no incorporado a las actuaciones judiciales. Prueba de cargo ilícita. STC. 205/2002……………………………………….344
• 2.12.8.-El Tribunal de Derechos Humanos. Sentencia de 18 de febrero de 2003, Prado Bugallo c. España, ha vuelto a declarar la vulneración del Art. 8 C.E.D.H. El actual Art. 579 LECRm no cumple con las exigencias requeridas por dicho precepto relativas a la previsión legal de la injerencia. Pruebas ilícitas. Existe autonomía jurídica y legitimidad constitucional de la valoración de la prueba de confesión. STC 184/2003. …….346
• 2.12.9.-Intervenciones telefónicas. SS. TEDH de de 18 de febrero de 2003, Intervenciones telefónicas.- Prado Bugallo c. España. El Tribunal Europeo es consciente de los progresos de la nueva ley (el antiguo artículo 579 LECRm ni siquiera citaba la palabra “escuchas”) y de que las lagunas todavía existentes se han paliado con la jurisprudencia, fundamentalmente del Tribunal Supremo, (Memoria de 2003- TC. sobre -S. TEDH de 18 de febrero de 2003)……………………………….360
• 2.12.10.-Secreto de las comunicaciones, intervenciones telefónicas y conexión de antijuricidad. STS. 12 de noviembre de 2003……………………………………………………….362
• 2.12.11.-Doctrina de los Tribunales: Constitucional, Supremo y Europeo de Derechos Humanos sobre el Derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. Exigencias básicas relativas al control judicial de las intervenciones telefónicas. STS 2 de noviembre de 2004…………………………..366

2.13. ENTRADA Y REGISTRO EN LUGARES CERRADOS………….370

• 2.13.1.-Aspectos generales………… 370
• 2.13.2.-El Art.18.2 CE…………………… 371
• 2.13.3.-Concepto jurídico de domicilio….. 372
• 2.13.4.-Criterios negativos y positivos del concepto domicilio según la Jurisprudencia…………………………..372
• 2.13.5.-Modos de Entrada: Voluntaria, necesaria, legal y situaciones excepcionales………………………… 373
• 2.13.6.-Premisas previas habilitantes para la entrada y registro…………377
• 2.13.7.-Jurisprudencia sobre la práctica de la entrada y registro…………………………………………………….383
2.13.7.1.-Habitación de Hotel e inviolabilidad de domicilio. STS 15 Febrero 1995…………….384
2.13.7.2.-Prueba obtenida ilegalmente. Entrada en habitación de hotel. STS 2 Octubre 1995………385
2.13.7.3.-Pruebas obtenidas ilegalmente. Inexistencia de delito flagrante. STS 4 Marzo 1997………………………….387
2.13.7.4.-Diligencia de entrada y registro sin Auto judicial autorizante. Inexistencia de delito flagrante. STS 13 Febrero 1997…………….390
2.13.7.5.-Derecho a la intimidad. El trastero no tiene la protección constitucional de domicilio. STS 4 Marzo 1997………………………….391
2.13.7.6.-Inexistencia de Prueba. Entrada sin autorización judicial. Prueba obtenida ilegalmente. STS 14 Abril1997…………………….392
2.13.7.7.-Inviolabilidad de domicilio y consentimiento para la entrada de su titular. STS 24 Abril 1997…………………………………393
......
......
2.14. REGISTRO DE VEHÍCULOS. DEPARTAMENTOS Y LITERAS TRENES. DIVERSOS OBJETOS CERRADOS……………….409

2.15. INTERVENCIONES DE LA CORRESPONDENCIA POSTAL……426
• 2.15.1.-Avances jurisprudenciales en el desarrollo del Art.18 la CE. Antes y después de la STS.25 de Junio de 1993……... 426
• 2.15.2.-Unificación doctrina. Identidad garantías. Paquetes Postales y Correspondencia……………………………427
• 2.15.3.-Ilicitud de pruebas en algunos supuestos........429
• 2.15.4.-Supuestos especiales de envíos postales. Vulneración de derechos fundamentales al abrirse un paquete postal en aeropuerto sin mandamiento judicial. STS 23 Diciembre 1994..... ……………………………………………………………………..430
• 2.15.5.-Las bolsas de viaje no son objeto de protección del Art. 18.3 CE. STS 28 Diciembre 1994................433
• 2.15.6.-Derecho a la intimidad personal. Vulneración. Carta que contiene cocaína abierta por error. STS 10 Febrero 1995.. 433
• 2.15.7.-Apertura de paquete postal nula por ausencia del interesado. STS 23 Mayo 1996……………………………… 434
• 2.15.8.-Los paquetes postales deben considerarse como correspondencia. Vulneración del secreto a las comunicaciones. STS 14 Noviembre 1996……………………437
• 2.15.9.-Paquete postal con rotura por la que salía droga. Nulidad de la prueba al abrirse sin la presencia judicial. STS.2.Junio.1997……………………………………………438
• 2.15.10.-Punción de paquete postal para conocer su contenido. No es apertura. No existe vulneración del secreto a las comunicaciones. STS 23 Julio 1998………………….439
• 2.15.11.-Paquete postal de "entrega controlada", abierto fuera de España por autoridades extranjeras. Prueba prohibida. STS.13.Octubre.1998…………………………………………440

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CAPÍTULO TERCERO. JURISPRUDENCIA PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA ILÍCITA O PROHIBIDA Y CONEXIÓN DE ANTIJURICIDAD………………… 493


3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL……..493

• 3.1.1.-STC.114/1984.Primera Sentencia del TC.,sobre la prueba ilícita. Precedente constitucional del Art.11.1.LOPJ…….493

• 3.1.2.-STC.85/1994.Escuchas telefónicas. Motivación......495
• 3.1.3.-STC.181/1995. Secreto comunicaciones. Intervención telefónica. Presunción de Inocencia. Art.11.1 LOPJ....499
• 3.1.4.-STC.49/1996. Vulneración del secreto a las comunicaciones. Presunción de Inocencia……………….501
• 3.1.5.-STC.81/1998.-Nuevo criterio doctrinal sobre la Prueba Prohibida. DESCONEXIÓN DE ANTIJURICIDAD. INNOVACIÓN y “REVOLUCIÓN” DOCTRINAL. …………………503
• 3.1.6.-121/1998.-Intervenciones telefónicas. Pruebas de cargo válidas y sin conexión con otras ilícitas……………508
• 3.1.7.-STC.151/1998. Vulneración secreto comunicaciones Telefónicas. Prohibición de valoración……………..511
• 3.1.8. STC.161/ 1999. Ilicitud Auto Entrada y Registro. Prueba jurídicamente independiente. Declaración del acusado admitiendo hechos. Inexistencia de Conexión de antijuricidad………… 513
• 3.1.9.- STC. 94/1999. Ilicitud constitucional de Entrada y Registro. No valoración prueba de cargo del Acta ni declaración de los agentes que practicaron el registro. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y de la presunción de inocencia………………………….515
• 3.1.10.- STC. 49/1999. Prueba Ilícita. Comunicaciones telefónicas. Falta de control Judicial grabaciones cintas. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. Inexistencia de otras pruebas de cargo válidas e independientes…………………………….519
• 3.1.11.-STC. 8/2000.- Vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio. Hallazgo de paquete con droga que accede al proceso mediante declaraciones. No existe conexión de antijuricidad…………………………….527
• 3.1.12.-Auto TC. 39/2000. Irregularidades procesales en control judicial de las escuchas telefónicas. Inexistencia de vulneración del secreto a las comunicaciones. Pruebas de cargo formuladas por un testigo. No existe conexión de antijuricidad………………………..534
• 3.1.13.-STC 299/2000. Ausencia de motivación constitucionalmente exigible. Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Falta de control judicial. Existe conexión de antijuricidad. Vulneración de la presunción de inocencia……………………………………..536
• 3.1.14.-STC 136/2000. Entrada y registro. Vulneración el derecho del recurrente a la inviolabilidad del domicilio. Prueba independiente: declaración del acusado. No existe conexión de antijuricidad……………………………….546
• 3.1.15.-STC 50/2000.- Nulidad de la escuchas telefónicas. Efecto indirecto del artículo 11.1. LOPJ. Acerbo probatorio indiciario que trae causa de prueba ilícitamente obtenida. Contaminación de pruebas posteriores. Subsiste la presunción de inocencia……………………………………552
• ....
............
• 3.1.20.-STC.202/2001. Retroacción de las actuaciones al momento anterior a la formulación de la pretensión acusatoria y de la proposición de prueba para que si, aun excluida la obtenida a raíz de las escuchas inicialmente cubiertas por los autos anulados, con la restante se mantuviera la acusación.. 570
• 3.1.21.-STC 28/2002. Contaminación de las pruebas conectadas con una prueba declarada nula por violación de un derecho fundamental. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. No determinación por el TC. de la vulneración de la presunción de inocencia. Retroacción de las actuaciones, para que el órgano judicial fundamente el juicio de conexión o desconexión………………………………………….. 572
• 3.1.22.-STC 70/2002. Supuesta carta abierta por la policía. No existe vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones ni a la intimidad personal……………….577
• 3.1.23.-STC. 167/2002. El derecho a una audiencia pública en segunda instancia. Doctrina del TC y del tribunal Europeo de Derechos Humanos. Utilización como incriminatorias pruebas que derivan directa o indirectamente de la intervención telefónica practicada con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. La nulidad viene determinada por lo dispuesto en el Art. 11.1 L.O.P.J………………588

3. 2. TRIBUNAL SUPREMO…………………… 604..
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TOTAL PÁGINAS: 775

PUBLICADO POR EDICIONES JURIDICAS SL. MADRID.ABRIL.2005.www.dijusa.es.

DIJUSA-EDITOR, DISTRIBUIDOR Y LIBRERO
DIJUSA (Distribuidora Jurídica Española, S.A.) se constutuyó en 1975 por Don Pedro Lop Casión. Con anterioridad y durante más de 10 años DIJUSA figuraba con otro nombre comercial, siempre relacionado con el libro jurídico.
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EN FECHAS RECIENTES, HA SIDO SELECCIONADO POR LA EDITORIAL Y PORTAL JURIDICO PROFESIONAL DATADIAR.COM PARA SER PUBLICADO EN SU WEB PENAL, Y POSIBLEMENTE TAMBIÉN EN VERSIÓN PAPEL EL ARTÍCULO TITULADO.... “EL LABERINTO DOCTRINAL DE LA PRUEBA PROHIBIDA PENAL EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA” . ES AUTOR JOSÉ MANUEL ALCAIDE GONZÁLEZ , Y SEGÚN LAS BASES DEL CONCURSO, AL MISMO TIEMPO PARTICIPA Y OPTA AL PREMIO NACIONAL 2004 DE ARTÍCULOS DOCTRINALES SOBRE DERECHO PENAL. SERÁ FALLADO POR EL JURADO - COMPUESTO EN SU MAYORIA POR MAGISTRADOS, FISCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y CATEDRÁTICOS DE DERECHO PENAL- DE DICHO CERTAMEN EN MADRID SOBRE FINALES DE MAYO DE 2005.
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LEXPRACTICA.19.FEBRERO.2005
imagen
SECCIÓN JURISPRUDENCIA PENAL PRACTICA

TRIBUNAL SUPREMO-ESPAÑA-
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2-Marzo-2005
Sala: Sala II de lo Penal, Sección 1
Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA Sentencia: 277 / 2005
Recurso: 175 / 2004
Rollo: 175 / 2004
EXTRACTO
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Tráfico de droga y tenencia ilícita de armas. Se sostiene nulidad de las actuaciones por haber sido obtenidas las pruebas de forma ilícita. El derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas no es absoluto. Doctrina constitucional. Exigencias materiales que deberían constar en la ley. No ha existido infracción. Debe estar relacionada con la investigación de un delito concreto. Existencia de resolución judicial. Control judicial. Diligencia de entrada y registro domiciliario. Entrega de las armas antes de iniciarse el registro pero esta acción no puede entenderse como una confesión para la apreciación de atenuante del art. 21.4 Cp. ya que ya se le había entregado la autorización judicial.
Penal: Procedimientos Judiciales: Averiguación e Investigación del Delito: Intervención de las Comunicaciones: Autorización, Control Judicial y Prórrogas
Penal: Procedimientos Judiciales: Principios Procesales: Secreto de las Comunicaciones



FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Recurso de S.

