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STC. 261/2005 .Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: intervención telefónica autorizada y prorrogada mediante Autos mal motivados; prueba de cargo independiente de la ilícita.

RESUMEN ANTECEDENTES. Por Sentencia de 7 de abril de 2001 se condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito de contrabando, declarándose como hechos probados que los mismos habían sido sorprendidos el día 27 de octubre de 1996 por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando procedían a cargar cajas de tabaco en sus vehículos particulares, siendo destinada tal mercancía a su distribución en distintos bares y establecimientos de la zona.
Tal pronunciamiento se fundamentó en las pruebas practicadas en el plenario, en particular las testificales realizadas por los miembros de la Guardia civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera, las declaraciones de los acusados prestadas ante el Juzgado de Instrucción, reproducidas en el juicio oral a fin de ser sometidas a contradicción por haberse negado éstos a declarar en dicho acto, así como la documental obrante en autos “con exclusión de todo lo concerniente a las intervenciones telefónicas”. Por lo que se refiere al secreto de las comunicaciones, los Autos de 10 de octubre de 1996, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Ayamonte, y de 4 de noviembre y 19 de diciembre de 1996, dictados estos últimos por el Juzgado de Instrucción núm. 2, por el que se acordó la intervención de los teléfonos de los recurrentes, no respetaban la necesaria proporcionalidad que ha de inspirar en estos supuestos la actuación judicial. Según la demanda, las intervenciones acordadas sólo habrían estado justificadas para investigar un hecho sancionado con una pena grave, que sea generador, a su vez, de una importante alarma y reproche social. Por otra parte, las referidas resoluciones de intervención telefónica no aparecían debidamente motivadas, por cuanto se limitaban a declarar el conocimiento de la existencia de un delito y la participación en él de las personas indicadas como sospechosas, sin exteriorizar dato objetivo alguno referido al caso concreto que pudiera conceptuarse como indicios de la participación de los recurrentes en el delito de contrabando. Tampoco habría existido, según la demanda, el necesario control judicial de la medida de intervención acordada, consistente en un examen periódico por el titular del órgano judicial de las conversaciones grabadas para comprobar la progresión de la investigación, a fin de decidir sobre la necesidad de su continuación mediante las prórrogas pertinentes o la intervención de nuevos teléfonos.

EXTRACTO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
(2)Las denuncias de las distintas vulneraciones de derechos fundamentales que se aducen están relacionadas entre sí y parten de la existencia de una supuesta lesión que les sirve de fundamento, cual es la del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), de forma que el examen de la cuestión ha de partir de las dudas de constitucionalidad expuestas por los recurrentes sobre éste y sólo si convenimos con los recurrentes en que dicha infracción constitucional se ha producido podremos continuar con el análisis de las restantes quejas.
La doctrina de este Tribunal parte de que la intervención de las comunicaciones telefónicas sólo puede entenderse constitucionalmente legítima cuando está legalmente prevista con suficiente precisión, autorizada por la autoridad judicial en el curso de un proceso mediante una decisión suficientemente motivada y se ejecuta con observancia del principio de proporcionalidad. En relación a este principio, la medida autorizada tiene que ser necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo. La desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar a su enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa falta de proporción implica un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza. Así, hemos mantenido que esta intervención puede ser constitucionalmente ilegítima cuando no es imprescindible, bien porque los conocimientos que pueden ser obtenidos carecen de relevancia respecto de la investigación en curso o bien porque pudieran obtenerse a través de otras medidas menos gravosas de los derechos fundamentales (SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 3.a, y 126/2000, de 16 de mayo, FJ 6). Ahora bien, la obligación de motivar la resolución por la que se acuerda una intervención telefónica constituye una exigencia previa al examen del principio de proporcionalidad, por cuanto toda disposición limitativa de un derecho fundamental ha de ser convenientemente razonada a fin de que, en ella, se plasme el pertinente juicio de ponderación sobre su necesidad. Así, la expresión del presupuesto habilitante de la intervención telefónica constituye un prius lógico de este juicio de proporcionalidad, pues, de una parte, mal puede estimarse realizado ese juicio, en el momento de la adopción de la medida, si no se manifiesta, al menos, que concurre el presupuesto que la legitima y, por otra parte, sólo a través de esa expresión, podría comprobarse posteriormente su idoneidad y necesidad, es decir la razonabilidad de la medida limitativa del derecho fundamental (STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 7), posibilitando además, posteriormente, el ejercicio del derecho a la defensa por parte del afectado por la medida, habida cuenta de que, por su propia naturaleza, aquella defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción.
