TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
 

 
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****TEXTO DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES*****

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales revisado de
conformidad con el Protocolo n° 11
completado por los Protocolos n° 1 y 6
El texto del Convenio fue modificado de conformidad con las disposiciones del Protocolo n° 3 (STE n° 45), entrado
en vigor el 21 de Septiembre de 1970, del Protocolo n° 5 (STE n° 55), entrado en vigor el 20 de Diciembre de 1971
y del Protocolo n° 8 (STE n° 118), entrado en vigor el 1 de Enero de 1990. Incluía asimismo el texto del Protocolo
n° 2 (STE n° 44) que, de conformidad a su artículo 5 párrafo 3. formaba parte integrante del Convenio desde su
entrada en vigor el 21 de Septiembre de 1970. Todas las disposiciones modificadas o añadidas por dichos
Protocolos son sustituidas por el Protocolo n° 11 (STE n° 155), a partir de la fecha de su entrada en vigor el 1 de
Noviembre de 1998. A partir de esa fecha, el Protocolo n° 9 (STE n° 140), entrado en vigor el 1 de Octubre de
1994, queda abrogado.
Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Noviembre de 1998
2
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y
efectivos de los derechos en ella enunciados;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus
miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales;
Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de
la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un
régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los
derechos humanos de los cuales dependen;
Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados Europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de
un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de primacía del
Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los
derechos enunciados en la Declaración Universal;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1 – Obligación de respetar los derechos humanos
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y
libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio.
TITULO I – Derechos y libertades
Artículo 2 – Derecho a la vida
1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida
intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal
al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.
2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como
consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
a. en defensa de una persona contra una agresión ilegítima;
b. para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido
legalmente;
c. para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
Artículo 3 – Prohibición de la tortura
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Artículo 4 – Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado
1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3. No se considera como "trabajo forzado u obligatorio" en el sentido del presente artículo:
a. todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el
artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional;
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b. todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la
objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio
militar obligatorio;
c. todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la
comunidad;
d. todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 5 – Derecho a la libertad y a la seguridad
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en
los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
a. Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal
competente;
b. Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o
para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley;
c. Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la
autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o
cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla
cometido;
d. Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el
fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer
ante la autoridad competente;
e. Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar
una enfermedad contagiosa, de en enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo;
f. Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para
impedir que su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de
expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que
comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1. c., del presente
artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley
para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en
libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que
asegure la comparecencia del interesado a juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento tendrá derecho a presentar un
recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación
de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de detención o de una privación de libertad contrarias a las disposiciones de este
artículo tendrá derecho a una reparación.
Artículo 6 – Derecho a un proceso equitativo
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo
razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre
sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia
penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de
audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de
la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los
intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la
medida en que sera considerado strictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
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2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente declarada.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a. a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la
naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b. a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
c. a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para
pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia
lo exijan;
d. a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la convocación e
interrogación de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que
lo hagan en su contra;
e. a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la
audiencia.
Artículo 7 – No hay pena sin ley
1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida,
no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta
una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una
omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho
reconocidos por las naciones civilizadas.
Artículo 8 – Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto
esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea
necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de
los derechos y las libertades de los demás.
Artículo 9 – Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica
la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la liberdad de manifestar su religión o sus
convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las
prácticas y la observancia de los ritos.
2. La liberdad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las
que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las
libertades de los demás.
Artículo 10 – Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la
libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades
públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las
empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
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2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad
pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección
de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o
para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
Artículo 11 – Libertad de reunión y de asociación
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el
derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la
ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o
la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohibe que se impongan
restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía
o de la Administración del Estado.
Artículo 12 – Derecho a contraer matrimonio
A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las
leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.
Artículo 13 – Derecho a un recurso efectivo
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene
derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya
sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Artículo 14 – Prohibición de discriminación
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin
distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación.
Artículo 15 – Derogación en caso de estado de urgencia
1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte
Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la
estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción
con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional.
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes
resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1.) y 7.
3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al
Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado.
Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas
hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación.
Artículo 16 – Restricciones a la actividad política de los extrajeros
Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de prohibir a
las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.
Artículo 17 – Prohibición del abuso de derecho
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para
un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto
tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a
limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.
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Artículo 18 – Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos
Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y
libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.
TITULO II – TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 19 – Institución del Tribunal
Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del
presente Convenio y sus Protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante
denominado "el Tribunal". Funcionará de manera permanente.
Artículo 20 – Número de Jueces
El Tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.
Artículo 21 – Condiciones de ejercicio de sus funciones
1. Los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el
ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
2. Los jueces formarán parte del Tribunal a título individual.
3. Durante su mandato, los jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las
exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo
completo : cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el
Tribunal.
Artículo 22 – Elección de los jueces
1. Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria a título de cada Alta Parte Contratante, por
mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.
2. Se seguirá el mismo procedimiento para completar el Tribunal en el caso de adhesión de nuevas Altas
Partes Contratantes y para proveer los puestos que queden vacantes.
Artículo 23 – Duración del mandato
1. Los jueces son elegidos por un período de seis años. Son reelegibles. No obstante, en lo que se refiere a
los jueces designados en la primera elección, los mandatos de la mitad de ellos terminarán al cabo de tres
años.
2. Los jueces cuyo mandato concluya al término del período inicial de tres años serán designados por sorteo
efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de su elección.
3. A fin de asegurar, en lo posible, la renovación de las funciones de una mitad de los jueces cada tres años,
la Asamblea Parlamentaria podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios
mandatos de los jueces que deban elegirse tengan una duración distinta de los seis años, sin que ésta
pueda, sin embargo, exceder de nueve años ni ser inferior a tres.
4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que la Asamblea Parlamentaria haga aplicación
del párrafo precedente, el reparto de mandatos se realizará mediante sorteo efectuado por el Secretario
General del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
5. El juez elegido en sustitución de un juez cuyo mandato ho haya expirado, ejercerá sus funciones hasta
completar el mandato de su predecesor.
6. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años.
7. Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de
los asuntos que tengan ya asignados.
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Artículo 24 – Revocación
Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios,
que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
Artículo 25 – Secretaría y referendarios
El Tribunal tendrá una secretaría cuyas funciones y organización serán determinadas por el reglamento del
Tribunal. Estará asistido de referendarios.
Artículo 26 – Pleno del Tribunal
El Tribunal, reunido en pleno
a. elegirá, por un período de tres años, a su presidente y a uno o dos vicepresidentes, que serán
reelegibles ;
b. constituirá Salas por un período determinado ;
c. elegirá a los presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles ;
d. aprobará su reglamento, y
e. elegirá al Secretario y a uno o varios secretarios adjuntos.
Artículo 27 – Comités, Salas y Gran Sala
1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en comités formados por tres jueces
o en Salas de siete jueces o en una Gran Sala de diecisiete jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los
comités por un período determinado.
2. El juez elegido en representación de un Estado parte en el litigio será miembro de pleno derecho de la
respectiva Sala y de la Gran Sala ; en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir, dicho
Estado parte designará una persona que actúe de juez.
3. Forman también parte de la Gran Sala el presidente del Tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las
Salas y demás jueces designados de conformidad con el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea
deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá
actuar en la misma, con excepción del presidente de la Sala y del juez que haya intervenido en
representación del Estado parte interesado.
Artículo 28 – Declaración de inadmisibilidad por los comités
Un comité podrá, por unanimidad, declarar inadmisible o archivar una demanda individual presentado en
virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen
complementario. La resolución será definitiva.
Artículo 29 – Resoluciones de las Salas sobre la admisibilidad y el fondo del asunto
1. Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud del artículo 28, la Sala se pronunciará sobre la
admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34.
2. La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados presentadas en
virtud del artículo 33.
3. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución acerca de la admisibilidad se
toma por separado.
Artículo 30 – Inhibición en favor de la Gran Sala
Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o
de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada
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anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado
sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello.
Artículo 31 – Atribuciones de la Gran Sala
La Gran Sala
a. Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el
asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido
deferido en virtud del artículo 43 ; y
b. examinará las solicitudes de opiniones consultivas en virtud del artículo 47.
Artículo 32 – Competencia del Tribunal
1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del
Convenio y de sus Protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 y
47.
2. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma.
Artículo 33 – Asuntos entre Estados
Toda Alta Parte Contratante podrá someter al tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el
Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Parte Contratante.
Artículo 34 – Demandas individuales
El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no
gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas
Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
Artículo 35 – Condiciones de admisibilidad