PRIMERO.- Bajo una invocación genérica a los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al principio de legalidad, con mención expresa de los artículos 18.3; 9.3; 24.1 y 24.2 de la Constitución, plantea varias cuestiones que examinaremos separadamente.

En primer lugar se refiere a la nulidad radical de las actuaciones policiales desde el inicio del proceso. Concretamente entiende que ha sido vulnerado el artículo 18.3 CE con los efectos establecidos en el artículo 11.1, 238 y 240 de la LOPJ, por arrancar todas las investigaciones de pruebas obtenidas de forma ilícita. Recuerda que las actuaciones se inician en otro proceso, de forma que la solicitud inicial para intervenir su teléfono no consta en las actuaciones. Que no se decreta el secreto del sumario, sin que se comunique al afectado la adopción de la medida. Que las prórrogas se acuerdan sin suficiente justificación. Que no se notifican al Ministerio Fiscal. Que los autos son meros formularios. Que los soportes no se entregan hasta el 24 de julio. Que el artículo 579 LECrim no es norma de cobertura adecuada.

Hemos de reproducir aquí la doctrina ya establecida en otras resoluciones.

Como hemos dicho en numerosas sentencias, entre otras en la STS nº 75/2003, de 23 de enero, el secreto de las comunicaciones telefónicas constituye un derecho fundamental que la Constitución garantiza en el artículo 18.3.º. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, se refieren al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y en la correspondencia, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, dispone en el artículo 8.1 que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia", nociones que incluyen el secreto de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada doctrina jurisprudencial del TEDH. Añade el Convenio Europeo, en el artículo 8.2, que "no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho (respeto a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia) sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

Como se desprende de este precepto, y así es generalmente admitido, este derecho no tiene carácter absoluto, pues puede estar sujeto a limitaciones y restricciones, que deben estar previstas por la ley en función de intereses que puedan ser considerados prevalentes según los criterios propios de un Estado democrático de derecho. Para que tales restricciones puedan hacerse efectivas, es preciso que, partiendo de la necesaria habilitación legal, existan datos que en cada caso concreto pongan de manifiesto que la medida restrictiva del derecho es proporcional al fin pretendido, que este fin es legítimo y que es necesaria en función de las circunstancias de la investigación y del hecho investigado. Ello implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, y sobre la necesidad de la medida.

En nuestro derecho, la previsión legal, apoyada en el artículo 18.3 de la Constitución ("salvo resolución judicial"), está contenida en el artículo 579 de la LECrim. El TEDH ha considerado insuficiente tal previsión y, por esta causa, en alguna ocasión ha condenado a España por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. En este sentido afirmó en la STEDH de 18 de febrero de 2003, Caso Prado Bugallo contra España que "el Tribunal considera que las garantías introducidas por la Ley de 1988 no responden a todas las condiciones exigidas por la jurisprudencia del Tribunal, especialmente en las sentencias Kruslin contra Francia y Huvig contra Francia, para evitar abusos. Lo mismo ocurre con la naturaleza de las infracciones que pueden dar lugar a las escuchas, con la fijación de un límite a la duración de la ejecución de la medida, y con las condiciones de establecimiento de las actas de síntesis que consignan las conversaciones intervenidas, tarea que se deja a la competencia exclusiva del Secretario Judicial. Estas insuficiencias se refieren igualmente a las precauciones que hay que tomar para comunicar intactas y completas las grabaciones realizadas, para su control eventual por el Juez y por la defensa. La Ley no contiene ninguna disposición a este respecto". Además, como se recuerda en la STC nº 184/2003, de 23 de octubre, el TEDH, "en particular, poniendo en conexión la protección que el art. 8 CEDH brinda a los comunicantes con el requisito relativo a la necesaria previsión legal de la injerencia, ha declarado la vulneración de este derecho por ausencia de previsión legal si la legislación «no regula de forma detallada el caso de los interlocutores escuchados "por azar", en calidad de "partícipes necesarios" de una conversación telefónica registrada por las autoridades en aplicación de sus disposiciones» (STEDH de 16 de febrero de 2000, caso Amann c. Suiza, § 61)". Sin duda, estas apreciaciones demuestran que es necesario que el legislador español proceda a la aprobación de una regulación adecuada de las intervenciones telefónicas en nuestro derecho.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha entendido que, si en la práctica de las intervenciones telefónicas en el caso concreto se han respetado las exigencias materiales que deberían constar en la ley, no puede decirse que se haya producido una vulneración real del derecho del afectado al secreto de sus comunicaciones telefónicas, (STC 49/1999), pues los aspectos esenciales de su derecho habrán permanecido incólumes. Lo cual incide sobre la importancia que tiene el contenido material de la resolución judicial en la validez de una intervención telefónica insuficientemente regulada legalmente en la actualidad.

La decisión sobre la restricción de este derecho, con la excepción, temporal y materialmente limitada, prevista en el artículo 579.4 de la LECrim, se deja en manos exclusivamente del poder judicial, concretamente, en el Juez de instrucción, a quien corresponde la ponderación de los intereses en juego, mediante un juicio acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida, el cual deberá desprenderse de una resolución judicial motivada, adoptada en el ámbito de un proceso penal.

En el momento de adoptar su decisión, el Juez ha de atender a varios aspectos. En primer lugar, a la proporcionalidad, en el sentido de que ha de tratarse de la investigación de un delito grave. Para valorar la gravedad no solo se debe atender a la previsión legal de una pena privativa de libertad grave, sino además debe valorarse la trascendencia social del delito que se trata de investigar.

En segundo lugar, a la especialidad, en tanto que la intervención debe estar relacionada con la investigación de un delito concreto, sin que sean lícitas las observaciones encaminadas a una prospección sobre la conducta de una persona en general. En este aspecto debe delimitarse objetivamente la medida mediante la precisión del hecho que se está investigando, y subjetivamente mediante la suficiente identificación del sospechoso, vinculando con él las líneas telefónicas que se pretende intervenir. Para ello es preciso que el Juez cuente con indicios suficientes de la comisión del delito y de la participación del investigado.

Y, en tercer lugar, a la necesidad, excepcionalidad e idoneidad de la medida, ya que solo debe acordarse cuando, desde una perspectiva razonable, no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado e igualmente útiles para la investigación.

A estos efectos deben constar directamente en la resolución judicial, o al menos por remisión expresa al oficio policial cuando la actuación se deba a una solicitud de esos agentes, los datos fácticos en los que el Juez apoya su valoración acerca de aquellos aspectos, y si es necesario en función del caso, una valoración explícita de la situación, pues es de esta forma como el Juez da mínima satisfacción a la razones que han aconsejado establecer en nuestro sistema su intervención. Por el contrario, no resulta tolerable una autorización mecánica ante la solicitud policial, por lo que en la resolución debe constar de alguna forma que el Juez ha controlado los anteriores aspectos.

Igualmente, debe precisarse en la resolución judicial el plazo de duración inicial, y los momentos y la forma en que el Juez debe ser informado del estado y resultados de la investigación (STC nº 184/2003, de 23 de octubre), lo que debe incluir en algún momento la aportación de las cintas originales, pues aquellos aspectos en definitiva se orientan a hacer efectivo el control judicial sobre la medida, y pueden y deben variar en función de la valoración de la consistencia de los indicios iniciales aportados, la cual puede aconsejar un mayor o menor plazo en la frecuencia de la información policial al Juez.

Estos aspectos afectan a la constitucionalidad de la injerencia en la medida en que, en materia de intervenciones telefónicas, el control judicial se integra en el contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones. Pues la exigencia de la efectividad de este control implica que el Juez debe conocer y supervisar el desarrollo de la ejecución, y esto supone que al acordar su práctica debe establecer las condiciones precisas para que la información que reciba sea real y suficiente a su fin. En este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que la falta de control se produce y puede dar lugar a la lesión del derecho "si no se fijan períodos para dar cuenta al Juez de los resultados de la intervención (STC 82/2002, de 22 de abril, F. 6) o si, por otras razones, el Juez no efectúa un seguimiento de las vicisitudes del desarrollo y del cese de la intervención o no conoce los resultados de la investigación (SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, F. 3; 202/2001, de 15 de octubre, F. 7)", (STC nº 205/2002, de 11 noviembre).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en otras sentencias como la STC nº 167/2002 (Pleno), de 18 septiembre, o la STC núm. 184/2003 (Pleno), de 23 octubre. En esta última se dice que "...si bien el control judicial de la ejecución de la medida se integra en el contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones (por todas SSTC 49/1996, de 26 de marzo, F. 3; 121/1998, de 15 de junio, F. 5), para considerar cumplido el requisito de que las intervenciones se ejecuten bajo control y supervisión judicial es suficiente con señalar que los Autos de autorización y prórroga fijaban términos y requerían de la fuerza policial ejecutante dar cuenta al Juzgado del resultado de las intervenciones, así como que el órgano judicial efectuó un seguimiento de las mismas". Pues, en definitiva es al Juez y no a la Policía a quien corresponde decidir la injerencia y los términos en que se realiza.

SEGUNDO.- Así pues, todo lo anterior debe resultar de la decisión judicial que, al menos, debe contener, en la forma que luego se dirá, los datos fácticos necesarios para poner de manifiesto que el Juez ha realizado la valoración exigida, la cual debe desprenderse del contenido de su resolución, de modo que, de un lado, su decisión pueda ser comprendida y, de otro, que sea posible efectuar un control adecuado y suficiente sobre la misma por la vía del recurso.

Esta exigencia de motivación conecta la cuestión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una resolución suficientemente fundada, de tal modo que, teniendo en cuenta las características del caso concreto, puedan conocerse las razones del acuerdo adoptado por el órgano jurisdiccional. El artículo 120.3 de la Constitución impone contundentemente la motivación de las resoluciones judiciales, lo cual ha sido especialmente recordado por el Tribunal Constitucional y por esta misma Sala cuando se trata de decisiones que suponen una restricción de derechos fundamentales, ya que en estos casos, es exigible una resolución judicial que no solo colme el deber general de motivación que es inherente a la tutela judicial efectiva, sino que además se extienda a la justificación de su legitimidad constitucional, ponderando las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de dicha decisión (STC 29/2001, de 29 de enero y STC 138/2002, de 3 de junio). "La restricción del ejercicio de un derecho fundamental", se ha dicho, "necesita encontrar una causa específica, y el hecho o la razón que la justifique debe explicitarse para hacer cognoscibles los motivos por los cuales el derecho se sacrificó. Por ello la motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del fundamento de Derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho (STC 52/1995)". (STC de 17 de febrero de 2000). De ahí que pueda afirmarse que si los órganos judiciales no motivan dichas resoluciones judiciales, infringen ya, por esta sola causa, los derechos fundamentales afectados (SSTC 26/1891, 27/1989, 37/1989, 8/1990, 160/1991, 3/19192, 28/1993, 12/19194, 13/19194, 160/1994, 50/1995, 86/1995, 128/1995, 181/1995, 34/1996, 62/1996, 158/1996 o 170/1996). Todo ello debe ponerse en relación con la naturaleza y características del derecho fundamental afectado y con las circunstancias en las que se produce su invasión, por lo cual no supone la necesidad de una determinada extensión, estilo o profundidad en la fundamentación o la precisión de razonar de una concreta manera, siendo suficiente, en general, con que puedan conocerse los motivos de la decisión, lo que permite comprender las razones del sacrificio del derecho fundamental tanto al directamente afectado como a los demás ciudadanos, y, en su caso, controlar la corrección de la decisión judicial por vía de recurso. Es cierto que el interesado no puede controlar la legalidad de la medida durante su ejecución pues lógicamente desconocerá su existencia, pero el contenido de la motivación le permitirá impugnarla con posterioridad y cuestionar así la legitimidad de la actividad probatoria desarrollada, lo cual podrá ser trascendente en orden a la vigencia de su presunción de inocencia.