Así, este Tribunal ha venido reiteradamente señalando que la resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como determinar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas, que, en principio, deberán serlo de las personas sobre las que recaigan los indicios referidos, el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez. Así, también, se deben exteriorizar en la resolución judicial, entre otras circunstancias, los datos o hechos objetivos que pueden considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo, indicios que han de ser algo más que simples sospechas pues han de estar fundados en alguna clase de datos objetivos (SSTC 82/2002, de 22 de abril, FJ 5; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 9).
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, según la anterior doctrina, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que se precisa para que puedan entenderse fundadas que se encuentren apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona (STC 165/2005, 20 de junio, FJ 4, entre otras). Este es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando en diversas resoluciones exige la concurrencia de “buenas razones o fuertes presunciones” de que las infracciones están a punto de cometerse (STEDH de 6 de septiembre de 1978, caso Klass, y de 15 de junio de 1992, caso Lüdi), expresando en nuestro Ordenamiento el art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal que han de concurrir “indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa” (art. 579.1 LECrim) o “indicios de responsabilidad criminal” (art. 579.3 LECrim).
Por lo que se refiere a la duración de la medida, este Tribunal, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH Valenzuela Contreras c. España, de 30 de julio de 1998, y Prado Bugallo c. España, de 18 de febrero de 2003), han señalado que ha de procederse con especial cautela en el momento de procederse a fijar por el órgano judicial este límite temporal en su resolución (STC 205/2005, de 18 de julio, FJ 5), siendo así que las autorizaciones judiciales que restringen determinados derechos fundamentales, como en este caso la intimidad, no puedan establecer unos límites temporales tan amplios que constituyan “una intromisión en la esfera de la vida privada de la persona” (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3.b). De no ser así, la medida de intervención telefónica, originariamente legítima desde una perspectiva constitucional perdería esta virtualidad, al devenir desproporcionada en atención a su dimensión temporal, implicando un sacrifico excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, contrario al valor “Justicia” y a las mismas exigencias del “Estado de Derecho”.
(FJ3). En el marco de las presentes actuaciones judiciales, los Autos dictados por los Juzgados de Instrucción de Ayamonte no satisfacen debidamente este requisito de motivación a que hemos venido haciendo referencia.
En efecto, en los oficios remitidos al Juzgado se hace referencia a la existencia de una supuesta organización, sin que se deduzcan de ellos los datos concretos en los que se pueda sustentar la existencia de aquéllas, ni las personas que la integran ni cuáles sean las relaciones que los usuarios de los teléfonos mantienen con dicha organización. Además, hay que tomar en consideración que las solicitudes se formulan cuando los recurrentes ya han sido detenidos por su participación en un delito de contrabando, no exponiéndose, ni en los Autos judiciales ni en los oficios del Servicio de Vigilancia Aduanera, las razones que permiten afirmar que van a continuar desarrollando las mismas actividades delictivas. Por otra parte, este conjunto fáctico discernible, cual es la detención anterior de los usuarios de los teléfonos por su implicación en un presunto delito de contrabando de tabaco, seguramente tenido en cuenta por el titular del Juzgado para autorizar las escuchas, no es suficiente para entender que sus resoluciones cumplen el requisito de la debida motivación, por cuanto debió explicitar éste las razones que le llevaban a sacrificar el derecho al secreto de las comunicaciones. (FJ 4).