1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende
según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a
partir de la fecha de la resolución interna definitiva.
2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34, cuando :
a. Sea anónima ; o
b. sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida
a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos.
3. El Tribunal considerará inadmisible cualquier demanda individual presentada en aplicación del artículo 34,
cuando la estime incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente
mal fundada o abusiva.
4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo.
Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.
Artículo 36 – Intervención de terceros
1. En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo
nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista.
2. En interés de la buena administración de la justicia, el presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta
Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante,
a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista.
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Artículo 37 – Archivo de las demandas
1. En cualquier momento del procedimiento el tribunal podrá decidir archivar una demanda del registro de
demandas cuando las circunstancias permitan comprobar :
a. que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla ; o
b. que el litigio haya sido ya resuelto ; o
c. que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no esté justificada la prosecución del
examen de la demanda.
No obstante, el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos
humanos garanizados por el Convenio y sus Protocolos.
2. El Tribunal podrá decidir que vuelva a inscribirse en el registro de demandas el procedimiento cuando
estime que las circunstancias así lo justifican.
Artículo 38 – Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo amistoso
1. Si el Tribunal declara admisible una demanda :
a. procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una
indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades
necesarias ;
b. se pondrán a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso del caso, inspirándose
para ello en el respeto de los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.
2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1. b. será confidencial.
Artículo 39 – Conclusión de un arreglo amistoso
En el caso de arreglo amistoso, el Tribunal archivará el asunto del registro de demandas mediante una
resolución, que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la resolución adoptada.
Artículo 40 – Vista pública y acceso a los documentos
1. La vista es pública, a menos que el tribunal no decida otra cosa por circunstancias excepcionales.
2. Los documentos depositados en la secretaría serán accesibles al público, a menos que el presidente del
Tribunal decida de otro modo.
Artículo 41 – Satisfacción equitativa
Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la
Alta Parte Cotratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el
Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.
Artículo 42 – Sentencias de las Salas
Las sentencias de las Salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2.
Artículo 43 – Remisión ante la Gran Sala
1. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto
podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.
2. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave
relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de
carácter general.
3. Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se pronunciará acerca del asunto mediante sentencia.
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Artículo 44 – Sentencias definitivas
1. La sentencia de la Gran Sala será definitiva.
2. La sentencia de una Sala será definitiva cuando :
a. las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala ; o
b. no haya sido solicitado la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después de la fecha de la
sentencia ; o
c. el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión formulada en aplicación del artículo 43.
3. La sentencia definitiva será hecha pública.
Artículo 45 – Motivación de las sentencias y de las resoluciones
1. Las sentencias, así como las resoluciones que declaren a las demandas admisibles o no admisibles, serán
motivadas.
2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquier juez tendrá
derecho a unir a ella su opinión por separado.
Artículo 46 – Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios
en que sean partes.
2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.
Artículo 47 – Opiniones consultivas
1. El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones
jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.
2. Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la
extensión de los derechos y libertades definidos en el Título I del Convenio y de sus Protocolos, ni sobre las
demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la
presentación de un recurso previsto por el Convenio.
3. La resolución del Comité de Ministros de solicitar una opinión al Tribunal, será adoptada por voto
mayoritario de los representantes que tengan el derecho de intervenir en el Comité.
Artículo 48 – Competencia consultiva del Tribunal
El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su
competencia, tal como la define el artículo 47.
Artículo 49 – Motivación de las opiniones consultivas
1. La opinión del Tribunal estará motivada.
2. Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho de
unir a ella su opinión por separado.
3. La opinión del Tribunal será comunicada al Comité de Ministros.
Artículo 50 – Gastos de funcionamiento del Tribunal
Los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa.
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Artículo 51 – Privilegios e inmunidades de los jueces
Los jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el
artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo.
TITULO III – DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 52 – Encuestas del Secretario General
A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las
explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de
cualquiera de las disposiciones de este Convenio.
Artículo 53 – Protección de los derechos humanos reconocidos
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar
aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes
de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.
Artículo 54 – Poderes del Comité de Ministros
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de
Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa.
Artículo 55 – Renuncia a otros modos de solución de controversias
Las Altas Partes Contratantes renuncian reciprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los
tratados, convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una
diferencia surgida de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de
solución distinto de los previstos en el presente Convenio.
Artículo 56 – Aplicación territorial
1. Cualquier Estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar,
mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que el presente Convenio se
aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a alguno
de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.
2. El Convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a partir del trigésimo día
siguiente a la fecha en la que el Secretario General del Consejo de Europa haya recibido esta notificación.
3. En los mencionados territorios, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán teniendo en cuenta las
necesidades locales.
4. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrá,
en cualquier momento sucesivo, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en
cuestión, la competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, de
organizaciones no gubernamentales o de grupos de particulares tal como se prevé en el artículo 34 del
Convenio.
Artículo 57 – Reservas
1. Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su
instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida
en que una ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza
las reservas de carácter general.
2. Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada de una breve exposición
de la ley de que se trate.
Artículo 58 – Denuncia
1. Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio, al término de un plazo de cinco
años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis
12
meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las
restantes Partes Contratantes.
2. Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la Alta Parte Contratante interesada de las
obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir
una violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en
que la denuncia produzca efecto.
3. Bajo la misma reserva, dejará de ser parte en el presente Convenio toda Alta Parte Contratante que deje
de ser miembro del Consejo de Europa.
4. El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a
cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable en los términos del artículo 56.
Artículo 59 – Firma y ratificación
1. El presente Convenio está abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las
ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa.
2. El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación.
3. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor desde el momento del
depósito del instrumento de ratificación.
4. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la
entrada en vigor del Convenio, los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado, así
como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente.
Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario
General transmitirá copias certificadas a todos los signatarios.
13
PROTOCOLO N° 1 al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
Los Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de Europa,
Resueltos a tomar medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades
distintos de los que ya figuran en el Título I del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de
las libertades fundamentales, firmado en Roma en 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante "el
Convenio").
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1 – Protección de la propiedad
Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su
propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios
generales del Derecho Internacional.
Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de dictar las
leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés
general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.
Artículo 2 – Derecho a la instrucción
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma
en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta
educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Artículo 3 – Derecho a elecciones libres
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con
escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección
del cuerpo legislativo.
Artículo 4 – Aplicación territorial
Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo o
en cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración
indicando la medida en que se compromete a que las disposiciones del presente Protocolo se apliquen a
los territorios que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales sea responsable.
Toda Alta Parte Contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo anterior podrá,
periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración
anterior o que ponga fin a la aplicación del presente Protocolo en un territorio cualquiera.
Una declaración formulada conforme al presente artículo será considerada como si hubiera sido hecha
conforme al párrafo 1. del artículo 56 del Convenio.
Artículo 5 – Relaciones con el Convenio
Las Altas Partes Contratantes considerarán los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente Protocolo como artículos
adicionales al Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.
Artículo 6 – Firma y ratificación
El presente Protocolo está abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa, signatarios del
Convenio; será ratificado al mismo tiempo que el Convenio o después de la ratificación de éste. Entrará en
vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique
ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa,
quien notificará a todos los Miembros los nombres de aquellos que lo hubieran ratificado.
14
Hecho en Paris, el 20 de marzo de 1952, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos,
en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General
remitirá copia certificada a cada uno de los Gobiernos signatarios.
15
PROTOCOLO N° 6 al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la
abolición de la pena de muerte
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al Convenio para la protección
de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950
(denominado en adelante "el Convenio") ;
Considerando que los avances realizados en varios Estados miembros del Consejo de Europa expresan
una tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte ;
Han convenido lo siguiente :
Artículo 1 – Abolición de la pena de muerte
Queda abolida la pena de muerte. nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.
Artículo 2 – Pena de muerte en tiempo de guerra
Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte para aquellos actos cometidos en tiempo de
guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha
legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del
Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación en cuestión.
Artículo 3 – Prohibición de derogaciones
No se autorizará ninguna derogación de las disposiciones del presente Protocolo en base al artículo 15 del
Convenio.
Artículo 4 – Prohibición de reservas
No se aceptará ninguna reserva a las disposiciones del presente Protocolo en base al artículo 57 del
Convenio.
Artículo 5 – Aplicación territorial
1. Cualquier Estado, en el momento de la firma o en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, podrá designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Protocolo.
2. Cualquier Estado podrá, en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro
territorio designado en la declaración. El Protocolo entrará en vigor, con respecto a dicho territorio, el primer
día del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
3. Cualquier declaración hecha en virtud de los párrafos anteriores podrá retirarse, respecto a cualquier
territorio designado en la misma, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá
efecto el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
Artículo 6 – Relaciones con el Convenio
Los Estados Partes considerarán los artículos 1 a 5 del presente protocolo como artículos adicionales al
Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán de consecuencia.
Artículo 7 – Firma y ratificación
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios
del Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de
Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar al presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio
simultánea o anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante
el Secretario General del Consejo de Europa.
16
Artículo 8 – Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la cual cinco Estados
miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el
Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.
2. Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de quedar vinculado por el
Protocolo, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 9 – Funciones del depositario
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo :
a. cualquier firma;
b. el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o de aprobación;
c. cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 5 y 8;
d. cualquier otra acta, notificación o comunicación referente al presente Protocolo.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados a tal efecto, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El
Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del
Consejo de Europa.
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS- CASO BUGALLO V ESPAÑA-ESCUCHAS TELEFÓNICAS-
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****EN FRANCES*****