Por ello, se ha dicho, una motivación escueta puede ser suficiente si permite el cumplimiento de estos fines.

Concretamente en orden a la debida motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intromisión en los derechos constitucionales que protegen la intimidad y el secreto de las comunicaciones y también respecto de la inviolabilidad del domicilio, tiene declarado el Tribunal Constitucional, como son exponentes las sentencias de 27 de septiembre de 1999 y 17 de enero de 2000, que la resolución puede estar motivada si, integrada con la solicitud a la que se remite, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias de ponderación de la restricción de derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (SSTC 200/1997, de 24 de noviembre, 49/1999, 139/1999, 166/1999, 171/1999). De manera que el Auto que autoriza el registro, integrado con la solicitud policial, puede configurar una resolución ponderada e individualizada al caso. Como se recuerda en la STC 167/2002, de 18 de setiembre, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, ésta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva.

Lo cual, desde luego, no supone que el Juez delegue en la Policía la valoración de esos datos en relación con la pertinencia de la medida, pues es precisamente esa valoración acerca de la verosimilitud de lo comunicado y de la necesidad de restringir un derecho fundamental individual, lo que explica la necesidad de su presencia.

Así pues, la motivación en cuanto a los hechos que justifican la adopción de la medida, debe contemplar la individualidad de cada supuesto en particular, y puede hacerlo remitiéndose a los aspectos fácticos contenidos en el oficio policial en el que se solicita su adopción. No se trata desde luego de una práctica recomendable, a pesar de la frecuencia con la que se recurre a ella, pero no determina por sí misma la nulidad de lo actuado.

Es preciso, por tanto, que consten los indicios que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta como apoyo para considerar razonable y fundada la sospecha acerca de la comisión de un delito y de la participación en él del sospechoso. En este sentido, no es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de criminalidad, propios de la adopción del procesamiento. Es de tener en cuenta, como recuerda la STS de 25 de octubre de 2002, que en el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada (STS 1240/1998, de 27 noviembre, y STS 1018/1999, de 30 setiembre), por lo que únicamente pueden conocerse unos iniciales elementos indiciarios. Pero sin duda han de ser superadas las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición de la existencia de un delito o de la intervención en él de una determinada persona, pues en ese caso la invasión de la esfera de intimidad protegida por un derecho fundamental dependería exclusivamente del deseo del investigador, sin exigencia de justificación objetiva de ninguna clase, lo que no es tolerable en un sistema de derechos y libertades efectivos.

Tales indicios, despojados de la retórica que en algún caso pueda acompañar su presentación, han de ser entendidos, pues, como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con el mismo la persona que va a resultar directamente afectada por la medida. Han de ser objetivos "en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona" (STC 184/2003, de 23 de octubre). Y su contenido ha de ser de tal naturaleza que "permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 -caso Klass- y de 15 de junio de 1992 -caso Ludí-) o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim, en «indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa» (art. 579.1 LECrim) o «indicios de responsabilidad criminal» (art. 579.3 LECrim) (SSTC 49/1999, de 5 de abril, F. 8; 166/1999, de 27 de septiembre , F. 8; 171/1999, de 27 de septiembre, F. 8; 299/2000, de 11 de diciembre, F. 4; 14/2001, de 29 de enero, F. 5; 138/2001, de 18 de junio, F. 3; 202/2001, de 15 de octubre, F. 4)". (STC 167/2002, de 18 de setiembre). En definitiva, no cabe la menor duda que en la lucha contra la criminalidad organizada puede ser de gran utilidad el empleo de técnicas de investigación que incluyen la adopción de medidas que restringen los derechos fundamentales del investigado. El Estado democrático de Derecho puede exigir en ocasiones sacrificios orientados a la persecución de las conductas que atentan contra sus valores esenciales, y así se reconoce en el artículo 8.2 del Convenio Europeo para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Pero tampoco debe haber duda alguna de que para acordar tales medidas que restringen derechos fundamentales individuales es necesaria una previa y suficiente justificación. Es precisamente por ello, para verificar la suficiencia de la justificación, por lo que la Constitución exige la intervención de un Juez, ("salvo resolución judicial", artículo 18.3 CE), que se caracteriza por ser independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley; que en ejercicio de un poder del Estado puede restringir derechos fundamentales de cualquier ciudadano, y cuyas decisiones, por propio imperativo constitucional, han de ser motivadas, pues el ejercicio de un Poder del Estado que restringe derechos fundamentales individuales requiere ineludiblemente de la posibilidad de un control efectivo.

Es necesario, por tanto, como antecedente lógico e imprescindible de la motivación de su decisión, que el Juez cuente con datos fácticos que le permitan considerar apoyada en hechos objetivos, y por ello razonablemente fundada, la sospecha policial de que se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer un hecho delictivo; que el sospechoso tiene en él alguna intervención; que el delito es de suficiente gravedad como para justificar la restricción de un derecho fundamental; y que no existen otros medios menos gravosos para proseguir la investigación de forma eficaz.

Cuando la decisión judicial ha de basarse exclusivamente en la solicitud policial, tales datos deben figurar en la misma, constituyendo su base y justificación; y asimismo deben aparecer en la resolución judicial. Aun en los casos en que se remita a aquella, habrá de hacerlo de tal forma que quede de manifiesto que el Juez ha aceptado provisionalmente la existencia de los indicios alegados y que ha procedido a su valoración en el ámbito de la proporcionalidad y necesidad de la medida, de modo que al menos consten los elementos que permitan la comprobación posterior de su concurrencia. Es decir, que de alguna forma debe constar en la resolución judicial que el Juez ha realizado una valoración de la situación y de los intereses en conflicto.

Como ya hemos advertido, es frecuente, aunque no deseable, que la base fáctica de las resoluciones judiciales en esta materia haya de buscarse en el oficio policial que solicita la intervención telefónica más que en el cuerpo de la propia resolución judicial, que es donde debería aparecer. Ello por sí mismo no da lugar a la nulidad de la resolución, pero hemos de aclarar una vez más que la remisión a la previa solicitud policial no puede extenderse más allá de los meros hechos objetivos que contenga, respecto de los cuales es posible que el Juez nada pueda añadir a lo que expone la Policía, pero nunca puede referirse a la expresión de las razones que, sobre la base de esos datos, puedan justificar la intervención que se solicita, pues ese aspecto valorativo afecta a la comprobación de la proporcionalidad y necesidad de la medida lo cual es competencia del órgano jurisdiccional de manera exclusiva y excluyente.

TERCERO.- Es cierto, como señala el recurrente, y así se recoge en la sentencia impugnada, que las investigaciones en las que se acordó la intervención de su teléfono se inician y desarrollan al principio en otro proceso, aunque tramitado en el mismo Juzgado de instrucción. Es por eso, que hemos de considerar que la información que la Policía resalta en su solicitud de incoación de causa independiente, que da origen a estas actuaciones, y de prórroga de aquella intervención, y que se refiere al resultado de las anteriores intervenciones telefónicas, es suficiente en cuanto que apoyo fáctico de la resolución judicial. Por otra parte, su comunicación al Juez mediante el informe policial, es adecuada y bastante, ya que estaba en otra causa pero a disposición del mismo Juez, que por lo tanto debía conocerla con anterioridad a adoptar su resolución sobre lo que la Policía le solicitaba, pues tenía todos los datos a su disposición. Si el recurrente tenía algunas dudas al respecto, pudo solicitar, en su momento, los testimonios oportunos, lo cual no consta que haya hecho.

Por otra parte, aun cuando es cierto que en algún oficio policial se hace referencia a que el teléfono del recurrente está intervenido desde el día 20 de mayo, cuando la primera autorización judicial que consta es del día 26, no parece que tal afirmación se deba a otra cosa que a un error en la trascripción de la fecha, pues no aparecen en la causa trascripciones de conversaciones anteriores al citado día 26 de mayo, fecha en la que el Juez acordó la intervención de la línea telefónica del recurrente.

En cuanto a la fundamentación de los autos que acuerdan las prórrogas y a la justificación material de éstas, el examen de la causa permite comprobar que los oficios policiales en los que aquellas se solicitan contienen amplia información acerca del estado de la investigación, de forma que el Juez dispuso de elementos suficientes para acceder a lo que se le solicitaba. En este sentido carece de trascendencia que los soportes originales no fueran entregados al Juzgado con anterioridad a esos momentos, pues lo exigible es que el Juez disponga de información suficiente. Por otro lado, aunque no sea una práctica correcta, no es causa de nulidad la omisión, en la resolución judicial, de los datos fácticos que sustentan la decisión, siempre que se desprendan de la solicitud policial a la que dicha resolución se remite como antecedente.

Tampoco causa la nulidad el que se haya omitido la declaración de secreto de las actuaciones o de la notificación de su existencia. Es cierto que la ley impone la comunicación al imputado de la existencia del procedimiento desde que se admite a trámite la denuncia, en estos casos, integrada por el oficio policial. También lo es que solo se puede prescindir de tal notificación cuando se ha acordado el secreto de las actuaciones. Sin embargo, la propia naturaleza de la medida de restricción del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas implica la necesidad de ocultar su existencia al afectado, por razones obvias. Siendo así, la omisión de un auto declarando el secreto es una deficiencia puramente formal, que no afecta al derecho del interesado, pues la medida dejaría de tener justificación como medio de investigación si su existencia fuera conocida.

Tampoco produce la nulidad la omisión de la notificación oportuna al Ministerio Fiscal. Es cierto que las importantes funciones que le corresponden en el proceso penal imponen que el Juez de instrucción le comunique temporáneamente las resoluciones dictadas, y también lo es que el Fiscal puede reclamar tal notificación cuando lo entienda pertinente. En este sentido, el artículo 4.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, modificada por la Ley 14/2003, dispone que el Ministerio Fiscal, para el ejercicio de las funciones encomendadas en el artículo anterior, podrá: 1. Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos. Pero el conocimiento tardío por parte del Fiscal de las diligencias practicadas no supone necesariamente y en todo caso la nulidad de las mismas.

Finalmente, es cierto también que, como denuncia el recurrente, el artículo 579 LECrim contiene una regulación incompleta. Sin embargo, no se ha acreditado que se haya actuado de tal forma que se hayan desatendido las exigencias en la materia que se derivan de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional o de esta Sala del Tribunal Supremo, por lo que no se aprecia una infracción material del derecho fundamental afectado.

Por todo ello, el motivo se desestima.

CUARTO.- La segunda cuestión que plantea es la falta de acreditación de que las conversaciones intervenidas corresponden al recurrente, habida cuenta de que éste lo niega.

La queja no puede ser atendida. No solo por el hecho de que el teléfono intervenido es ocupado en poder del recurrente sin que haya ningún dato que indique su utilización por otra u otras personas, lo cual resulta altamente significativo, sino también porque el contenido de algunas conversaciones es coincidente con los hechos cuya realidad fue comprobada por los testigos policiales. Así, las referencias a los vehículos con dobles fondos para el trasporte de cocaína; el viaje del recurrente con el coacusado J.F. a levante y la vuelta en el vehículo alquilado a nombre del primero, según el contrato intervenido; la reunión celebrada entre el recurrente, J.F. y otros el 24 de julio en Madrid, detectada por la Guardia Civil. Se trata, en definitiva, de una inferencia del Tribunal que se ajusta a las exigencias del criterio humano.

Por lo tanto, se desestima.

QUINTO.- En tercer lugar, alega el recurrente que ninguno de los hechos de la sentencia puede considerarse como hecho probado. Sostiene que se han seguido dos líneas de investigación por hechos no relacionados entre sí.

El derecho a la presunción de inocencia viene consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial, en cuanto que permita declarar probados unos hechos y la participación del acusado en ellos.

La alegación de su vulneración en el recurso de casación puede ir orientada a negar la existencia de prueba; a negar la validez de la existente; a negar el poder probatorio o demostrativo de la prueba existente y válida, o a cuestionar la racionalidad del proceso valorativo efectuado por el Tribunal sobre las pruebas disponibles. Ante esta alegación, esta Sala del Tribunal Supremo debe realizar una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica y del criterio humano y no es, por lo tanto, irracional, manifiestamente errónea o arbitraria.