- Por otra parte, este Tribunal ha señalado que las condiciones de legitimidad de la limitación de este derecho fundamental afectan también a las resoluciones de prórroga y, respecto de ellas, además, debe tenerse en cuenta que la motivación ha de extenderse a las circunstancias concretas concurrentes en cada momento que legitiman la restricción del derecho, aun cuando sólo sea para poner de manifiesto la persistencia de las razones que, en su día, determinaron la inicial decisión de intervenir las comunicaciones del sujeto investigado, pues sólo así dichas razones pueden ser conocidas y supervisadas. A estos efectos no es suficiente una motivación tácita o una integración de la motivación de la prórroga por aquella que se ofreció en el momento inicial. Con base a las consideraciones jurídicas expuestas, se puede afirmar que se ha lesionado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los recurrentes, al no resultar debidamente motivados los Autos judiciales de autorización de las intervenciones telefónicas. (FJ5). Junto a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones se alega igualmente la vulneración de los derechos fundamentales a un proceso público y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y se solicita, por ello, la nulidad de la Sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Huelva y la de apelación que la confirma, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Según el propio tenor de la demanda de amparo, las pruebas practicadas en el acto del juicio oral derivan de las escuchas telefónicas, no existiendo ninguna de ellas que tenga un carácter autónomo, debiendo reputarse a su vez ilícitas, según lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al tratarse de pruebas obtenidas indirectamente con vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). De este modo, la exclusión probatoria abarcaría no sólo al contenido de las conversaciones interceptadas sino también a la misma aprehensión del tabaco y a las declaraciones de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinientes, pues estos elementos probatorios nunca se habrían producido sin las previas escuchas telefónicas, ni, incluso, la resolución por la que se acordaba la referida prórroga.
El examen del contenido de la demanda, ha de partir, por ello, de la doctrina de este Tribunal referente a la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Esta prohibición, aunque no se haya proclamado en un precepto constitucional explícito ni tenga lugar inmediatamente en virtud del derecho sustantivo originariamente afectado, expresa una garantía objetiva e implícita en el sistema de derechos fundamentales (STC 81/1998, de 2 de abril, FJ 2). Es la necesidad de tutelar éstos, en atención a la especial relevancia y posición que los mismos ocupan en nuestro ordenamiento, en cuanto traducción normativa de la dignidad humana y elemento legitimador de todo poder político (SSTC 113/1995, de 6 de julio, FJ 6; 133/2001, de 13 de junio, FJ 5), lo que obliga a negar eficacia probatoria a determinados resultados cuando los medios empleados para obtenerlos resultan constitucionalmente ilegítimos. En nuestra STC 81/1998, de 2 de abril (FJ 3), ya resaltábamos, además, que la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio opera en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías. A partir de estas premisas, ha de afirmarse que, al valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, puede resultar lesionado, en consecuencia, no sólo el derecho a un proceso con todas las garantías, sino también vulnerada la presunción de inocencia. En la Sentencia antes citada (mismo fundamento), y en otras posteriores, se ha venido consolidando la doctrina de que ello sucederá, evidentemente, si la condena se ha fundado exclusivamente en tales pruebas, por cuanto, si existen otras de cargo válidas e independientes, podía suceder que, habiéndose vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia no resulte, finalmente, infringida (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 14; 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 6; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 7). Las pruebas puestas desde la perspectiva constitucional en tela de juicio, no resultarían por sí mismas contrarias al derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas ni, por lo tanto, al derecho a un proceso con todas las garantías. Solo en virtud de su posible origen inconstitucional, como invocan los recurrentes, pueden quedar incluidas en la prohibición de valoración.