QUATRIÈME SECTION


AFFAIRE PRADO BUGALLO c. ESPAGNE


(Requête no 58496/00)


ARRÊT


STRASBOURG


18 février 2003



DÉFINITIF

18/05/2003




Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Prado Bugallo c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas BRATZA, président,
MM. M. PELLONPÄÄ,
A. PASTOR RIDRUEJO,
Mme E. PALM,
MM. M. FISCHBACH,
J. CASADEVALL,
S. PAVLOVSCHI, juges,
et de M. M. O’BOYLE, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 avril 2002 et 28 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58496/00) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Ramón Prado Bugallo (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Emilio Ginés Santidrián, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 septembre 2001, la chambre a décidé de communiquer pour observations le grief tiré de l’article 8 de la Convention (article 54 § 2 b) du règlement) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7. Par une décision du 16 avril 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire.
9. Le 17 septembre 2002, le Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable n’était pas envisageable dans la présente affaire.
10. Le 22 octobre 2002, la chambre a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond de l’affaire (article 59 § 3 du règlement).
11. Le 20 novembre 2002, le requérant a présenté ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le 27 novembre 2002, le Gouvernement a soumis ses commentaires à cet égard.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12. Le requérant, José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol né en 1956 et résidant à Cambados.
1. La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête
13. A la tête d’un vaste complexe économique composé de plusieurs sociétés d’import-export de tabac ayant leur siège dans la région de Panama, en Galice et à Anvers, le requérant disposait en Espagne d’un large réseau de collaborateurs (« colaboradores »).
14. Fin 1990, le juge central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional ouvrit une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette enquête, sur demande du ministère de l’Intérieur, le juge d’instruction ordonna le 28 septembre 1990, conformément à l’article 579.3 du code de procédure pénale, la mise sur écoute pour une période de trente jours des lignes téléphoniques de plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants. Le juge ordonna également que tous les quinze jours, et chaque fois qu’une prolongation serait demandée, les bobines d’enregistrement et leur retranscription soient remises au greffier pour vérification conformément aux directives contenues dans l’arrêt du Tribunal suprême du 5 février 1988. N’ayant pas reçu les bobines ni la retranscription dans ledit délai de quinze jours, le juge d’instruction ordonna le 24 octobre 1990 la cessation des écoutes.
15. Le 23 novembre 1990, le juge d’instruction ordonna la mise sur écoute de lignes téléphoniques inscrites au nom de plusieurs personnes physiques et morales soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic de cocaïne dirigé par le requérant. Une fois encore, le juge ordonna que les enregistrements effectués soient remis tous les quinze jours au greffier pour vérification.
16. En décembre 1990 et janvier 1991, le juge ordonna de nouvelles mises sur écoute, toujours sur le fondement de l’article 579.3 du code de procédure pénale, assorties des mêmes conditions quant à leur contrôle par le greffier du tribunal.
17. Au terme d’une intense investigation policière, les 19 et 20 janvier 1991, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés par la police. En conséquence de ces investigations, une quantité importante de cocaïne dissimulée dans une voiture utilisée par les collaborateurs du requérant, ainsi que dans plusieurs appartements, fut saisie par la police. Par ailleurs, un camion pourvu de cachettes pour le transport de marchandises, loué par un des collaborateurs du requérant, fut également découvert.
2. La procédure devant l’Audiencia Nacional
18. Au terme de l’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement avec plusieurs de ses collaborateurs devant la chambre pénale de l’Audiencia Nacional. Il était accusé de plusieurs délits : trafic de stupéfiants, contrebande, délit monétaire, faux en écritures publiques et corruption active. Dans son mémoire en défense, le requérant souleva en particulier la nullité de certains actes de procédure, et sollicita notamment la nullité des preuves obtenues à la suite des écoutes téléphoniques qu’il estimait contraires au droit.
19. Par un jugement contradictoire du 26 juin 1993, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable des délits de trafic de stupéfiants, de transfert de monnaie non autorisé, et de faux en écritures publiques, et le condamna à une peine de vingt ans et trois mois de prison, ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes pénales, dont certaines assorties de la contrainte par corps. Pour condamner le requérant, le tribunal se fonda sur les enregistrements d’écoutes téléphoniques effectués par la police, sur les déclarations des prévenus, les expertises commises, ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations.
20. S’agissant du moyen de défense fondé sur l’allégation de nullité des écoutes téléphoniques, l’Audiencia Nacional rejeta cette exception liminaire pour les motifs suivants :
« (...) L’expérience montre que l’observation et la mise sur écoute des différents moyens techniques de communication constituent des recours efficaces dans la lutte des pouvoirs publics contre cette forme moderne de délinquance [le trafic de stupéfiants]. Toutefois, ces méthodes présentent le risque d’affecter le droit constitutionnel au secret des communications, droit garanti dans toutes les sociétés démocratiques (...)
2. Ce risque devient clairement évident dans des systèmes juridiques comme le nôtre dans lequel, en raison de son ancienneté, la norme de procédure ne prévoyait pas de situations adaptées à notre temps. Il est vrai que cette situation a en partie été corrigée par la réforme tardive et ambiguë de l’article 579 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale conformément à la loi organique 4/88 du 25 mai 1988, qui constitue le droit positif espagnol en vigueur en la matière (...)
Ce droit positif est complété par des dispositions de rang supralégal nationales et internationales, ainsi que par les récentes décisions du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel dont, notamment, la décision du Tribunal suprême (2ème chambre) du 18 juin 1992, avec la jurisprudence mentionnée, et les arrêts (...) des 2 juin et 17 octobre 1992.
(...) le tribunal doit limiter son examen aux écoutes téléphoniques concernant des personnes mises en examen, dont la retranscription a été lue et soumise à contradiction lors de l’audience publique (...)
En effet, l’article 579 du code de procédure pénale, rédigé d’après la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et développant l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole, n’offre pas une réglementation exhaustive, mais se limite à déterminer : a) la forme que doit revêtir la décision de mise sur écoute (motivée, article 248 § 2 de la loi organique du pouvoir judiciaire) ; b) le délai et les motifs de prorogation (jusqu’à trois mois, prorogeables pour des périodes égales) ; le but de la mesure (obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification d’un fait ou d’une circonstance importante pour l’affaire), et d) les cas où la mesure est admise, à savoir l’existence d’une personne mise en examen ou à l’égard de laquelle existent des indices de responsabilité criminelle. Ces normes positives sont complétées par les exigences découlant de la jurisprudence concernant : 1. le contenu des décisions (numéro de téléphone, abonné, domicile et durée) ; 2. la présentation périodique des cassettes et la retranscription littérale, avec vérification et comparaison par le greffier ; 3. la ratification par les fonctionnaires qui ont réalisé les écoutes et transcriptions ; 4. l’information des accusés et, le cas échéant, une expertise pour la reconnaissance des voix ; 5. la reproduction lors de la procédure orale dans le respect, entre autres, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; 6. la déclaration sous serment des fonctionnaires de police, et 7. l’obligation de montrer ou notifier à l’intéressé la décision judiciaire ordonnant la mainlevée des écoutes. Or, en l’espèce, toutes les mises sur écoute téléphonique ont été soumises au contradictoire et remplissent plus ou moins les conditions précitées. En effet, toutes les écoutes sont couvertes par des décisions judiciaires, suffisamment motivées et proportionnées, eu égard à la gravité des délits faisant l’objet de l’investigation, la possible implication des accusés et la nécessité de la mesure adoptée aussi bien quant à son utilité qu’à son caractère indispensable. Toutes ces circonstances confèrent une légitimité aux décisions prises.
De même, les écoutes remplissent toutes les conditions exigées par la législation en vigueur, de par leur durée et la forme de leur exécution – par délégation à la police – sous contrôle juridictionnel effectif et continu par le biais de la remise des cassettes et transcriptions, et de par leur vérification sous serment judiciaire.
Toutefois, (...) la chambre signale que, d’après l’examen des actes de vérification figurant au dossier, un certain nombre de données objectives concernant le matériel remis n’y figure pas – comme le fait d’indiquer s’il s’agit de bobines originales ou de copies, des numéros de téléphone et leur localisation, des dates et autres données qui facilitent l’identification du matériel – non seulement durant l’instruction, mais surtout durant la phase de jugement. Cela étant, la chambre a pu surmonter ses premiers doutes après avoir vérifié que l’ensemble des cassettes disponibles ont été transmises par le juge d’instruction, l’intégrité du matériel disponible étant ainsi assurée.
(...) Par ailleurs, bien qu’elle ait reçu les cassettes au début de l’audience publique avec les autres pièces à conviction (...) la chambre n’a pas estimé opportun d’entendre la totalité des cassettes, car compte tenu de leur nombre et de leur durée considérable, cela aurait entraîné un retard évident et préjudiciable à la tenue des sessions, et donc une circonstance empêchant réellement le déroulement normal de l’audience. Toutefois, les parties n’ont pas réitéré, lors de l’audience publique, leur demande d’audition sur magnétophone des enregistrements remis. Dès lors, la lecture de la documentation correspondante satisfait aux exigences des dispositions applicables en la matière.
5. Ces motifs conduisent au rejet de la demande en nullité formulée par la défense et à considérer comme pleinement valables les écoutes téléphoniques concernant les accusés, dont les transcriptions ont été soumises à contradiction lors de la phase de jugement (...) »
3. Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
21. Le requérant forma devant le Tribunal suprême un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire en défense, il allégua la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en raison notamment d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et au droit à utiliser les moyens de preuve à décharge pertinents. Il allégua également que les écoutes téléphoniques réalisées durant les investigations judiciaires et policières avaient méconnu son droit au secret des communications (article 18 de la Constitution).
22. Par un arrêt du 31 octobre 1994, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris à l’exception de ce qui concernait la contrainte par corps, qu’il supprima. Examinant la question de la légalité des écoutes téléphoniques, il déclara d’emblée que l’on ne pouvait déroger au droit au secret des communications, qu’elles soient postales, télégraphiques et téléphoniques, tel que garanti par l’article 18 § 3 de la Constitution, que par le biais d’une décision judiciaire. Le Tribunal ajouta qu’outre la législation applicable (article 579 du code de procédure pénale), qu’il qualifia de déficiente, les tribunaux avaient également pris en compte plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel rendus en 1984, 1987, 1988, 1990 et 1992, ainsi que les arrêts Klass, Schenk, Malone, Kruslin et Huvig rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans le cas d’espèce, examinant la proportionnalité de l’ingérence constituée par les écoutes téléphoniques, le Tribunal, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, estima que l’ingérence était justifiée eu égard à la gravité d’un délit tel que le trafic de stupéfiants à grande échelle et organisé. Après avoir rappelé les conditions légales devant entourer la mise sur écoute téléphonique, notamment la nécessité du contrôle juridictionnel de la mesure et les conditions d’exploitation des conversations interceptées, le Tribunal estima que, dans le cas d’espèce, la mesure contestée avait été prise dans le cadre d’une instruction pénale et qu’elle était motivée et contrôlée par le juge. Il observa que les transcriptions des conversations interceptées avaient été vérifiées par le greffier du tribunal. Par ailleurs, le Tribunal constata que le requérant avait omis de réitérer, lors de l’audience publique devant l’Audiencia Nacional, ses demandes d’audition des cassettes contenant les conversations enregistrées, et estima que la lecture des documents correspondants remplissait les exigences légales. Examinant le moyen tiré du rejet par le juge d’instruction de la demande du requérant de commettre deux experts en télécommunications afin qu’ils procèdent à une expertise des écoutes téléphoniques, le Tribunal l’écarta au motif que le requérant n’avait pas formellement protesté contre le rejet de sa demande comme il aurait pu le faire. Enfin, le Tribunal estima que le requérant avait été condamné sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve suffisants.
4. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
23. Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et respect du principe de la présomption d’innocence) et 18 § 3 (respect du secret des communications) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il se plaignait en particulier du refus d’audition des cassettes contenant l’enregistrement des conversations interceptées durant l’instruction, puis lors de l’audience publique devant l’Audiencia Nacional. Il se plaignait également du rejet par le juge d’instruction de sa demande de désigner deux experts en télécommunications afin de procéder à une expertise des écoutes téléphoniques. Par un arrêt du 20 décembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo. S’agissant du grief tiré de l’article 18 § 3 de la Constitution, la haute juridiction, après avoir rappelé les exigences constitutionnelles devant entourer la mise sur écoute téléphonique, se prononça comme suit :
« (...) Dans le cas présent, l’examen des actes de la procédure (...) révèle, comme le souligne le ministère public, que les écoutes téléphoniques ont respecté les exigences requises. (...) En effet, il convient de souligner que la première interception téléphonique, décidée par le juge central d’instruction no 5 le 23 novembre 1990, n’est pas dépourvue de motivation puisqu’elle a été adoptée dans le cadre des actes réalisés par le même juge dans une autre procédure en cours (no 13/90, dirigée également contre le requérant pour trafic de drogue) (...) où la mise sur écoute de plusieurs téléphones a été autorisée, avec indication des numéros de téléphone ainsi que des abonnés, en considérant qu’une telle mesure pouvait faciliter la collecte d’informations d’importance pour l’investigation sur les ramifications de l’organisation de trafic de stupéfiants, et sur l’arrivée possible d’une importante quantité de cocaïne. Les mises sur écoute postérieures furent elles aussi décidées par le juge d’instruction, toujours à l’égard de personnes précises et de lignes téléphoniques concrètes, pour une durée limitée (généralement un mois) dans le cadre d’une enquête judiciaire sur un trafic de drogue.
Dans toutes les décisions autorisant la mise sur écoute figure l’obligation pour la police d’apporter tous les quinze jours, et chaque fois qu’une demande de prorogation est sollicitée, la transcription et les cassettes pour vérification par le greffier du tribunal (...) A cet égard, le dossier de la procédure comprend les accusés de réception des cassettes ainsi que les procès-verbaux de vérification par l’officier judiciaire des cassettes enregistrées et de leurs transcriptions (...) En outre, les décisions de prorogation des interceptions téléphoniques justifient la nécessité de la prolongation de la mesure, à savoir la complexité des faits objet de l’enquête (...)
En conséquence, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle citée, on peut conclure que, dans le cas présent, aucune violation de l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole n’a eu lieu dans la cause examinée, à savoir une enquête sur un délit que notre législation considère comme grave. Ainsi, les interceptions téléphoniques ont respecté les exigences de contrôle juridictionnel, de légalité et de proportionnalité (...)
Par ailleurs, la quasi-totalité des irrégularités dénoncées concerne la manière dont le résultat des écoutes ordonnées par le juge d’instruction a été utilisé, dans un premier temps, lors de la procédure d’instruction puis lors de la procédure orale, mais ne porte pas sur la substance du droit au secret des communications. (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le régime des écoutes téléphoniques
a) La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 10 § 2
« Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 18 § 3
« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
Article 96
« Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne (...) »