El Tribunal tiene en cuenta una serie de datos que permiten relacionar de forma razonable ambas líneas de investigación. El contenido de las conversaciones telefónicas. La intervención en los hechos de J.F. , que se interesa por los vehículos en los que se trasporta oculta la droga ante el agente de aduanas que después tramitaría su importación. La reunión en Madrid a la que asisten ambos, celebrada precisamente cuando el barco que transporta los vehículos llega a Valencia. La intervención de J.F. cerca de quien en la sentencia se identifica como " Nota ", claramente relacionado con el trasporte de la droga. La posesión de vehículos con dobles fondos para el trasporte de drogas. El viaje a levante en los momentos más importantes de la operación. Y la vuelta a Madrid precisamente tras la intervención de la droga y la detención de quienes la trasportaban materialmente.

De todo ello, valorado conjuntamente, el Tribunal obtiene elementos indiciarios suficientes para afirmar razonadamente la participación del recurrente.

El motivo se desestima.

SEXTO.- En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas, entiende el recurrente que se ha vulnerado el artículo 564.2.1 y la atenuación del artículo 565, ambos del Código Penal. Censura que el Tribunal haya tenido en cuenta las declaraciones prestadas en fase de instrucción y no las del juicio oral. No entiende que no se hayan tenido en cuenta las manifestaciones relativas a que pertenecen a un tercero. S. dice que son de un tal B. mientras F. dice que son del primero, por lo que se trata de declaraciones contradictorias.

El motivo no puede ser estimado. El Tribunal puede valorar indistintamente las declaraciones prestadas a su presencia o las contradictorias realizadas por la misma persona en fase de instrucción, siempre que se hayan prestado ante el Juez de forma inobjetable y se incorporen al juicio oral en condiciones de contradicción por las partes. Es evidente que Fernando conocía la existencia de las armas, dada su actitud ante el registro del domicilio realizado por la Guardia Civil, donde fueron encontradas, pues es cierto que, según se desprende del acta de entrada y registro y él mismo sostiene, las entrega antes de que fueran materialmente descubiertas por los agentes. En la referida declaración manifestó que pertenecían a Sebastián , lo cual no supone exculpación, pues no elimina la tenencia del propio declarante que tenía las armas a su disposición. No se conoce razón espuria alguna que pudiera explicar la inculpación falsa. Esta declaración encuentra como corroboración su coincidencia con las propias manifestaciones sumariales de S. , quien reconoce la existencia de las armas aunque atribuye su propiedad a un tercero. Tampoco esa atribución, con independencia de su veracidad, elimina la tenencia por parte del propio S., pues tenía las referidas armas a su disposición.

Por lo tanto, el motivo se desestima.

SÉPTIMO.- Finalmente, denuncia falta de motivación de la sentencia en relación con la vulneración del principio de presunción de inocencia. señala que no se razona la prueba existente para afirmar que J.F. seguía instrucciones de S. en cuanto a los trámites para el trasporte de los vehículos que llevaban la droga; que en la reunión de la cafetería ..se trató de la introducción y tránsito del alijo de cocaína; que las armas son poseídas indistintamente por F. y S. ; y que el vehículo Chrysler Voyager es propiedad de S.

El motivo debe ser desestimado. En realidad ya se ha dado respuesta a las cuestiones relacionadas con la presunción de inocencia. Las relaciones entre J.F. y S. quedan demostradas por las conversaciones telefónicas. La participación del primero en los hechos se deduce de su contacto con el agente de aduanas para interesarse por el transporte de los vehículos donde se escondía la droga y con el que en la sentencia se identifica como " Nota ", también relacionado con la operación. La participación de S. se obtiene no solo de las conversaciones telefónicas, en el curso de las cuales hace mención a los búlgaros, nacionalidad de los transportistas materiales, sino especialmente de la reunión del día 24 de julio, fecha de llegada de la cocaína a España, del viaje a levante en los momentos más importantes de la operación y de su vuelta a Madrid con J.F. en un vehículo alquilado en Alicante a nombre del mismo S. La propiedad del Chrysler, o en realidad su utilización por S. , es un dato obtenido de la testifical de los agentes que la presencian directamente. Y, finalmente, en cuanto a la posesión de las armas, como se acaba de decir, el Tribunal ha valorado las declaraciones de ambos acusados en las que reconocían la posesión de las mismas, aunque atribuían su propiedad a otros.

El motivo se desestima.

Recurso de F.

OCTAVO.- El recurrente ha sido condenado como autor de un delito de tenencia ilícita de armas a la pena de dos años de prisión. En el primer motivo del recurso alega vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. El registro domiciliario en el que se encontraron las armas en cuya posesión se basa su condena tiene su origen en la intervención de su teléfono móvil, la cual no está abonada por datos indicativos de suficiente entidad para justificarla, pues prácticamente se fundamenta en que es una persona con antecedentes.

En anteriores fundamentos de derecho hemos hecho referencia a la doctrina de esta Sala acerca de las exigencias que debe cumplir la resolución judicial que acuerda la intervención de las comunicaciones telefónicas. Es un derecho fundamental del individuo, aunque no es un derecho absoluto, pues puede ceder en determinadas circunstancias ante otros intereses prevalentes según los criterios dominantes en una sociedad democrática. Así resulta con claridad del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que se ha trascrito más arriba.

La restricción, que debe ser acordada por un Juez, directamente o en la forma prevista en el artículo 579.4 LECrim en los casos excepcionales que contempla, debe basarse en elementos suficientemente indicativos de que se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer un delito grave; de que la persona que resulta afectada por la intervención, porque se intervenga su línea u otra de un tercero que él utilice, está relacionada con el delito investigado; de que a través de la intervención de las comunicaciones se pueden obtener datos de importancia; y de que, dadas las circunstancias de la investigación, la medida resulta necesaria.

El recurrente niega que existan los primeros datos, esto es los referidos a la existencia del delito y a la participación del interesado.

En este aspecto, hemos señalado que es preciso que consten los indicios que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta como apoyo para considerar razonable y fundada la sospecha acerca de la comisión de un delito y de la participación en él del sospechoso. Nos remitimos a lo dicho en anteriores fundamentos de derecho de esta misma sentencia sobre el particular.

Aunque el desarrollo del motivo no es especialmente concreto en cuanto a datos objetivos, pues no precisa el teléfono que se dice intervenido ni la fecha del auto que censura, el recurrente debe referirse al auto que autoriza la intervención de su teléfono móvil. La Guardia Civil ya se había referido a un tal " J.M. ", en un informe de 20 de julio de 2000, remitido al Juez de Instrucción nº 22 de Madrid en el que se hacía un examen de las conversaciones intervenidas a S. , en las cuales aparecen contactos sospechosos, por su contenido, entre ambos. En oficio de 28 de julio la Guardia Civil solicitó del Juez la intervención de un teléfono móvil cuyo uso atribuía al llamado " J.M.", lo que se acuerda por auto de la misma fecha. La base fáctica venía constituida por el contenido de las conversaciones intervenidas realizadas entre S. y el citado " J. M. ", sugestivas de la realización de operaciones que podrían estar vinculadas con tráfico de drogas, en vista de los términos y expresiones empleados entre ellos. En oficio del 31 de julio, comunicando el estado de la investigación, se identifica a " J.M. " como un súbdito colombiano llamado S. . En otro oficio de la misma fecha, también comunicando el estado de la investigación, se solicita el cese de aquél teléfono móvil, cuyo uso se había atribuido a " J.M.", por razones técnicas al resultar preferible destinar los recursos disponibles a la intervención de otra línea telefónica, lo cual es acordado por el Juez. En oficio de 1 de agosto, dirigido al Juez de Guardia, una vez realizada la apertura de los vehículos que transportaban oculta la droga, y detenido el recurrente por estos hechos, se solicita la entrada y registro de varios domicilios, entre ellos el del recurrente, basándose en sus relaciones con S., e identificándolo ahora como " J.M. ".

Por lo tanto, los datos utilizados para acordar la detención del recurrente y la entrada y registro en su domicilio, no consta que se obtengan de la intervención de las conversaciones realizadas desde su teléfono móvil, sino de las realizadas en los otros teléfonos intervenidos y de los datos acumulados en el curso de las dos investigaciones llevadas a cabo simultáneamente por Policía y Guardia Civil, de las que resultaban, en ese momento, indicios de la participación de Sebastián y del recurrente, como su ayudante, en operaciones de tráfico de drogas, aunque finalmente el Tribunal de instancia no haya encontrado pruebas suficientes para entender enervada la presunción de inocencia que le corresponde a este último respecto del delito contra la salud pública.

Finalmente, el recurrente señala en el desarrollo del motivo que lo que se buscaba era droga y que sin embargo se encontraron armas. La cuestión queda resuelta al verificar que tanto en la solicitud policial como en el auto que acuerda la entrada y registro se menciona expresamente la posibilidad de encontrar armas. Por lo tanto, no se trata de un hallazgo que no estuviera cubierto por la resolución judicial.

Por ello, el motivo se desestima.

NOVENO.- En el segundo motivo del recurso, al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, denuncia infracción del artículo 564.2.1, y que no se aplica la rebaja en un grado establecida en el artículo 565 ni la atenuante del artículo 21.4 del Código Penal. Dice el recurrente que al presentarse la Guardia Civil en el domicilio es el quien entrega voluntariamente las armas, sin que se hubiese procedido a registro alguno todavía.

El motivo no puede ser estimado. Los hechos probados no contienen ningún elemento fáctico que permita entender que concurren las exigencias contenidas en el artículo 21.4º o que se den las condiciones contempladas en el artículo 565, ambos del Código Penal. El examen de la causa no conduce a otras conclusiones. Efectivamente, el recurrente entrega las armas en el curso del registro, una vez que se le ha notificado la resolución judicial que lo autoriza, por lo que esa actitud no puede ser valorada como una confesión eficaz que justifique una atenuación, pues no hace otra cosa que reconocer lo que inevitablemente iba a ser descubierto. De otro lado, se trata de tres armas cortas y no se aprecia en las circunstancias en que estaban guardadas una evidencia de que no iban a ser utilizadas con fines ilícitos.

El motivo se desestima.

Recurso de J.F.

DECIMO.- El recurrente ha sido condenado como autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud a la pena de once años de prisión y multa. Con apoyo en el artículo 5.4 de la LOPJ y en el artículo 849.1º de la LECrim, denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y al secreto de las comunicaciones telefónicas, por ser nulas la primera y siguientes interceptaciones telefónicas decretadas judicialmente para el teléfono del recurrente. Señala que han pedido la nulidad de las actuaciones desde la intervención telefónica del teléfono del acusado S. y desde la intervención de los teléfonos de los demás acusados. En los oficios policiales no se hicieron constar datos indicativos suficientes de la comisión de un delito. Considera insuficiente el contenido de los informes de los folios 234 y 30. Por otro lado se queja de la ausencia de profesionales que dictaminen sobre el significado del lenguaje críptico empleado en las conversaciones intervenidas. Menciona la falta de control del resultado de las intervenciones y de los soportes en que consta dicho resultado. Señala que el artículo 579 LECrim no es norma de cobertura adecuada para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones. Y, finalmente, se queja de no haber sido convocado para la práctica del análisis de la droga, sin que se le haya ofrecido un análisis contradictorio.

Bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia y del derecho al secreto de las comunicaciones, sitúa el recurrente un amplio abanico de quejas, que quizá hubieran demandado un mejor orden en la exposición. De todas ellas conviene comenzar por la referida a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. No consta que se haya intervenido durante la investigación ninguna línea de teléfono a nombre o de uso particular del recurrente, por lo que no ha podido ser vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. Habiendo declarado la validez de la intervención de las comunicaciones telefónicas del recurrente S., no puede entenderse vulnerada la presunción de inocencia a través de la utilización de los datos contenidos en las mismas como prueba de cargo. Debemos dar ahora por reproducidas las consideraciones ya efectuadas acerca de esta cuestión.