Desde esta perspectiva, es necesario hacer referencia a la doctrina que también este Tribunal ha ido configurando, fundamentalmente desde la STC 81/1998, de 2 de abril, para solucionar estos casos en que se plantea la dependencia o independencia de determinada actividad probatoria respecto de la previa vulneración de un derecho fundamental. El problema ha de surgir, por el contrario, cuando, tomando en consideración el suceso tal y como ha transcurrido de manera efectiva, la prueba enjuiciada se halla unida a la vulneración del derecho, porque se ha obtenido a partir del conocimiento derivado de ella. En estos casos, la regla general es que todo elemento probatorio que pretenda deducirse a partir de un hecho vulnerador del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas se halla también incurso en la prohibición de valoración. No obstante, en supuestos excepcionales, se ha venido admitiendo que estas pruebas son jurídicamente independientes de dicha vulneración, habiéndose reconocido como válidas y aptas para enervar el principio de presunción de inocencia. Para establecer si estamos ante un supuesto en que debe aplicarse la regla general a que nos hemos referido o, por el contrario, nos encontramos ante alguna de las hipótesis que permiten excepcionarla, habrá que delimitar sí estas pruebas están vinculadas de modo directo a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo, es decir habrá que establecer si existe o no una conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las derivadas. Tal valoración nos permitirá deducir si la ilegitimidad constitucional de la primera se ha transmitido o no inexorablemente a las segundas, habiendo fijado, también, la doctrina de este Tribunal unos criterios para determinar si se ha producido esta conexión de antijuricidad (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 14; 166/1999. de 27 de septiembre, FJ 4; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 9; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 6). Por lo dicho, cabe concluir que la comprobación de si existe o no una conexión causal entre la intervención vulneradora del art. 18.3 CE y las demás pruebas incriminatorias tomadas en consideración por el órgano judicial, es el primer análisis que se debe hacer para comprobar si se ha transmitido a estas últimas el efecto invalidante; sólo si se ha acreditado esta conexión causal o relación natural entre las mismas, se habrá de ponderar, ya en un segundo plano, si se ha transmitido la expresada ilegitimidad entre dichos elementos probatorios, partiendo de las premisas que este Tribunal ha ido configurando en torno a la denominada “conexión de antijuridicidad”. En el presente caso, el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Huelva fundamenta la condena de los recurrentes, además de en el propio hecho objetivo de la aprehensión del tabaco, en la declaración de los funcionarios que habían intervenido en la investigación y en las declaraciones autoinculpatorias de los acusados, excluyendo como elemento probatorio las referidas intervenciones telefónicas. De lo anterior se desprende que el órgano judicial tomó en cuenta, en este caso, únicamente el primero de los presupuestos a que antes se ha hecho referencia, es decir la inexistencia de una relación causal o mera conexión entre la prueba de intervención telefónica y el resto de las pruebas incriminatorias ponderadas para hacer su pronunciamiento condenatorio, sin necesidad de prolongar, por ello, su análisis al segundo de los presupuestos, es decir a la constatación de una conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las posibles pruebas derivadas. Y ello porque, si se aprecia ab initio la falta de relación natural entre dichas pruebas, resulta necesariamente excluido el posible análisis subsiguiente sobre la referida transmisión de ilegitimidad de unas pruebas a otras. No hay que olvidar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la determinación de la existencia de esta dependencia entre unas pruebas y otras no constituye en sí misma un hecho, sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de las pruebas cuestionadas, la determinación de la cual, en principio, corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios, en tanto que el control por parte del Tribunal Constitucional ha de ceñirse a comprobar su razonabilidad (así SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 14; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 9; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 6). Y en el presente caso, desde la perspectiva del control externo que corresponde a este Tribunal, parece razonable deducir que las intervenciones telefónicas practicadas, tachadas de inconstitucionales, no resultaron eficaces para la determinación de los hechos probados de la Sentencia, no existiendo por ello conexión causal entre aquéllas y las pruebas incriminatorias ponderadas por el Juzgador para basar en ellas su fallo condenatorio. Por lo que se refiere a las otras intervenciones telefónicas, practicadas éstas por los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y autorizadas por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ayamonte, como sostiene el Ministerio público, dichas diligencias no tienen significación para esta causa, ni por ello relevancia alguna para el análisis que venimos haciendo, al haber sido condenados los recurrentes por hechos anteriores a las mismas, constando como hechos probados de la Sentencia únicamente los ocurridos con fecha 27 de octubre de 1996 cuando los recurrentes fueron sorprendidos cargando en su vehículos particulares cierta cantidad de tabaco, argumento al que hay que añadir que estas intervenciones telefónicas, no obstante lesionar de manera efectiva el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, en la forma en que ya se ha declarado, dieron todas ellas un resultado negativo, no teniendo por ello utilidad para corroborar el carácter incriminatorio de las demás pruebas sí tomadas en consideración.
En su virtud, se ha de convenir en que la actuación del órgano judicial, no obstante vulnerar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los recurrentes (art. 18.3 CE), no ha lesionado su derecho a un proceso público con todas las garantías ni a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al haber sido condenados éstos a través de la utilización de pruebas válidas realizadas con todas las garantías, conforme a la Constitución y a la Ley.
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