b) Le code de procédure pénale
i. Avant l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
Parmi les dispositions pertinentes du titre VIII du livre II du code de procédure pénale portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l’examen des livres et des pièces écrites et l’interception et l’ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, celles relatives à la correspondance étaient les suivantes :
Article 579
« Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. »
Article 581
« L’agent ayant effectué la saisie de la correspondance la remettra immédiatement au juge d’instruction. »
Article 583
« La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...) »
Article 586
« L’opération aura lieu au moyen de l’ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...) »
Article 588
« L’ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...)
Cet acte sera signé par le juge d’instruction, le greffier et les autres personnes présentes. »
ii. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988
La loi organique 4/1988 a modifié les articles 553 et 579 du titre VIII du livre II (paragraphe 30 ci-dessus). L’article 579, seul pertinent en l’espèce, dispose :
Article 579
« 1. Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.
2. Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.
3. De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles.
(...) »
c. La jurisprudence
a) Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel a précisé que le concept de « secret » ne couvre pas seulement le contenu des communications, mais aussi d’autres aspects de celles-ci, comme l’identité des interlocuteurs.

b) Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême a relevé l’imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui a amendé l’article 579 du code de procédure pénale. L’arrêt précisait que les cassettes enregistrées à partir d’une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de leur contenu, qui devait être vérifié par le greffier, pour audition, le cas échéant, lors des débats oraux. Il ajoutait que « si les conditions prévues par l’article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l’administration de la preuve, et s’il permettait son audition lors des débats oraux », l’interception de la communication téléphonique serait considérée comme une preuve valable.

c) Dans sa décision (auto) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême a interprété la législation existant en Espagne en la matière après l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphes 29 et 31). Il a précisé que « le législateur n’établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associés » et a souligné que les lacunes, l’insuffisance et l’imprécision de cette législation devaient être corrigées par le juge national et par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
24. A cet égard, le Tribunal suprême a établi les principes suivants :
« En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par la mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes :
1. Absence d’indices. Insuffisance de motivation
(...) Absence d’indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l’écoute téléphonique ; de simples soupçons de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffisent pas.
2. Absence de contrôle
Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de la mise sur écoute du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d’un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables ; il faut en effet, d’une part, vérifier la progression de l’enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d’autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l’interception/la surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale.
3. Périodicité du contrôle. Effets
Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu’il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l’interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents exécutant de cette mesure.
Si le juge ordonne de mettre fin à l’interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernée(s) (...) pour qu’elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (...)
Ce n’est qu’en cas exceptionnel que le secret pourra être gardé jusqu’à la fin de l’enquête, afin de ne pas compromettre l’intérêt légitime ayant présidé à son ouverture (voir l’arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l’affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l’enquête (...)
4. Dissociation entre autorisation et enquête
(...) Il y a violation du droit à la vie privée et, plus simplement du droit au secret des communications en général et des communications téléphoniques en particulier, (...) lorsque, au cours de l’écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu’un ou plusieurs nouveaux délits ont été commis. A ce moment, (...) la police doit immédiatement en informer le juge d’instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu’il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (...) Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l’interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu’il apparaît que le nouveau délit présumé qui ressort des entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l’autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s’il a ou non été respecté en l’espèce. (...)