Por otro lado, en cuanto al control judicial del resultado de las intervenciones, consta la entrega de las cintas originales y de las trascripciones policiales, así como la audición en juicio de aquellos pasajes que la acusación pública interesó, sin que la defensa solicitara la audición de otros distintos. En definitiva, las cintas originales estuvieron a disposición de las partes en el juicio oral, por lo que se aprecia indefensión alguna.

En cuanto a la ausencia de pericial criptográfica, el Tribunal puede valorar el contenido de las conversaciones intervenidas sin necesidad de esa clase de pericia. En realidad no se trata del empleo de unas claves en sentido técnico, sino de la utilización de términos más o menos convenidos por los interlocutores, por lo que no cabe la pericia que se sugiere. Y finalmente, respecto a la presencia del acusado recurrente en la práctica del análisis, no se aprecia la clase de indefensión que pudiera haberle producido, sin que nada le haya impedido solicitar un análisis contradictorio, cuya posibilidad depende de las previsiones legales expresas, y no de un ofrecimiento que resulta por ello mismo innecesario.

UNDECIMO.- El segundo motivo, por la misma vía impugnativa, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva habiendo causado indefensión. Entiende el recurrente que propuso la nulidad del acto procesal de grabación de las conversaciones, ya que no se habían tomado por peritos titulados en criptografía. El Tribunal guarda silencio sobre esta cuestión.

El derecho a la tutela judicial efectiva supone el derecho a obtener de los Tribunales una resolución fundada en derecho sobre las pretensiones oportunamente planteadas. No se extiende a imponer al Tribunal la obligación de responder a todas y cada una de las alegaciones, aunque sea conveniente hacerlo respecto de aquellas referidas directamente a la esencia de las pretensiones de las partes; ni tampoco supone el derecho a obtener una resolución que acceda a lo solicitado.

De otro lado, en numerosas ocasiones hemos señalado que es suficiente con una desestimación implícita, por estimación de pretensiones contrarias e incompatibles con la planteada.

No consta en las conclusiones provisionales o definitivas que se hubiera propuesto oportunamente y de forma expresa tal cuestión. Puede valorarse su mención verbal, pero ello no supone otra cosa que una argumentación acerca de la inexistencia de prueba de cargo válida. En cualquier caso, al valorar las conversaciones intervenidas el Tribunal está desestimando su nulidad. Por otra parte, no se precisa en el motivo qué conversaciones telefónicas que se hayan utilizado como prueba de cargo respecto del recurrente hubieran precisado de tal aportación pericial para su correcta valoración, por lo que no resulta posible determinar definitivamente la posible relevancia de la cuestión que, según se dice en el recurso, se ha dejado de responder por el Tribunal.

El motivo se desestima.

DECIMOSEGUNDO.- En el tercer motivo, al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, denuncia la indebida aplicación de los artículos 368 y 369.3º del Código Penal, habida cuenta de las nulidades denunciadas en los anteriores motivos, causantes de indefensión.

Una vez que han sido desestimados los anteriores motivos y se ha determinado la validez de las pruebas de cargo tenidas en cuenta por el Tribunal, el presente motivo ha de ser desestimado al resultar carente de contenido. Los hechos que el Tribunal declara probados encajan sin dificultad en las previsiones típicas de los artículos 368 y 369.3 del Código Penal al referirse a una operación de trasporte de cocaína en cantidad que supera los límites establecidos por esta Sala para la aplicación de la agravación por cantidad de notoria importancia.

El motivo se desestima.

FALLO
Que debemos DECLARAR y DECLARAMOS NO HABER LUGAR a los recursos de Casación por infracción de Precepto Constitucional y de Ley, interpuestos por las representaciones de F. , J. F. y S. , contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal (Sección Segunda), con fecha cinco de Diciembre de dos mil tres, en causa seguida contra los mismos y M. , V., D. y J.C. , por Delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Joaquín Delgado García Juan Saavedra Ruiz Perfecto Andrés Ibáñez Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Voto Particular

FECHA:02/03/2005

Voto particular que formula el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez a la sentencia número 277/2005, que resuelve el recurso de casación número 175/2004.

Como bien dice la sentencia de la que discrepo, "no resulta tolerable una autorización mecánica ante la solicitud policial". Porque, en efecto, lo que demanda el control judicial de actividades con traducción práctica de grave injerencia en los derechos fundamentales de las personas, es el examen cuidadoso de sus presupuestos habilitantes, y que se acredite un juicio crítico del instructor sobre el particular, dotado, además, de fundamento racional lo bastante explícito, para que no exista duda al respecto. (Así, entre otras, SSTS 139/2005 y 1395/2003 y las del Tribunal Constitucional que en ellas se citan).

El simple reenvío a los datos fácticos del oficio policial de solicitud de una interceptación telefónica, no sólo es una práctica no recomendable -como también sostiene la mayoría- sino francamente recusable y que no sirve para asegurar que el juez que así opera ha tomado conocimiento reflexivo, suficiente y suficientemente crítico, de lo que acoge como antecedentes de tan relevante decisión.

Frente a una actuación de esa clase, la presunción no puede ser de legitimidad, sino de ilegitimidad. Pues la garantía a favor del imputado desplaza sobre el juez "la carga de la prueba" de la regularidad y la calidad constitucional de su actuación. De no ser así: ¿a qué otro fin podría responder el deber de motivación? ¿Para qué iba a servir?

Integrar la resolución autorizante, por simple referencia a los datos fácticos de un oficio policial (nunca demasiado expresivos), para yuxtaponer después a éstos la fórmula estereotipada de una tópica consideración estándar de derecho, no es motivación por referencia, sino delegación pura y simple de poder judicial en una autoridad administrativa.

La interceptación producida en esta causa se acordó mediante un auto "de estampilla", que no dice nada en concreto, es decir, que, en realidad, no dice nada. Y, se da la circunstancia, de que, además, los antecedentes de tal actuación están en otra causa y no en ésta, lo que agrava aún más el vacío de presupuestos de la decisión. Es por lo que, en definitiva, entiendo, y en ello se concreta mi discrepancia, que tendría que haberse estimado los motivos por vulneración del art. 18,3 CE.
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NOVEDAD JURISPRUDENCIA PENAL INTERNACIONAL
SENTENCIA DE 18.JULIO.2003.
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO-EN ESPAÑOL-
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10-ABRIL-2008
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**VISTO EN LA PRENSA E INTERNET**

***Tipo Subjetivo***
Imprudencia grave: lesiones u homicidio. Delito contra los derechos de los trabajadores. AP Barcelona 02-09-03.
Responsabilidad penal de empresa derivada del daño causado a un trabajador que quedó tetrapléjico. Inexistencia. Inde ndencia de los delitos tipificados en los arts. 152 y 316 ó 317 CP. La no facilitación por parte de quien debe hacerlo a los trabajadores de los medios necesarios para que éstos desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, no determina necesariamente la aplicación a aquéllos, en su caso, de las previsiones del primero de los tipos: una cosa es la no facilitación al trabajador por quien tiene la obligación de hacerlo de las adecuadas medidas de seguridad e higiene en el trabajo conducta que podrá dar lugar al tipo penal del art. 316 del Código Penal o al del art. 317 del mismo cuerpo legal y otra cuál es la conducta que debe considerarse causalmente determinante de un eventual resultado lesivo posteriormente producido. Imprudencia. Requisitos doctrinales y jurisprudenciales. 1) Acción u omisión voluntaria pero no intencional; 2) Infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas reglamentarias o impuesto por las normas socioculturales exigibles al ciudadano medio, seg la experiencia media común; 3) Previsibilidad y evitabilidad de las consecuencias nocivas de la acción u omisión realizadas; 4) Producción de un evento lesivo y/o dañoso, y 5) Relación de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado producido, dentro del ámbito de la imputación objetiva. Concurrencia de culpas: análisis del deber de cuidado y la previsibilidad del resultado. En el caso que se resuelve, si bien desde el punto de vista causal-material el accidente se produjo tanto por culpa del empresario como del trabajador, la infracción del deber objetivo de cuidado y de previsibilidad atribuible al trabajador fue de mayor entidad que la predicable al empresario, en cuanto que fue aquél quien determinó en exclusiva la forma, y circunstancias de su realización, determinando en última instancia el accidente producido.


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El Congreso aprueba al segundo intento la reforma de la prisión provisional

J. L. LORENTE

MADRID. A la segunda fue la vencida. El PP logró enmendar ayer el «error de cálculo» que tuvo hace un mes, cuando el Congreso rechazó -por la ausencia de 22 de sus diputados- las enmiendas del Senado para reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de introducir cambios en la legislación sobre la prisión provisional y el ADN. Esta vez, la iniciativa salió adelante avalada por una amplia mayoría -193 votos a favor (PP, CiU y CC), 98 en contra (PSOE, IU y parte del Grupo Mixto) y 8 abstenciones (PNV y el resto del Mixto)-, suficiente para sacar adelante la reforma de la ley orgánica del Código Penal, que venía, también vía enmiendas, de la Cámara Alta.

El Grupo Popular movilizó a sus diputados para obtener, como mínimo, los 176 votos necesarios, sin depender de los apoyos de CiU y Coalición Canaria. La votación de hace un mes se vio frustrada no sólo por la ausencia de parlamentarios del PP, sino por la de sus colegas de CiU y CC. Ayer, el Grupo Popular pudo contar con los votos de los ministros que no viajaron a la cumbre franco-española de Carcassonne e, incluso, la del candidato a la Generalitat Josep Piqué, que hizo un alto en la campaña catalana para viajar a Madrid.

Las críticas de los socialistas

El PSOE aprovechó el debate para denunciar la «instrumentalización partidista» del Congreso que realiza el Gobierno. El diputado del Grupo Socialista Javier Barrero tachó de «esperpéntico» el hecho de que la reforma de cuestiones tan importantes como la prisión provisional, los juicios rápidos o los cambios en el ADN -que el Ejecutivo plantea por primera vez- pase por el Congreso en segunda lectura. Asimismo, los socialistas consideran precipitada la reforma, ya que los cambios en el Código Penal no entran en vigor hasta dentro de un año.

El diputado del PP Leocadio Bueso rechazó las críticas del PSOE con el argumento de que son fruto de una «estrategia preelectoral». Los populares recordaron a los socialistas que no se trata de una reforma «esperpéntica», ya que en sus trabajos ha participado una comisión de expertos durante dos años, ni «precipitada», porque algunas de las medidas aprobadas ayer entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y no dentro de un año, como dice el PSOE. El único ejercicio de autocrítica del PP por su error en la votación de hace un mes fue «lamentar» lo ocurrido entonces.

El diputado CiU Manuel Silva sí reconoció el error, aunque quiso dejar claro que sus compañeros nacionalistas catalanes no se sienten «especialmente responsables». También reconoció que la solución al problema es una chapuza, «pero las chapuzas, cuanto más rápido se hagan, mejor».

Fuente:ABC.es.7.nov.2003.


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Nacional

El Jurado declara culpables a los tres acusados del crimen del Maremàgnum
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Los tres acusados por el crimen del Maremagnum, durante la lectura del veredicto en la Audiencia de Barcelona.YOLANDA CARDO

ABC

BARCELONA. Un Jurado formado por nueve personas declaró ayer por unanimidad culpables a los tres acusados de la muerte del joven ecuatoriano Wilson Pacheco el pasado 27 de enero de 2002 en el centro de ocio Maremàgnum de Barcelona. En los próximos días, el juez dictará sentencia contra ellos por un delito de homicidio intencionado por dolo eventual, que se castiga con penas de 10 a 15 años de cárcel. El fiscal ha pedido penas de trece años para cada uno de los procesados, mientras las acusaciones particular y popular reclaman condenas de 15 años por el agravante de racismo en el homicidio, que sin embargo no fue reconocido ayer en el veredicto.

Los nueve miembros del Jurado fallaron por unanimidad que el portero del local «Caipirinha», James Anglada; el portero de «Mojito», Mariano Romero, y el vigilante de seguridad, Antonio Fernando Quincoces, son responsables de la muerte del ecuatoriano puesto que, aunque no hubo premeditación en el asesinato, sí «conocían la altísima probabilidad de que tras su empujón» a Wilson Pacheco y arrojarlo al agua «se podría producir la muerte de éste».