5. Remise de copies au lieu d’originaux
Il y a aussi violation de la légalité de l’interception téléphonique lorsque cette mesure n’est pas conforme à la Constitution et à l’ensemble de la législation (article 579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu’en plus, celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel constitue une grave violation du système. (...) Car il faut que le juge, conseillé, s’il l’estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (...) sélectionne, de la façon qui lui semble adéquate, ce qui intéresse l’enquête ordonnée par lui, et qu’il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque divulgation non désirée ou indésirable de conversations n’ayant rien à voir avec la décision d’écoute. Il met aussi immédiatement fin à l’interception lorsqu’elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d’une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l’ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (...)
6. Constatation du caractère proportionné
(...) Sur cette base, il faut observer le rapport de proportionnalité existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (...) Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer en recherchant si les objectifs légitimes de l’enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas d’espèce le sacrifice de prérogatives aussi importantes que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (...)
7. Fixation de la mesure et de ses limites
(...) Il appartient à l’autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure, et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l’intéressé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
25. Le requérant affirme que l’interception de ses communications téléphoniques a emporté violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
26. Le requérant estime que la législation espagnole applicable aux écoutes téléphoniques ne répond pas à la condition de prévisibilité énoncée au paragraphe 2 de l’article 8, et se réfère à la jurisprudence établie par la Cour dans l’affaire Valenzuela Contreras c. Espagne (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). A cet égard, il considère que la modification législative incorporée à l’article 579 du code de procédure pénale par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 est insuffisante, dès lors qu’elle ne définit pas avec précision la nature des infractions pouvant donner lieu à une mise sur écoute, ni les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées, ni l’utilisation et l’effacement des enregistrements. A son avis, la motivation et le contrôle juridictionnel des décisions ordonnant la mise sur écoute sont insuffisants. S’agissant de la décision du Tribunal suprême du 18 juin 1992, il considère qu’elle ne saurait combler toutes les lacunes de la loi. En effet, comme cela a été indiqué par le Tribunal constitutionnel, seule la loi peut réglementer les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution. Au demeurant, le requérant fait valoir que les garanties énoncées dans la décision du 18 juin 1992 ne lui ont pas été appliquées. Ainsi le juge ne reçoit pas les cassettes originales mais des copies. D’ailleurs, l’Audiencia Nacional a elle-même constaté les insuffisances du système de contrôle des écoutes téléphoniques. Une autre violation découle du fait que tout le contrôle postérieur à l’enregistrement est laissé à la charge du greffier et non du juge. Les cassettes ne sont pas remises au juge, et ce n’est pas lui qui sélectionne les bobines qui lui semblent nécessaires pour l’enquête.
27. Pour sa part, le Gouvernement estime qu’au moment des faits, la législation espagnole applicable en matière de mise sur écoute téléphonique répondait aux exigences de l’article 8 de la Convention. Il souligne que la réforme opérée en 1988, combinée avec l’interprétation faite par les tribunaux espagnols, satisfait aux conditions inhérentes à cette disposition de la Convention. Il considère que le grief du requérant est purement formel, et souligne l’examen minutieux réalisé par les tribunaux internes des allégations du requérant concernant la violation supposée de son droit au respect de ses communications. Il fait remarquer que les autorités judiciaires internes ont motivé chaque fois, de manière minutieuse, les décisions de mise sur écoute.
28. La Cour rappelle que, dans l’affaire Valenzuela Contreras (précitée, paragraphe 61), elle a conclu à la violation de l’article 8 au motif que le droit espagnol, écrit et non écrit, n’indiquait pas avec assez de clarté, au moment des faits, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré.
29. La présente affaire se différencie de l’affaire Valenzuela Contreras en ce que la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 a modifié l’article 579 du code de procédure pénale et précisé dans ses paragraphes 2 et 3 les modalités de contrôle de la mise sur écoute des conversations téléphoniques. Aux termes de cet article, la surveillance des communications téléphoniques ne peut intervenir que sur décision motivée du juge, lorsqu’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. Ces mêmes garanties doivent entourer les décisions de prorogation de cette mesure de surveillance. Quant aux retranscriptions des conversations enregistrées, elles ont lieu sous le contrôle du greffier du tribunal.
30. La Cour estime cependant que les garanties introduites par la loi de 1988 ne répondent pas à toutes les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour, notamment dans les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France, pour éviter les abus. Il en va ainsi de la nature des infractions pouvant donner lieu aux écoutes, de la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, et des conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées, tâche qui est laissée à la compétence exclusive du greffier du tribunal. Ces insuffisances concernent également les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins d’un contrôle éventuel par le juge et par la défense. La loi ne contient aucune disposition à cet égard.
31. Ces lacunes ont d’ailleurs été relevées par les juridictions supérieures espagnoles, qui ont estimé que les modifications opérées par cette loi étaient insuffisantes pour répondre aux garanties devant entourer les mises sur écoute téléphonique. Voilà pourquoi, outre ces dispositions législatives, le Tribunal suprême, notamment dans sa décision du 18 juin 1992 (voir ci-dessus dans la partie « droit interne pertinent »), ainsi que le Tribunal constitutionnel, ont jugé nécessaire de définir toute une série de garanties complémentaires précisant l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des juges, ainsi que les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées et leur exploitation par le juge d’instruction.
32. La Cour constate que, si la loi de 1988 a apporté d’indéniables progrès, d’importantes lacunes persistaient au moment où les écoutes furent réalisées. Il est vrai que ces insuffisances ont été palliées en grande partie par la jurisprudence, notamment celle du Tribunal suprême. Cela étant, cette évolution jurisprudentielle, à supposer même qu’elle puisse combler les lacunes de la loi au sens formel, est intervenue après les ordonnances du juge d’instruction décrétant la mise sur écoute des téléphones de personnes participant à l’activité délictuelle dirigée par le requérant. Dès lors, elle ne peut entrer en ligne de compte dans la présente affaire.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant ne formule aucune demande au titre du dommage matériel et moral. Il se borne à préciser qu’il se réserve le droit d’obtenir réparation, une fois la violation constatée par la Cour, par le biais des différents recours et actions existant en droit interne. En l’absence de demande de la part du requérant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant réclame 15 080 EUR au titre des frais et dépens, qu’il ventile comme suit :
a) 11 200 EUR pour la préparation de la requête devant la Cour ;
b) 1 800 EUR pour les frais de déplacement au centre pénitentiaire où il est incarcéré, soit un montant de 13 000 EUR. A cette somme, il ajoute 16 % de TVA, soit 2 080 EUR.
37. Le Gouvernement considère que le montant demandé est excessif et disproportionné. Il estime que l’éventuel constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
38. La Cour estime que le requérant ne saurait prétendre au remboursement de la totalité des frais encourus devant les organes de la Convention. Elle rappelle à cet égard avoir déclaré irrecevable une partie des griefs du requérant dans sa décision du 6 septembre 2001. Par conséquent, elle juge raisonnable d’octroyer de ce chef 7 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BOYLE Nicolas BRATZA
Greffier Président
MATERIA: DERECHO PENAL
ESTADO: FRANCIA
ASUNTO: PRINCIPIO "NON BIS IN IDEM" Y DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO.
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En el asunto Göktan contra Francia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, señores A. B. Baka, Presidente, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Birsan, M. Ugrekhelidze, señora A. Mularoni, así como por la señora S. Dollé, Secretaria de Sección,

Tras haber deliberado en privado los días 23 de noviembre de 2001, 5 de diciembre de 2001 y 11 de junio de 2002,

Dicta la siguiente

***SENTENCIA***

PROCEDIMIENTO

1 El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 33402/1996) dirigida contra la República francesa, que un ciudadano turco, el señor Ali Riza Göktan («el demandante»), sometió a la Comisión Europea de Derechos Humanos («la Comisión»), en virtud del antiguo artículo 25 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190, 1572) («el Convenio»), el 11 de marzo de 1996.

2 El demandante está representado ante el Tribunal por el señor M.-C. Reminiac, abogado colegiado en Bourg-en-Bresse y el señor T. Beygo, abogado colegiado en Estambul. El Gobierno francés («el Gobierno») está representado por su agente, la señora M. Dubrocard, subdirectora de Derechos Humanos en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

3 El demandante alega una violación del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y del artículo 4 del Protocolo núm. 7.

4 La demanda fue remitida al Tribunal el 1 de noviembre de 1998, fecha de entrada en vigor del Protocolo núm.11 (RCL 1998, 1562 y 2300) del Convenio (artículo 5.2 del Protocolo núm. 11).

5 Conforme al artículo 52.1 del Reglamento se asignó el caso a la Sección Tercera del Tribunal. La Sala constituida en Sección, conforme al artículo 26.1 del Reglamento del Tribunal, examinaría el caso (artículo 27.1 del Convenio).

6 Mediante Decisión de 27 de noviembre de 2001, la Sala admitió la demanda.

7 Tanto la demandante como el Gobierno presentaron alegaciones por escrito sobre el fondo del asunto (artículo 59.1 del Reglamento).

8 El 1 de noviembre de 2001 el Tribunal modificó la composición de sus secciones (artículo 25.1 del Reglamento). La presente demanda fue asignada a la Sección Segunda así modificada (artículo 52.1)

HECHOS

I CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

9 El demandante nació en 1953 y reside actualmente en Turquía.

10 El demandante llegó a Francia en 1974. En la época de los hechos trabajaba como dependiente en Estrasburgo.

11 El 15 de marzo de 1991 fue detenido en compañía de M. B. por agentes del Departamento regional de policía judicial de Estrasburgo (SRPJ) y por agentes de aduanas cuando se disponían a realizar una transacción con droga con una pareja que consiguió huir.

12 El demandante no cesó de proclamar su inocencia y de afirmar que había sido objeto de un montaje por los servicios de aduanas. Explicaba en efecto que había aceptado representar el papel de «señalador»; trabajaba para ello en colaboración con J.-F. R. del SRPJ y con J.-P. C., comisario de aduanas, y ello fue el origen de su detención. En cuanto a la pareja que «escapó» de la policía durante la detención, se trataba en realidad de dos agentes de aduanas, apodados «Maud» y «Serge».

13 El 18 de marzo de 1991, el demandante fue acusado de tráfico de estupefacientes y encarcelado. El 3 de junio de 1991 fue juzgado ante el Tribunal correccional de Estrasburgo que lo condenó, así como a M. B., el 25 de junio de 1991, a las penas siguientes: a) a cinco años de reclusión por los delitos de importación, adquisición, posesión, transporte de estupefacientes, tentativa de oficio o de cesión de estupefacientes, importación, posesión y tráfico de estupefacientes, b) a la prohibición definitiva de pisar territorio francés y c) a 1.070.000 francos como confiscación y a 400.000 francos de multa de aduanas a pagar solidariamente a la Administración de aduanas por el delito aduanero de contrabando de mercancías.

14 El Tribunal correccional de Estrasburgo pronunciaba en la misma sentencia la ejecución mediante arresto en aplicación del artículo 382 del Código de aduanas.

15 El 27 de junio de 1991, la Fiscalía exigió la ejecución mediante arresto como pago de la multa arancelaria por un período de dos años.

16 El 5 de noviembre de 1991, la Sala de apelación correccional del Tribunal de Apelación de Colmar confirmó la sentencia en primera instancia en todas sus disposiciones, tanto penales como arancelarias.

17 El 6 de noviembre de 1991, el demandante decidió recurrir en casación pero finalmente desistió de ello y el 3 de febrero de 1992 se archivaron las actuaciones del Tribunal de Casación.

18 El 4 de septiembre de 1994, el demandante cumplió su pena de cárcel pero permaneció en prisión para llevar a cabo la ejecución mediante arresto durante dos años, de la multa fiscal de 1.470.000 francos. Apeló de urgencia al presidente del Tribunal de Gran instancia de Mulhouse para impugnar el procedimiento de ejecución mediante arresto, debido a que nunca recibió el requerimiento de pago de la Dirección general de Aduanas. El Juez de los recursos de urgencia rechazó la demanda por medio de una orden de 27 de septiembre de 1994. Mediante Sentencia de 28 noviembre 1994, el Tribunal de Apelación de Colmar confirmó la orden dictada por los motivos siguientes:

«Del artículo 388 del Código de aduanas se desprende que el tribunal puede, por decisión expresa, mantener detenido al condenado por un delito o una infracción en materia de contribución indirecta, pese a la apelación o al recurso de casación, hasta que haya pagado la suma de las sanciones fiscales pronunciadas en su contra.

Es jurisprudencia constante que el derecho de aduanas es un derecho especial, derogatorio del derecho común.

En este caso, la remisión al Código de Enjuiciamiento penal, prevista expresamente por el Código de aduanas sólo hace referencia a la duración de la ejecución mediante arresto.

En consecuencia, el Tribunal, confirmado por el tribunal superior, al haber ordenado expresamente la ejecución anticipada del arresto en aplicación del artículo 388 del Código de aduanas, las disposiciones de los artículos 749 y siguientes del Código de Enjuiciamiento penal concediendo la competencia al presidente del Tribunal de Gran instancia, apelado de urgencia, son inaplicables».

19 El 26 de octubre de 1994, el Tribunal de Casación declaró al demandante desposeído de su recurso, ya que no había presentado su informe de casación dentro del plazo legal.

20 El 14 de marzo de 1996 presentó una demanda por acumulación de la pena de cárcel y de la ejecución mediante arresto, considerando que estaba cumpliendo dos penas de reclusión por los mismos hechos.

21 Invocaba una violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7 del Convenio, que establece el principio «non bis in idem», así como el artículo 6 del mismo Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). Invocaba en particular en apoyo de su argumentación el asunto Jamil contra Francia del Tribunal (Sentencia de 8 junio 1995 [TEDH 1995, 20], serie A núm. 317-B), en cuanto a que calificaba la ejecución mediante arresto como «pena» en el sentido del Convenio.

22 Mediante Sentencia de 21 mayo 1996, el Tribunal de Apelación de Colmar rechazó su demanda debido, por un lado, «a que las sentencias dictadas por el TEDH son declarativas, ya que no tienen ninguna fuerza obligatoria para el Tribunal de instancia, el cual solamente está obligado a aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos» y, por otro, a que «la ejecución mediante arresto presenta las características legales, no de una pena, sino de una medida de ejecución forzosa vinculada a las penas pecuniarias cuyo pago trata de garantizar». El tribunal concluía que el artículo 5 del antiguo Código penal, al establecer la acumulación de las penas, no fue vulnerado por el Tribunal de instancia ni permite la acumulación entre la pena de reclusión y la ejecución mediante arresto.

23 El 22 de mayo de 1996, el demandante recurrió en casación contra esta sentencia. Mediante Sentencia de 16 septiembre 1997, el Tribunal de Casación inadmitió el recurso por los motivos siguientes:

«[...] el demandante no puede de forma válida alegar que, resolviendo en privado, como prevé el artículo 711 del Código de Enjuiciamiento penal, el Tribunal de Apelación vulneró las disposiciones del artículo 6 del Convenio;

[...] la exigencia de publicidad promulgada por dicho texto sólo alude a los procedimientos sobre el «fundamento de cualquier acusación en materia penal» y no puede por tanto ser invocada con ocasión de una instancia en la que se resuelve, como en este caso, una solicitud de acumulación de pena; [...]

[...] se desprende de la sentencia impugnada y del expediente que Ali Göktan fue declarado culpable de infracción a la legislación de estupefacientes y delitos de aduanas y concretamente condenado a 5 años de cárcel y a una multa arancelaria; que habiendo sido ejecutado el arresto por una duración de dos años, el interesado solicitó su acumulación con la pena de cárcel;

[...] para rechazar esta solicitud, el Tribunal de Apelación admite concretamente que la ejecución mediante arresto presenta el carácter legal no de una pena, sino de una medida de ejecución forzosa vinculada a las penas pecuniarias cuyo pago tiende a asegurar;

[...] que de este modo, el Tribunal de Apelación justifica su decisión sin incurrir en la queja alegada; [...]».

24 El demandante, que actualmente ha terminado de cumplir el conjunto de las penas a las que fue condenado, fue expulsado a su país, Turquía, en aplicación de la pena de prohibición de estancia en el territorio.

II LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA INTERNAS APLICABLES

1 La ejecución mediante arresto

25 Perdurando la reclusión por falta de pago de deudores insolventes, la ejecución mediante arresto consiste en el encarcelamiento del deudor recalcitrante en una prisión. Sólo subsiste en beneficio del Tesoro Público y garantiza el cobro de créditos del Estado tales como las condenas pecuniarias o cualquier otro pago en provecho del Tesoro Público sin carácter de indemnización civil.

26 Durante la condena del demandante, el artículo L. 627.6 del Código de la salud pública seguía aún vigente y preveía:

«Por derogación de las disposiciones del artículo 750 del Código de Enjuiciamiento Penal, la duración de la ejecución mediante arresto está fijada en dos años cuando la multa y las condenas pecuniarias pronunciadas por una de las infracciones mencionadas en el párrafo supra o por los delitos de aduanas conexos exceden los 500.000 francos».

27 El artículo 706.1,2 del nuevo Código de Enjuiciamiento penal, vigente desde el 1 de marzo de 1994, contiene las mismas disposiciones.

28 El artículo 382 del Código de aduanas dispone:

«La ejecución de las resoluciones y las sentencias dictadas en materia de aduanas podrá tener lugar por cualquier vía de derecho.

Las resoluciones y sentencias condenatorias por infracción a las Leyes de aduanas serán, además, ejecutadas mediante arresto [...]».

29 El artículo 388 del mismo código dispone:

«Por decisión expresa del tribunal, toda persona condenada por un delito de aduanas o una infracción en materia de contribuciones indirectas podrá, pese a la apelación o al recurso de casación, permanecer detenida hasta que haya pagado la suma de las sanciones fiscales pronunciadas en su contra; salvo en caso de tráfico de estupefacientes, la duración de la detención consumada en estas condiciones a partir de la condena se imputa sobre la de la ejecución mediante arresto pronunciada por el Código de Enjuiciamiento penal para una condena pecuniaria de igual cuantía que la de las sanciones fiscales pronunciadas».

30 Por derogación al derecho común, la Administración de adunas podrá por tanto, en aplicación del artículo 388 del Código de Aduanas, requerir ante el Juez la ejecución anticipada del arresto que acompaña al pronunciamiento de las multas arancelarias. Ello significa en la práctica que el deudor que haya terminado de purgar su reclusión penal no será liberado, sino que comenzará inmediatamente a cumplir la ejecución mediante arresto.

31 Tradicionalmente, la jurisprudencia consideraba que la ejecución mediante arresto constituía una medida de ejecución, destinada a forzar a una persona a cumplir con las obligaciones a su cargo. Tras la Sentencia del Tribunal en el asunto Jamil contra Francia previamente citado, el Tribunal de Casación señaló que la ejecución mediante arresto constituía «una medida de carácter penal, prevista por la Ley para garantizar la ejecución de las condenas pecuniarias, sanciones fiscales y fraudes fiscales, tal y como autoriza el artículo 5.1 b) del Convenio» y no «una pena subsidiaria de encarcelamiento que pueda confundirse con una pena privativa de libertad mediante la aplicación de los artículos 132.3 y 132.4 del antiguo Código penal» (Cas. Crim. 29 mayo 1997, Caytarla). El Tribunal de Casación añadió, por otro lado, en una Sentencia de 16 mayo 2000, que «la ejecución mediante arresto constituye una pena en el sentido del artículo 7 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y que establecida para asegurar el pago de los créditos de la Administración de Aduanas, no puede ser ejecutada sin que se remita al deudor, en aplicación del artículo 754 del Código de Enjuiciamiento penal, un requerimiento de pago como mínimo cinco días y máximo un año antes de su ejecución, instituyendo el artículo 388 del Código de aduanas una modalidad concreta de ejercicio de la ejecución mediante arresto, sin excluir la aplicación de los artículos 752 a 756 del Código de Enjuiciamiento penal».

2 La acumulación de las penas

32 Este principio es planteado por el artículo 5 del Código de Enjuiciamiento penal vigente en el momento de la condena del demandante:

«En caso de prueba de culpabilidad de varios crímenes o delitos, solamente se pronunciará la pena mayor. Lo mismo sucederá en lo relativo al encarcelamiento, en caso de pluralidad de infracciones de la 5ª clase».

33 El principio de la acumulación de las penas está previsto en los artículos 132.2 a 132.7 del nuevo Código penal.

34 La Sala de lo penal del Tribunal de Casación consideraba, según la jurisprudencia constante, que la ejecución mediante arresto no tiene carácter de pena sino que es una medida de ejecución forzosa. Consideraba concretamente que «aunque la Ley vincule la ejecución mediante arresto a las penas pecuniarias cuyo cobro pretende asegurar, ésta no es sin embargo una vía de ejecución» (Cas. Crim 26-06-1989, Cas. Crim. 25-7-1991, Cas. Crim. 4.01.1995).

35 En consecuencia, la norma de la acumulación no puede permitir en derecho francés, en virtud de la interpretación de la naturaleza de la ejecución mediante arresto, la acumulación entre la pena de encarcelamiento y la ejecución mediante arresto.

36 Sin embargo, el Tribunal de Casación no es unánime sobre el carácter de pena o de medida de ejecución de la ejecución mediante arresto. La Sala de lo mercantil, en lo que le afecta, considera que constituye una pena en el sentido del artículo 7 del Convenio (Cas. Crim. 16-5-2000, Sentencia citada en el apartado 31 supra).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I SOBRE LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DE VOLVER A PLANTEAR LA APRECIACION RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LAS VIAS DE RECURSO INTERNAS POR PARTE DEL DEMANDANTE

37 En sus alegaciones complementarias, el Gobierno solicita al Tribunal que reconsidere su postura en cuanto al fundamento de la excepción preliminar relativa al agotamiento de las vías de recurso internas por parte del demandante, que planteó con anterioridad y que fue rechazada en su Decisión sobre la admisibilidad de la demanda de 27 de noviembre de 2001. En apoyo de su solicitud, el Gobierno señala que la demanda por acumulación de las penas no puede en este caso constituir una vía de recurso interna efectiva en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal, ya que en ningún caso podría prosperar. En efecto, sería imposible considerar una decisión favorable al demandante al no reunir este último las condiciones legales para poder pretender una acumulación de penas. Por el contrario, para «eliminar el origen de la queja», el demandante podía pagar o consignar en todo o en parte la deuda arancelaria, incluso proporcionar una garantía en lugar de la suma (artículo 759 del Código de Enjuiciamiento penal), justificar su insolvencia y ser liberado del pago de la multa (artículo 752 del Código de Enjuiciamiento Penal), o por último ejercer una acción judicial para impugnar la legalidad del procedimiento.