Por el contrario, el Jurado desestimó la posibilidad de que actuaran por motivos racistas, tal y como sostenía la acusación particular en representación de la familia de Pacheco. El veredicto, que aplica el agravante de «abuso de superioridad», no les aplica ninguna atenuante y también se opone a la concesión de indulto y a la libertad condicional de los procesados.

La fiscal solicitó ayer por la tarde tras oír el veredicto de culpabilidad del Jurado que el portero y el vigilante -Mariano Romero y Antonio Fernando Quincoces- que se encuentran en libertad ingresen en prisión de forma provisional -considera que tras el fallo existe riesgo de fuga. No obstante, el magistrado-presidente del jurado acordó celebrar hoy a las 13 horas una vista para dirimir esta cuestión. El tercer acusado, James Anglada, ya está en prisión preventiva.

La fiscal pide prisión preventiva

Wilson Pacheco murió en la madrugada del 27 de enero de 2002 ahogado en las aguas del Puerto de Barcelona tras una pelea con los porteros de varios locales nocturnos. El fallecido, que acudió al centro de ocio en compañía de su hermano, su cuñado y un amigo, se encaró con los porteros del bar «Caipirinha» cuando estos les impidieron el acceso al local. Fue el origen de un pelea que acabó cuando Anglada, Romero y Quincoces alcanzaron a Pacheco al final de la pasarela que une el Maremàgnum con el Paseo Colón, lugar en el que, tras propinarle una paliza, le echaron al agua, donde murió fruto de las heridas recibidas, el alcohol injerido y la hipotermia provocada por el agua a diez grados en pleno enero barcelonés.

Noemí Rosario Torres, la madre de Wilson Pacheco, aseguró tras conocerse el veredicto que «los culpables tienen que pagar» porque «a nadie se le puede hacer una cosa así». La mujer afirmó que nada puede «arreglar» lo que le han hecho a su hijo, pero se mostró satisfecha por que el tribunal popular considere culpables de homicidio a los tres acusados y no sólo al que «le empujó al agua».

Fuente.-Abc. es
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JUSTICIA ENDURECERÁ EL TRATAMIENTO A LOS MENORES QUE COMETAN DELITOS GRAVES.

MADRID. M. MARÍN, P. MUÑOZ

El Ministerio de Justicia está dispuesto a abordar una reforma de la polémica Ley del Menor, que desde su aprobación ha levantado las críticas de distintos sectores sociales, políticos y de la judicatura, sobre todo en el tratamiento que se da a aquellos menores que cometen delitos especialmente graves, para los que ahora está prevista una pena máxima de sólo ocho años de internamiento en un centro para ellos.

El titular de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que se reunirá con todos los grupos parlamentarios para tratar de consensuar esta reforma, que por otra parte ya estaba incluida en el Pacto de Estado por la Justicia, ahora roto por el PSOE, y cuyo punto 17, apartado «c», que habla de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice textualmente: «Fortalecer la protección y defensa de las víctimas de delitos violentos en todos los procesos penales, incluido el ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor».

El anuncio que hizo ayer Michavila en este sentido, aunque coincidió con el comienzo del juicio contra los menores implicados en la violación y muerte de la joven madrileña Sandra Palo, no es nuevo, y en este sentido hay que recordar que ya se pronunció en términos similares, entre otras ocasiones, a principios del pasado mes de julio.

Conversaciones avanzadas

De hecho, según las fuentes consultadas por ABC, ya se han producido algunas conversaciones con distintos grupos políticos para llegar a un acuerdo sobre los principios generales de la reforma que se quiere impulsar. CiU y Coalición Canaria se han mostrado de acuerdo con el Ministerio de Justicia, y el PNV no lo ha rechazado y se cree que también se podrá llegar a un consenso con esta formación. La situación del PSOE en este asunto es distinta, ya que hace algunos días decidió romper el Pacto de Estado por la Justicia que había firmado con el Gobierno. El Departamento que dirige José María Michavila está dispuesto a tener conversaciones con los socialistas, aunque las fuentes consultadas precisan que «su salida del pacto no nos va a impedir mejorar lo que hay que mejorar».

Aunque obviamente aún no están perfiladas las medidas que se van a introducir, se va a partir de que «los principios generales de la Ley del Menor son muy positivos y se van a mantener» y sólo es necesario abordar algunas reformas para dar respuesta a los problemas que ha planteado desde su aprobación y que son reconocidos de forma prácticamente unánime. Se hará antes del próximo mes de noviembre, aprovechando que la reforma del Código Penal se encuentra en trámite parlamentario, vía enmiendas que se van a introducir en el Senado.
Según las fuentes consultadas, la reforma de la Ley del Menor tendrá dos ejes: una mayor protección de las familias de las víctimas, que en este momento deja bastante que desear ya que ni siquiera se pueden presentar como acusación particular en el proceso, y una respuesta más adecuada cuando los delitos cometidos sean especialmente graves, como es el caso de la joven Sandra Palo.

En cuanto al primero de los puntos, el Ministerio de Justicia está decidido a que los familiares de las víctimas puedan personarse en el proceso para que puedan defender sus intereses. Sobre el segundo aspecto, el Gobierno quiere endurecer el tratamiento de aquellos menores que tengan una cierta edad y cometan delitos muy graves con alevosía, ensañamiento y plena conciencia del acto que han hecho. Por ahora no han trascendido las medidas concretas que se van a introducir, aunque todo indica que habrá una pena mayor para ellos, que además deberán cumplir en un módulo carcelario especial o, al menos, en unas instalaciones separadas de las del resto de menores internados en centros por acciones mucho menos graves. Además, esos recintos deberán contar con las medidas de seguridad adecuadas. CiU pidió también ayer que los jóvenes de 13 años, e incluso los de 12, deben ser también internados en centros cerrados si han cometido actos muy graves.

El tratamiento penal que se hace de los menores ha planteado -no sólo en España- un gran debate. José Manuel Suárez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, considera que el principal problema que se plantea es «saber delimitar hasta cuándo se considera que un menor tiene la mentalidad, y por tanto la responsabilidad, de un menor».

Rebajar la edad penal

De hecho, en Europa la tendencia es rebajar la edad penal, ya que las nuevas tecnologías y acceso a la información hacen que los jóvenes de ahora posean una formación superior a la de los de hace unos años «y tengan conciencia clara mucho antes de lo que es el bien y el mal», dice Suárez. Mientras en España la Ley del Menor considera como tales a las personas de menos de 18 años, independientemente del acto que hayan cometido, en Francia la edad penal se ha rebajado a los 16 años.

La realidad es compleja, como lo demuestran las cifras. Según los datos de la Plataforma para la Reforma de la Ley del Menor -impulsada por Movimiento contra la Intolerancia- sólo entre 2000 y 2001, 139 menores fueron detenidos como presuntos responsables de homicidios; 1.963 por delitos de lesiones y 631 por agresiones sexuales.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura considera que la actual Ley del Menor tiene serias carencias. Así, cree que hay que rebajar la edad de 18 años para que un joven pueda ser juzgado como un adulto por un delito grave, «quizá hasta los 16, aunque se podrían realizar exámenes psicológicos y psiquiátricos que ayuden a determinar si esa persona es plenamente consciente de sus actos». Asimismo, considera que técnicamente es discutible que tenga que ser el fiscal el que instruya el sumario, en lugar del juez como ocurre en la jurisdicción ordinaria. «Eso ha provocado que muchos fiscales abandonaran», asegura Suárez.

Dotación presupuestaria

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura no tiene tan claro que sea conveniente que las familias puedan personarse en el proceso y ejercer la acusación particular, tal como tiene previsto hacer el Ministerio de Justicia. Jueces para la Democracia, sin embargo, mostró ayer su oposición a una reforma precipitada de la Ley del Menor. Su portavoz, Miguel Carmona, declaró que «no se debe opinar en caliente» sobre estos asuntos.

Por su parte, la Francisco de Vitoria sí es partidaria de que se acometan estas medidas. Su portavoz, Joaquín González Casso, dijo que esta Ley, aunque habrá casos en que funcione, «en la práctica está siendo muchas veces un auténtico fracaso. Está inspirada en muy buenos principios, pero con muy malas realidades», remarcó.

En concreto, dijo que no se meditó lo suficiente la elevación de la edad penal de 16 a 18 años, y que otro problema se deriva del hecho de que las Comunidades no dedican el dinero suficiente para poner en práctica esta normativa.

Fuente.-ABC.es
7.Octubre.2003.

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Una juez de Barcelona ordena la devolución de más de 500.000 CDs que fueron decomisados tras constatarse su legalidad

La operación realizada por la Policía el pasado 30 de junio, catalogada como la más importante contra la piratería en Europa, ha quedado en entredicho después de la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona que ha ordenado la devolución de los 500.000 CD y DVD vírgenes incautados en la operación. La principal acusación de la fiscalía se centraba en que la empresa Rimax, del grupo CD World S.L. y una de las siete investigadas, se encargaba de importar millones de compactos vírgenes procedentes de Taiwán sin respetar los acuerdos de producción limitada que estas empresas realizan con determinadas marcas del sector.

Philips, que tiene la patente de estos CD y DVD, determinó que el producto está en regla a través de exámenes microscópicos, por lo que la magistrada declaró a través de un oficio la legalidad del material, cuyo valor ascendía a más de 600.000 €. Tras los decomisos, un portavoz policial llegó a afirmar que una de cada tres grabadoras intervenidas a las mafias en España en 2002 había sido fabricada por Rimax, llegando a asegurar la Policía local que la empresa compatibilizaba el comercio legal con el suministro a piratas.

Desde el primer momento, los representantes de las firmas acusadas defendieron la legalidad de sus actividades y aseguraron que la Policía actuó sin pruebas suficientes. Los 14 detenidos quedaron en libertad con cargos el pasado 1 de julio, sin que hasta la fecha hayan sido llamados a declarar.


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3 de octubre de 2003, 19h30

Temas de actualidad

La UE empiezan a negociar la Constitución Europea

BRUSELAS (AFP) - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de los 10 países que se adherirán el próximo año a la misma abren el sábado en Roma la negociación de la primera Constitución Europea, que debe concluirse en menos de tres meses.

Italia, y más concretamente su primer ministro, Silvio Berlusconi, tiene el rol de moderador en esta tarea, que es la prioridad de su país durante su presidencia semestral en la UE: acordar un texto en diciembre para poder firmarlo en 2004, coincidiendo con la entrada en la UE de 10 nuevos miembros en mayo -Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta- y con las elecciones al Parlamento Europeo de junio.


Foto ampliada
Los mandatarios europeos, que tienen una detallada agenda de reuniones desde el 4 de octubre hasta la cumbre del 13 de diciembre, no empiezan a negociar desde cero, sino con un un proyecto de texto sobre la mesa elaborado en el último año por una Convención integrada por las principales instituciones de 25 países europeos y presidida por el ex-presidente francés Valery Giscard d'Estaing.

A pesar de que el texto de Giscard es "una buena base" y debe retocarse lo menos posible, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini, Roma quiere ser flexible y estará "abierta a otras propuestas si hay un consenso suficiente".

Los europeos quieren cerrar las cuestiones pendientes, aunque el objetivo de profundizar en la integración europea, simplificar los tratados de la UE y de agilizar el funcionamiento de las instituciones europeas de cara a la ampliación al este de Europa, corre el riesgo de no alcanzarse por falta de tiempo y si los países no ceden.

España, país "mediano" de la UE, y Polonia, futuro miembro, lideran la lucha por no perder peso en la UE y mantener el sistema de votos de los países en los consejos de ministros.

El presidente del Gobierno español, José María Aznar y el presidente polaco, Aleksander Kwasniewski, declararon esta semana en Madrid que no pueden aceptar el proyecto de Constitución porque "elimina en la práctica los equilibrios fundamentales entre Estados", lo que "llevaría a un empobrecimiento de la Unión, ya que disminuiría radicalmente el peso de los Estados menos poblados", es decir, de la mayoría.

Ambos países también integran el grupo de los que abogan por que se haga mención al cristianismo en la futura Carta Magna, junto con Italia e Irlanda.