38 El Tribunal no percibe ningún elemento nuevo que le pueda llevar a reconsiderar la postura que tomó en su Decisión de 18 enero 2000 en cuanto al agotamiento de las vías de recurso internas. De ello se deduce que la solicitud del Gobierno deba ser rechazada.

II SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 4 DEL PROTOCOLO NUM. 7

39 El demandante alega que la aplicación de la ejecución mediante arresto, como pago de las multas arancelarias impuestas paralelamente a penas de cárcel por tráfico de estupefacientes, lleva en la práctica a imponer al condenado dos penas de reclusión sucesivas como castigo por los mismos hechos delictivos. En consecuencia, la negativa del Tribunal de Apelación a dictar la acumulación de dos penas de cárcel, confirmada por el Tribunal de Casación, vulnera el artículo 4 del Protocolo núm. 7, que dispone:

«1. Nadie podrá ser perseguido o castigado penalmente por los tribunales del mismo Estado en razón de una infracción por la que hubiera sido ya absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la Ley y al procedimiento penal de ese Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la reapertura del proceso, conforme a la Ley y al procedimiento penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o revelaciones nuevas, o cuando un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar a la sentencia dictada».

40 El Gobierno señala que el demandante fue sancionado a la vez con una pena de cárcel y una multa arancelaria, lo que constituye una pena mixta. En cuanto a la ejecución mediante arresto, sólo se aplica en la medida en que el condenado no haya pagado, en todo o en parte, la multa; a este respecto no tiene sino carácter subsidiario. Además, el Gobierno señala que en su Sentencia Jamil contra Francia (TEDH 1995, 20) previamente citada (ver Legislación interna aplicable), el Tribunal indicó expresamente que la solución que adoptaba no se aplicaba sino en el marco del artículo 7 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) para el problema específico de la aplicación retroactiva de una Ley penal, por otro lado la única queja que le fue sometida en este caso. En consecuencia, la Sentencia Jamil no puede considerarse que implique que la ejecución mediante arresto constituya una «pena» en el sentido del artículo 4 del Protocolo núm. 7 y sea merecedora en derecho interno de la totalidad de las disposiciones relativas al régimen de las penas de reclusión previstas por el Código penal.

41 Suponiendo incluso que la ejecución mediante arresto constituya una pena, el Gobierno señala que el demandante no podía pretender beneficiarse de una acumulación de las penas de las que había sido objeto. Esta era en efecto facultativa y nada permite considerar que el tribunal competente le hubiese dado satisfacción, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los hechos reprochados. Por lo tanto, el rechazo del Tribunal de Apelación en admitir la acumulación presentada por el demandante no constituye una violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7.

42 El Gobierno señala asimismo que el demandante fue condenado por un tribunal represivo y nunca fue objeto de un segundo procedimiento que concluyera en una resolución por los hechos por los que ya había sido condenado. Habiendo sido el demandante sancionado mediante una sola decisión judicial por dos delitos distintos que dieron lugar al pronunciamiento de dos sanciones diferentes, no se reúnen en este caso las condiciones de aplicación del artículo 4 de dicho Protocolo.

43 El demandante, por su parte, alega que la aplicación de la ejecución mediante arresto en ejecución de las multas arancelarias, impuestas paralelamente a penas de cárcel por tráfico de estupefacientes, lleva en la práctica a imponer al condenado dos penas de reclusión sucesivas por los mismos hechos delictivos. Señala que el Tribunal de Casación considera de forma constante que la ejecución mediante arresto no es sino una vía de ejecución de una obligación de carácter represivo y pecuniario que no ha sido motivada por el tribunal que la impone ni por la Administración que la solicita (Cas. Crim. 26 junio 1989, Cas. Crim. 25 julio 1991 y Cas. Crim. 4 enero 1995). Tampoco son los tribunales los que fijan la duración de la ejecución mediante arresto, ya que la Ley no deja a ese respecto ningún margen de apreciación. Pronunciada por el tribunal represivo y destinada a ejercer un efecto disuasivo, la pena impuesta al demandante condujo a una privación de libertad de carácter punitivo y constituye una pena automática y aditiva en el sentido del artículo 4 del Protocolo núm. 7.

44 El Tribunal señala, en primer lugar, que su jurisprudencia relativa a la norma «non bis in idem» no es muy amplia. Recuerda que en la Sentencia Jamil contra Francia anteriormente citada el Tribunal decidió que la ejecución mediante arresto constituía una pena en el sentido del artículo 7 del Convenio. En la Sentencia Gradinger contra Austria de 23 octubre 1995 (TEDH 1995, 38) (serie A núm. 328-C), consideró que violaba el artículo 4 del Protocolo núm. 7 el hecho de castigar a alguien que hubiera cometido homicidio por imprudencia en estado de ebriedad dos veces, en dos instancias distintas; el Tribunal admitió que existían dos infracciones, pero que las dos condenas se habían basado en el mismo comportamiento. En el asunto Oliveira contra Suiza de 30 julio 1998 (TEDH 1998, 89) (Repertorio de sentencias y resoluciones 1998-V, pg. 1990), consideró por el contrario que se trataba de una concurrencia ideal de delitos (ausencia de dominio del vehículo y comisión, por negligencia, de lesiones corporales), y, considerando que el caso se distinguía del precedente, concluyó con la no violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7.

45 En el asunto Ponsetti y Chesnel contra Francia (decisión de inadmisibilidad de 14 de septiembre de 1999, núm. 36855/1997 y núm. 41731/1998 respectivamente), el Tribunal consideró que la condena a una multa fiscal por parte de la Administración fiscal y a una condena penal por un tribunal penal no violaba la norma «non bis in idem», promulgada por el artículo 4 del Protocolo núm. 7.

46 El Tribunal señala también que los trabajos preparatorios del Protocolo núm. 7 no aportan mucha claridad en la materia, excepto que reflejan un concepto más bien estricto del «non bis in idem».

47 El Tribunal señala que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 prohíbe perseguir o castigar penalmente a nadie (por los tribunales del mismo Estado), en razón de una infracción por la hubiera sido ya condenado mediante una sentencia definitiva.

48 El Tribunal considera que la ejecución mediante arresto que acompaña a la multa arancelaria es, no una medida de ejecución de ésta, sino una pena, tanto en el sentido del artículo 7 del Convenio (Sentencia Jamil contra Francia anteriormente mencionada) como en el sentido del artículo 4 del Protocolo núm. 7; la noción de pena no puede tener acepciones distintas según la diferentes disposiciones convencionales. De ello deduce que el demandante fue castigado penalmente con la imposición de la ejecución mediante arresto, y que ya lo había sido, por el tráfico de estupefacientes, con la pena de prisión (más la prohibición del territorio francés) y, en cuanto al delito de aduanas de contrabando de mercancías, con la multa arancelaria: en efecto: ésta tiene un carácter mixto (reparación civil y sanción penal ver la Sentencia Jamil contra Francia previamente citada, ap. 14).

49 El demandante alega esencialmente que fue castigado dos veces por la misma infracción ya que sufrió un doble encarcelamiento, uno por tráfico de estupefacientes, y otro por el impago de la multa arancelaria, y se queja de la inadmisión de su demanda por acumulación de las penas (pero, en derecho francés, la acumulación no es sino una facultad del Juez, y no todos los Estado tienen dicho sistema).

50 En realidad, el Tribunal considera que en este caso un mismo tribunal penal juzgó a la misma persona por los mismos hechos delictivos, a saber el tráfico de estupefacientes importados de contrabando. Dicho de otro modo, como en el asunto Oliveira contra Suiza anteriormente mencionado, un hecho penal único se descompone aquí en dos infracciones distintas: un delito penal general y un delito de aduanas. Se puede admitir que se trata, como en el asunto Oliveira contra Suiza, de una concurrencia ideal de calificaciones, y dicho precedente debería ser transpuesto «a fortiori» (ya que, en Oliveira contra Suiza, hubo condena por dos tribunales: el Tribunal lo lamentó, en nombre de la buena administración de la justicia, pero sin embargo concluyó con la no violación).

51 El Tribunal no puede sino mostrar sus reservas al propio sistema de la ejecución mediante arresto que es una medida de privación de libertad arcaica en provecho del Tesoro Público (por el contrario, el artículo 1 del Protocolo núm. 4 es inoperante, ya que prohíbe el encarcelamiento por deuda solamente en los casos de obligaciones contractuales). Sin embargo, teniendo en cuenta la jurisprudencia Gradinger y Oliveira, el Tribunal considera que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 no ha sido violado en este caso. Señala además, aunque el Gobierno no lo haya alegado en el presente caso, que Francia emitió una reserva en la ratificación del Protocolo núm. 7 por la cual no admitía el artículo 4 sino en los asuntos dependientes de la competencia de los tribunales penales; ahora bien, como ya admitió el Tribunal en la Sentencia Jamil contra Francia previamente citada, la multa arancelaria tiene un carácter mixto que puede hacerle entrar dentro del campo de aplicación de la reserva. El Tribunal no puede sin embargo basarse en ésta ya que no ha sido planteada, y, por lo demás, fue un tribunal correccional el que impuso dicha multa.

52 En conclusión, el Tribunal considera que no hubo violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7.

III SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 6.1 DEL CONVENIO

53 El demandante también invoca la vulneración del carácter equitativo del procedimiento: la ausencia de poder de apreciación del tribunal en cuanto a la duración del arresto que impone al acusado (estando fijada la duración de pleno derecho en el artículo 706.31 del Código de Enjuiciamiento penal), la imposibilidad para el inculpado de utilizar medios de defensa a ese respecto (siendo la pena automática) y la ausencia de motivación de la sentencia sobre la pena pronunciada (considerando la jurisprudencia la ejecución mediante arresto una vía de ejecución), constituyen una violación del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) que, en su parte aplicable, dice lo siguiente:

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa [...] por un Tribunal [...] que decidirá [...] sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella».