Los 25 jefes de Estado y de Gobierno de la futura UE ampliada podrían revisar estos meses qué decisiones tomarán por unanimidad y cuáles por mayoría.

La Comisión Europea cree que "un número demasiado grande de decisiones se toma por unanimidad", por la que un solo país puede impedir decisiones y dificultar así el proceso de integración europea, según su presidente, Romano Prodi, que defiende que se tomen por mayoría más decisiones.

Pero este proceso topa con las sensibilidades de varios países reacios a ceder en terrenos como los presupuestos europeos para España, la defensa para el Reino Unido o las relaciones exteriores, terreno donde los Quince vivieron este año una crisis por la división ante la guerra de Irak.

Otro tema por cerrar es la composición de la Comisión Europea, que actualmente cuenta con 20 miembros. Giscard propone que se limite a 15 comisarios, pero Romano Prodi defiende que cada país cuente con un representante, lo que de nuevo podría obstaculizar la toma de decisiones.



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21.Septiembre.2003


Alexander King confiesa ser el autor de varias violaciones en el litoral malagueño

El detenido por los asesinatos de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof, Tony Alexander King, que se inculpó de ambos asesinatos, se ha declarado además el autor de al menos tres violaciones en municipios del litoral malagueño cometidos durante los seis años que lleva residiendo en España. La Guardia Civil intenta cotejar los datos proporcionados por King sobre las víctimas y los lugares donde dijo que cometió los hechos para verificar si existen denuncias, aunque se sospecha que en algunos casos las víctimas no habrían denunciado nunca. Según fuentes de la investigación Tony Alexander King solía actuar tras haber bebido bastante alcohol, por lo que en algunos casos tenía problemas de impotencia, por lo que no consumaba los actos de agresión sexual.

El inglés se declara autor en solitario de los crímenes de Rocío y Sonia
La madre de Rocío Wanninkhof asegura: «Si esa señora es inocente, la dejaré en paz»
El compañero de prisión de King se marchó de su casa hace dos días y tenía preparada su fuga



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ASESINATOS DE ROCÍO WANNINKHOF Y SONIA CARABANTES
KING CONFIESA QUE COMETIó éL SOLO LOS CRíMENES DE MIJAS Y COíN

AGENCIAS

Tony Alexander King se ha declarado autor material en solitario de las muertes de Sonia Carabantes en Coín y Rocío Wanninkhof en Mijas (Málaga). King no ha relacionado en ningún momento a Dolores Vázquez con la muerte de Rocío. Además, la Guardia Civil interroga a un amigo íntimo de King, también británico, como presunto encubridor.

Fuentes de la investigación informaron de que este detenido ha admitido en su declaración que presuntamente cometió en
solitario los dos crímenes, lo que exculparía a la única acusada de la muerte de Rocío Wanninkhof, Dolores Vázquez, según los investigadores, que aún manejan "con cautela" esta declaración.

Dolores Vázquez fue hallada culpable del asesinato de Rocío por un jurado popular. Sin embargo, la sentencia fue anulada y se
encuentra a la espera de un nuevo juicio.

El abogado de Vázquez, Pedro Apalategui, ha afirmado que su defendida "ha roto en un llanto histérico y no ha podido hablar". Además, ha recordado "la arrogancia durante estos tres años de la Fiscalía, el juzgado instructor, la Policía Judicial y la
familia acusadora", y no ha descartado que reclamen una compensación por el daño sufrido si se confirma la noticia.

King ha ofrecido detalles muy concretos de los dos asesinatos, lo que lleva a los investigadores a pensar que su declaración es exacta. El móvil sería la agresión sexual.

Hasta la fecha, Tony Alexander King había reconocido que podía tener relación con la muerte de Sonia Carabantes, cuyo cuerpo
fue hallado el pasado 19 de agosto, pero no había admitido su relación con el de Rocío Wanninkhof, que desapareció en octubre
de 1999.

Declaración de otro británico

La declaración de King ha llevado a la detención de un amigo íntimo suyo, otro ciudadano británico, en Nerja (Málaga), como
"presunto encubridor" de los crímenes.

Según informaron fuentes de la investigación, este detenido,nacido en 1964, ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Málaga, donde se le toman declaración "para ver si aporta elementos nuevos a la investigación".

El detenido era amigo íntimo de Tony Alexander, a quien conoció en una prisión inglesa cuando éste cumplía condena por un
homicidio. El segundo británico detenido por los casos de Coín y Mijas trabajaba en Nerja en una empresa de multipropiedad.

El nuevo detenido ya ha sido trasladado por los agentes encargados de la investigación a la Comandancia de la Guardia Civil, donde desde ayer se encuentra Tony Alexander King,
detenido el pasado jueves en Alhaurín el Grande, según las fuentes.

20.Septiembre.2003.
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***Un juez de EEUU rechaza una demanda contra los anuncios 'pop-up'

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REUTERS

WASHINGTON.- Un juez federal estadounidense ha rechazado una impugnación legal realizada por la compañía de alquiler de camiones U-Haul contra los anuncios 'pop-up' en la Red, en un dictamen que puede dar alas a los proveedores de anuncios en Internet.
El juez federal de distrito Gerald Bruce Lee, en un dictamen, desechó la demanda de U-Haul, que buscaba prohibir el 'software' de la compañía publicitaria de Internet WhenU, que lanzaba anuncios 'pop-up' rivales cuando los clientes accedían al sitio 'web' de U-Haul.
Lee afirmó que los anuncios no violaban la ley, ya que el 'software' de WhenU no copiaba ni usaba la marca registrada de U-Haul, y porque los mismos usuarios de ordenadores habían escogido descargar el 'software' pop-up.
U-Haul, con sede en Arizona y filial de AMERCO, entabló la demanda en octubre del año pasado contra WhenU ante la corte federal de Alexandria, Virginia, tras alegar que los anuncios eran una violación de sus marcas registradas y derechos de autor, y que también violaban la ley de la libre competencia.
De haber otras resoluciones juidiciales similares, esto retiraría un potencial obstáculo para las compañías como WhenU y Gator, que también ofrece 'software' que despliega anuncios 'pop-up' relacionados con direcciones de Internet.


10-09-2003
www.elmundo.es


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ALICANTE.- El presunto asesino de tres personas en Benifallim (Alicante) en agosto de 1999, Francisco Gómez Simón, ha quedado en libertad tras haber cumplido los cuatro años de prisión preventiva que la ley establece como máximo sin que se haya celebrado aún el juicio, según fuentes judiciales. A la salida del Centro Penitenciario de Fontcalent ha declarado que es "inocente hasta que no se demuestre lo contrario". Gómez, de 31 años, preguntado acerca de por qué se declara inocente ahora cuando confesó la autoría del triple crimen tras su detención ante la Guardia Civil, el presunto asesino contestó: "Me achucharon, me amenazaron y me obligaron a decir que había sido yo". El único acusado por el triple crimen de Benifallim ha salido de la penitenciaría tras ser remitido a los juzgados de Benalúa el auto dictado por el juzgado número 1 de Alcoy (Alicante) por el que el acusado queda en libertad. La acusación Los hechos ocurrieron en agosto del año 1999, cuando F.G.S se declaró culpable de los crímenes de Elvira Monllor, Francisco Miró y Rigoberto Esteve. Los cadáveres de las tres personas aparecieron en una masía de esta localidad de la comarca de L'Alcoià, a la que el presunto autor de los hechos supuestamente prendió fuego para ocultar el crimen. La investigación atribuyó la autoría del crimen a un joven que tenía por aquel entonces 27 años, identificado como F.G.S, y que era un antiguo trabajador de la finca. El juez de Alcoy encargado del caso decidió que el joven ingresara en el Centro Penitenciario alicantino de Fontcalent. Sin embargo, al pasar cuatro años desde su ingreso en prisión y no haber concluido la fase de instrucción del procedimiento, el acusado saldrá previsiblemente en libertad provisional sin juicio. El auto dictado por el juzgado de Alcoi establece también como medida cautelar que Francisco G.S se presente diariamente a las 10.00 horas ante el juzgado de Alcoi. Si F.G.S no cumple esta medida cautelar se le acusaría por un delito de incumplimiento, por lo que volvería a ingresar en prisión. Así mismo, está previsto que se cierre la instrucción del caso a finales del próximo mes de septiembre, por lo que el juicio podría celebrarse a finales del mismo mes o principios de octubre. Se declara inocente De acuerdo con la versión del presunto asesino, la policía "tenía que pillar a alguien" y, como él trabajó en la masía de las víctimas, conocía a una de ellas y pasó por las inmediaciones del lugar el día de autos, la Guardia Civil centró en su persona las sospechas y lo detuvo. "Estoy fatal, después de cuatro años en la cárcel, porque estar aquí dentro es demasiado, muy jodido...", afirmó, al tiempo que reiteró su inocencia y mostró su deseo de que el juicio se celebre lo antes posible para demostrarlo. Francisco Gómez ha relatado que durante su estancia en la cárcel ha trabajado en la cocina y añadió que dentro de unos dos meses, cuando se recupere de esta experiencia, buscará un empleo. Vestido con bermudas y camiseta y cargado con tres grandes bolsas de deporte con sus pertenencias, el presunto asesino dijo que "la Justicia no vale la pena" y abandonó poco después el lugar en un coche conducido por su hermano. (Fuente.Efe.-27.08.2003)
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NOTICIAS DEL MUNDO JURIDICO


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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. Anulación de acuerdo de los padres sobre domicilio familiar por causar perjuicio a los intereses de la hija menor.
La Audiencia de Barcelona ha anulado un acuerdo de separación a que llegó un matrimonio por el que se adjudicaba el domicilio conyugal al padre porque considera que el pacto perjudica los intereses de la menor. El tribunal provincial señala que el acuerdo entre los padres contradice una sentencia anterior de un juzgado que otorgó la custodia de la menor a la madre. La pareja, Bernat L.C. y María Rosa M.L., decidió que fuera el marido el que se quedara en el domicilio conyugal por un periodo de dos años. Acordaron que la niña se quedaría con él para que no tuviera que cambiar de colegio. Pero cuando el matrimonio se separó, en el año 2002, una sentencia del Juzgado número 5 de l"Hospitalet de Llobregat (Barcelona) dio la guardia y custodia de la menor a la madre y denegó el disfrute del domicilio a ambos, alegando que "la pidieron para sí, cuando a quien debe asignarse es a los hijos comunes". Meses más tarde, la mujer acudió otra vez a los tribunales reclamando la nulidad del primer acuerdo, alegando que había sido coaccionada por la abogada del ex marido y que "no entendió que tuviera que dejar la vivienda". COACCIONES NO DEMOSTRADAS La Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial no acepta las coacciones como motivo de nulidad del acuerdo, porque "no quedaron demostradas". Sin embargo, califica de nulo el acuerdo porque considera que la primera sentencia sobre la custodia de la menor prevalece sobre cualquier acuerdo entre las partes relativo al uso y disfrute del domicilio. La Audiencia entiende que el pacto entre el matrimonio "iría en contra de los intereses de la menor", lo que "resulta inadmisible" ya que recuerda que es "el interés de los menores el límite a la autonomía de la voluntad" de cualquier acuerdo entre los padres. El tribunal provincial alega que la razón del acuerdo, que era la permanencia de la menor con el padre, "ha desaparecido al otorgarse su guardia y custodia a la madre". La sentencia señala que el convenio regulador en los casos de separación y divorcio, aunque no esté homologado judicialmente, "debe ser tomado en consideración como manifestación de voluntad de las partes, como negocio jurídico bilateral que obliga a los que a él se someten".
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1.Los Registradores destacan la importancia de la regulación del Registrador sustituto por salvaguardar la independencia registral
ReDaCCióN 2003-08-05 09:04:33

Materia Noticias


El Decano-Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Fernando P. Méndez, ha mostrado su satisfacción por el rechazo en el Decreto regulador del derecho a instar la intervención del Registrador sustituto de la libre elección de registrador y ha destacado que este rechazo es la realidad establecida en el resto de los países. Según el Decano, si se quisiera administrar la posibilidad de libre elección de registrador, deberían participar en esta elección todos los afectados, lo que es imposible; en ningún caso, ha insistido Fernando Méndez, podría dejarse en manos de quien solicita la inscripción de su derecho porque este sería el más interesado en beneficiarse, en perjuicio de todos los demás.
El Decano del Colegio de Registradores ha recordado los recientes escándalos de los casos Worldcom y Enron como ejemplos que deben servir para tomar conciencia de que el controlado no puede elegir al controlador. Según Méndez, no puede olvidarse de que los registradores, a diferencia de los auditores, no se limitan a emitir opiniones, sino que como institución pública, asignan derechos.
El Decano ha insistido en la necesidad de introducir todas las restricciones necesarias para impedir que quien pretenda que un derecho le sea reconocido pueda "capturar" a quien tiene encomendada la delicada misión de reconocerlo o no conforme a la Ley. Cuestión distinta, ha subrayado Fernando Méndez, es que este proceso se realice con la mayor rapidez posible. Esta es la línea que ha marcado el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Desde ayer, abren por la tarde

El nuevo horario de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, abarca, además del horario de mañanas (de 9 a 14 h.), el de tardes que comprende desde las 16 a las 18 horas.
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2.-Mercantil: Se han constituido ya 117 pymes con la Ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa y 528 han comenzado los trámites
ReDaCCióN 2003-08-05 07:33:18
Materia Noticias

"Desde la entrada en vigor de la Ley de Sociedad Nueva Empresa, el pasado 2 de junio, se han constituido 117 nuevas pymes, y 528 han iniciado ya los trámites, solicitando la denominación social", según declaró la Directora General de la Pyme, María Isabel Barreiro, haciendo balance de la SLNE en la primera jornada del seminario "Nuevas Tecnologías en la contratación: Sociedad Nueva Empresa e hipoteca electrónica" que, organizado por el Consejo General del Notariado, ha tenido lugar del 28 de julio al 1 de agosto en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

"Con la Ley de Sociedad Limitada Nueva Empresa, los emprendedores disponen de una nueva opción mercantil para constituir empresas societarias de forma rápida, sencilla, con seguridad jurídica y ahorro de costes”, declaró Barreiro.

La Directora general de la Pyme, resaltó los beneficios de esta nueva legislación para los empresarios que "se ven aliviados fiscalmente los primeros años por el aplazamiento y diferimiento de impuestos. Este proyecto supone facilitar que puedan crecer y consolidarse las iniciativas empresariales individuales que proporcionan un beneficio a la comunidad y a todos; porque fomentar el espíritu emprendedor es dar dinamismo y riqueza social y económica al país".

Barreiro abundó en las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías en la contratación electrónica y del que Nueva Empresa es un claro ejemplo: "Nueva Empresa supone un paso adelante muy importante en el uso de las nuevas tecnologías para efectuar trámites con la Administración".

El director del Curso, José Javier Escolano, presidente de la Comisión de Control de Sistemas de Información del Consejo General del Notariado, quiso destacar el carácter novedoso de esta ley en la normativa internacional: "Nueva Empresa es un proyecto puntero en nuestro país y en el derecho comparado europeo hasta el punto que hay una gran expectación en Europa ante los logros de esta normativa".

Para Escolano, la reducción de trámites que permite la LSNE redundará en una mayor creación de empresas: "La administración ha hecho un esfuerzo tremendo para sustituir más de quince formularios en soporte papel cada uno de ellos con multiplicidad de casillas y posibilidad de error. En total, se acortan los plazos de tramitación de una sociedad limitada de sesenta días a 24 horas, gracias al documento único electrónico.

La Ley de Sociedad Nueva Empresa convierte a las notarías en ventanilla única para la creación de pymes

"Con la Ley de Sociedad Nueva Empresa, la notaría se convierte en el punto central para crear una sociedad. Las nuevas tecnologías permiten al notario crear una pyme en tiempo récord, ahorrando tiempo y costes a los emprendedores", según ha explicó José Javier Escolano.

"Hasta hace poco, el emprendedor que quería crear una pyme debía pasar por 8 ventanillas, rellenar 15 formularios y esperar una media de 60 días. Con la nueva Ley, una visita al Centro de Información y Creación de Empresas y otra al notario le permite constituirla en 48 horas rellenando un solo formulario, el documento único electrónico, y otorgando la escritura", explicó Escolano.

Procedimiento

Una vez asesorado en el Punto de Inicio de Asesoramiento e Inicio de Tramitación, el primer paso del emprendedor que quiera crear una nueva Empresa será concertar una cita con el notario de su libre elección, a través de la agenda notarial electrónica.

El proceso de creación de una Nueva Empresa es, resumidamente, el siguiente: el PAIT envía al notario el Documento Único Electrónico y la certificación de la denominación social emitida por el Registro Mercantil Central.

Una vez autorizada la escritura, el Notario la remitirá de manera inmediata y de modo telemático a las Administraciones tributarias competentes (Agencia Estatal de la Administración Tributaria; Seguridad Social, Comunidad Autónoma; Registro Mercantil provincial) utilizando para todo ello el sistema de Firma Electrónica Avanzada Notarial.

Una vez cumplimentados los diferentes trámites, el registrador mercantil notificará al notario los datos registrales para su constatación en la escritura de matriz y en las copias que expida. En un plazo no superior a 24 horas desde la notificación, el notario deberá expedir la copia autorizada en soporte papel de la escritura de constitución de la sociedad, entregándole toda la documentación al nuevo empresario.

[Redacción, 2003-08-05 07:33:18]
(IURISLEX.NET)
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NOTICIAS BREVES DE LOS TRIBUNALES
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**N O V E D A D E S**

DERECHO DE FAMILIA Y PENAL

1. Seis asociaciones de mujeres alertan de los peligros del proyecto de ley que regula la relación de abuelos y nietos en caso de ruptura matrimonial

2.-El Constitucional suspende la ejecución del ingreso en prisión de Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el «caso Urbanor«

3.-El Constitucional deniega la solicitud de Batasuna de suspender la ejecución de la sentencia del Supremo que declaró su ilegalización.

4.- Condenada a 2 años de prisión y a la retirada del carné de conducir por un periodo de 4 años por arrollar mortalmente a un peatón conduciendo en estado de embriaguez

5.-Condena de 2 años de prisión a la esposa de un abogado ya fallecido que se quedó con 901.000 euros de la indemnización de una cliente tetrapléjica

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL .JURISPRUDENCIA. Agresión sexual con acceso carnal y lesiones. TS 09-05-03.
Eximente incompleta de drogadicción. Falta de motivación o motivación inadecuada o insuficiente de la individualización de la pena impuesta no causante de indefensión material. Hubo vulneración del art. 68 CP en cuanto que la sentencia contiene una motivación defectuosa sobre la determinación de la cuantía de las penas impuestas, sin embargo, este defecto formal no lleva consigo la estimación del motivo del recurso porque no produjo indefensión material. Conforme se expresa el propio texto del art. 68 para determinar la pena a aplicar en los casos de eximente incompleta hay que tener en cuenta: 1º) El número y entidad de los requisitos que falten o concurran respecto de la correspondiente causa de exención de responsabilidad; 2º) Las c cunstancias personales del autor y 3º) El resto de las circunstancias atenuantes o agravantes. En los casos en que se baja un grado, la pena como consecuencia de la aplicación de una eximente incompleta ha de fijarse teniendo en cuenta las reglas del art. 66 que sirven para determinar la pena según concurran o no circunstancias atenuantes o agravantes. La regla 1ª, para los casos como el presente en que no concurre ninguna de tales circunstancias, permite recorrer la pena impuesta por la ley en toda su extensión (a diferencia de lo que ocurría en el CP anterior, en cuya regla 4ª del art. 61, en estos mismos casos de no concurrencia de circunstancias, habría de imponerse la pena en sus grados mínimo o medio, nunca en el máximo.

29.Julio.2003
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ESTAMOS EN FASE DE PRUEBAS,DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
SECCIÓN DE COLABORADORES
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CATALUÑA 24/07/2003

Treball estudia crear un registro con las empresas con más siniestralidad
Expansión. Barcelona Publicado: 08:00

La Generalitat pretende crear un registro público con las empresas catalanas con más infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.


Esta medida fue anunciada ayer por el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernández Teixidó, que ayer presidió la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales, de la que forman parte la Generalitat, Fomento del Trabajo, Pimec-Sefes, CCOO y UGT.

No obstante, el conseller reconoció que la creación de este registro público “es técnicamente complicado de poner en marcha porque se topa con la ley de protección de datos”, informa Europa Press.

Entre enero y junio de este año, los accidentes laborales en Cataluña se han cobrado la vida de 67 trabajadores, lo que significa una disminución del 30,2 por ciento respecto a los 96 fallecidos del primer semestre de 2002.

En total, se han producido 84.506 accidentes laborales con baja, un 10,62 por ciento menos, de los que 83.598 han sido leves y 841 graves. Por sectores, la agricultura registró 272 accidentes menos; la construcción, 1.669 menos; la industria, 4.202 menos; y los servicios, 3.900 menos.

Teixidó consideró que las medidas contra la siniestralidad laboral “dan resultados razonables”, aunque subrayó que mientras “haya accidentes graves o muy graves no podemos sentirnos satisfechos”.

Campaña informativa
Otras medidas consensuadas por la Generalitat y los agentes sociales consisten en introducir una batería de recomendaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva y en emprender una campaña informativa y divulgativa en esta materia.

Por otro lado, el director general de Relacions Laborals de la Generalitat, Jaume Abat, explicó que la cincuentena de nuevos técnicos de prevención anunciados por la Generalitat ya se han incorporado en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona, y en Barcelona lo harán el próximo mes de septiembre.


NOTICIAS DE MEDIOS

Actualidad

Actualitzada el 29/07/2003.
Maica López | 20 minutos |Fins a tres hores de cua han de fer els ciutadans que s’apropen a la comissaria del carrer Balmes de Barcelona per expedir el nou model de passaport. Precisament, aquesta és l’única de Catalunya que des de divendres i fins a l’octubre, tramita el nou document que, entre altres avantatges, permetrà viatjar als EUA sense haver de demanar un visat. En el cas de tenir el model antic, qui hagi d’anar als Estats Units haurà de fer-se un visat, que costarà prop de 100 euros. Malgrat tot, l’antic encara serveix per viatjar a la resta de destinacions. Tramitar el nou passaport costa 15,58 euros, només cal presentar una foto i no dues com abans, i és molt més difícil de falsificar. Entre 5 i 10 anys | El nou passaport, que es va presentar a Madrid a mitjan mes, conté totes les llengües de la Unió Europea, excepte les llengües cooficials de l’Estat. La seva validesa és de cinc anys per als menors de 30 anys i de 10 per als majors d’aquesta edat. Tot i això, no totes les persones que ahir eren a la comissaria de Balmes havien anat per aconseguir expressament el nou passaport. El fet que molta gent hagi començat les vacances i la proximitat del viatge d’estiu també van propiciar l’aglomeració. “I això només és el principi”, deia un dels funcionaris d’una de les guixetes.
-Aglomeracions pel tancament d’Eurobank La cua per tramitar el passaport no era l’única que es va veure ahir a Barcelona.Nombrosos clients d’Eurobank Mediterráneo van anar ahir a la seu de l’entitat financera per retirar els seus diners davant l’anunci de tancament que ha fet el Banc d’Espanya. Eurobank “no té problemes de liquiditat” i tots els clients podran retirar els seus fons, va afirmar ahir el conseller d’Economia, Francesc Homs. Aquest banc estava especialitzat en productes d’estalvi d’alta rendibilitat i té la seu central a Madrid.

(Fuente web.20minutos.com)29.Julio.2003
BUZON DE SUGERENCIAS Y COLABORACIONES
NOS INTERESA SU OPINIÓN Y SUGERENCIAS DE UTILIDADES A INCLUIR.ADEMÁS PUEDE REMITIR SENTENCIAS PENALES,DE FAMILIA Y ARTÍCULOS DOCTRINALES DE AMBAS MATERIAS.SERÁN PUBLICADOS PREVIA SELECCIÓN Y ESTUDIO.
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EL EQUIPO.16 Julio 2003.