54 En opinión del Gobierno, la ejecución mediante arresto no tiene en derecho francés el carácter automático e inevitable que alega el demandante en su demanda. El Juez penal no carece de poder cuando pronuncia las sanciones de aduanas. El artículo 369.1 del Código de Aduanas le confiere la facultad de modular la cuantía de la multa ya que en lugar de una suma comprendida entre 1.070.000 y 2.140.000 francos, como solicitaban las aduanas, impuso una multa de 400.000 francos. Además, el artículo 388 del mismo código deja al Juez represivo la libertad de apreciar si procede o no mantener al acusado detenido en virtud de la ejecución mediante arresto; se trata por tanto de una facultad y no de una obligación para el tribunal, como alega por error el demandante.

55 Además, a un «apremiado» le está permitido recurrir de urgencia al presidente del Tribunal de Gran instancia para obtener el levantamiento de la ejecución mediante arresto, conforme al artículo 756 del Código de Enjuiciamiento penal. El Juez de los recursos de urgencia puede tanto resolver únicamente examinando la legalidad de los documentos que han permitido la detención, y apreciar las excepciones pudiendo justificar una liberación inmediata si existieran nuevos hechos sobrevenidos tras la sentencia, o en caso de seria impugnación, remitir el caso ante el Tribunal. El Tribunal reconoció por otro lado la eficacia de dicho recurso señalando en una decisión parcial de desestimación, de 6 de abril de 2000, que en vista «de la futura ejecución mediante arresto, [el] demandante podrá [impugnar su carácter automático] recurriendo al Juez de los recursos de urgencia, conforme al artículo 756 del Código de Enjuiciamiento penal, solicitando el levantamiento por causa de insolvencia en aplicación del artículo 752 de dicho código» (Heinrich contra Francia, Decisión, núm. 44006/1998).

56 Por último, el artículo 756 del Código de Enjuiciamiento penal prevé que el Juez de los recursos de urgencia remita eventualmente el incidente contencioso ante el Tribunal. En caso de incidente sobre la apreciación de la insolvencia del interesado, el tribunal es el que está en mejores condiciones para pronunciarse sobre la pertinencia de las pruebas relativas a la insolvencia. Parece por tanto que la ejecución mediante arresto puede aún ser suspendida, o incluso suprimida, en el momento de su ejecución, al final del debate contradictorio que incluye al Ministerio público encargado de las diligencias y a la parte demandante.

57 El demandante alega que la autoridad judicial que es competente para imponer la multa arancelaria y pronunciar la ejecución mediante arresto no dispone de ningún poder para establecer su duración, estando ésta fijada por la Ley. En consecuencia, el Juez se encuentra privado de toda libertad de apreciación que permita examinar los elementos acusatorios o exculpatorios. Por otro lado, el demandante fue privado de su derecho de hacer valer sus alegaciones sobre las acusaciones y demandas de los servicios de aduanas. Debido al carácter automático de la pena, el Juez no pudo ejercer ningún control ni el demandante pudo utilizar ningún medio de defensa. Por último, en la medida en que la ejecución mediante arresto sea constitutiva de pena en el sentido del Convenio, la ausencia de motivación vulnera asimismo el principio de equidad del procedimiento.

58 El Tribunal señala que el demandante considera por tanto que el carácter automático de la pena, el no respeto de los derechos de la defensa y la ausencia de motivación violan las normas del proceso equitativo. Sin embargo, considera que la queja basada en el incumplimiento de los derechos de la defensa apenas está fundada; de todos modos, los derechos de la defensa fueron respetados ante el Tribunal correccional que impuso la ejecución mediante arresto, al menos el demandante no alega lo contrario, y lo mismo sucede con la motivación de la sentencia. El demandante confunde en realidad esta sentencia y la decisión del tribunal que le mantuvo detenido como resultado de su pena principal de reclusión con el fin de efectuar la ejecución mediante arresto (artículo 388 del Código de Aduanas). En cuanto a la duración del arresto, está fijado por la Ley en función de la importancia de la multa arancelaria (artículo 706.31 del Código de Enjuiciamiento penal). Pero no existe un precedente en los órganos del Convenio, ni en virtud del artículo 6 ni del artículo 7, que censure el hecho para el legislador de prever una pena fija, o que obligue al Juez a «modular» dicha pena en función de las circunstancias de la causa, más allá de la importancia de la multa arancelaria impuesta. Ello es válido «a fortiori» para una medida que esté vinculada a la vez a una reparación civil y a una sanción penal.

59 En consecuencia, el Tribunal considera que no hubo violación del artículo 6.1 del Convenio.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1 Rechaza, por unanimidad, la solicitud del Gobierno de desistir de su decisión relativa a la excepción preliminar del no agotamiento de las vías de recurso internas;

2 Declara, por unanimidad, que no hubo violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7;

3 Declara, por seis votos contra uno, que no hubo violación del artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).

Hecha en francés y notificada por escrito el 16 de abril de 2002, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: A.B. Baka, Presidente; S. Dolle, Secretaria.

Se adjunta a la presente sentencia, en aplicación de los artículos 45.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y 74.2 del Reglamento, la opinión disidente del señor Loucaides.

OPINION PARCIALMENTE DISIDENTE DEL Sr. LOUCAIDES

Aunque admito al igual que la mayoría y por los motivos señalados en la sentencia que no ha habido violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7 en este caso, no comparto la conclusión según la cual el artículo 6 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no fue vulnerado.

Considero que en la medida en que las disposiciones legales aplicables preveían un período fijo de encarcelamiento, privando de esta forma al tribunal competente de toda posibilidad de adaptar la pena a los hechos y circunstancias del caso, incluida la situación personal del acusado, se imponía una constatación de violación del artículo 6 del Convenio. Una disposición penal que, como la impugnada en este caso, prevé una pena de encarcelamiento fija de dos años debiendo ser impuesta en todos los casos, cualesquiera que sean las circunstancias, entrando dentro de cierta categoría, cuando es inevitable que surjan en el seno de ésta casos en los que dicha pena no sea (teniendo en cuenta las circunstancias de la causa) proporcional a la gravedad de la infracción es, en mi opinión, incompatible con el derecho a un juicio justo.

Teniendo en cuenta el hecho de que la legislación imponía una pena de reclusión fija de dos años, el tribunal que pronunció la pena no tenía derecho, y por lo tanto se abstuvo, de examinar los hechos que podían ser pertinentes para la cuestión de la adaptación de la pena a las circunstancias particulares de la causa. En consecuencia no estamos en condiciones de decir si la pena impuesta era realmente proporcional a la gravedad de la infracción. Lo que cuenta sin embargo es el principio en juego y la posibilidad de que el Juez impusiera una pena menos severa si hubiese tenido el poder de adaptar la pena en función de las circunstancias de la causa.

No comparto la opinión de la mayoría cuando dice que «no existe un precedente en los órganos del Convenio, ni en virtud del artículo 6 ni del artículo 7, que censure el hecho para el legislador de prever una pena fija, o que obligue al Juez a "modular" dicha pena en función de las circunstancias de la causa». De hecho de su jurisprudencia se desprende que el Tribunal «no excluye que una pena arbitraria o de una duración desproporcionada pueda en ciertas circunstancias plantear problemas en virtud del Convenio» (Sawoniuk contra Reino Unido Decisión, núm. 63716/2000, 2-5-2001). Ahora bien, una disposición represiva que prevé una pena fija puede conducir a «una pena de una duración desproporcionada» desde el momento en que no permite adaptar la pena en función de las circunstancias del caso.

Considero que el derecho a un juicio justo no se limita a las garantías procesales sino que también se extiende al alcance de la decisión en cuanto al fondo pronunciada al final del procedimiento. Sería en efecto absurdo que el Convenio tratara de garantizar procedimientos adecuados que permitieran decidir sobre derechos o acusaciones en materia penal dejando al acusado sin protección en cuanto al resultado del proceso jurisdiccional. Dicho trámite autorizaría un proceso justo que produjera un resultado arbitrario o manifiestamente injustificado. Considero que la posibilidad para el Juez de adaptar la pena en función de las circunstancias de la causa con el fin de evitar la imposición de una pena injusta o de una duración desproporcionada forma implícitamente parte de la noción de juicio justo en materia penal.

Por otro lado, se puede alegar que el hecho para el legislador de prever penas obligatorias, con la consecuencia de que los tribunales no dispongan de ningún poder de apreciación para adaptar las penas en función de las circunstancias de cada caso, se concilia malamente con la noción de separación de poderes (ver, «mutatis mutandis», Stafford contra Reino Unido [JUR 2002, 145972] 46295/1999, ap. 78).

El legislador puede sin duda determinar el tipo de pena para cada infracción. Pero al mismo tiempo se debe permitir a los tribunales el tener en cuenta los hechos concretos de los casos que se les someten con el fin de poder pronunciar exactamente las penas que consideren justas y adecuadas en el marco de la legislación aplicable. Si los tribunales son privados del necesario poder de apreciación que les permita adaptar las penas a los casos concretos, es inevitable que se vean perjudicados en el ejercicio de su misión judicial consistente en aplicar principios represivos y en asegurar las garantías de independencia, equidad e imparcialidad, teniendo éstas como corolario la obligación de evitar imponer sanciones no proporcionadas a la gravedad del delito. El resultado práctico de una legislación como la enjuiciada en este caso es que las penas sean impuestas directamente e «in abstracto» en todos los casos, independientemente de las diferencias «de facto» de éstos, para el legislador, con desprecio de la obligación de asegurar la equidad de los procesos y del principio de la separación de poderes.
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

CASE OF VALENZUELA CONTRERAS v. SPAIN
(58/1997/842/1048)


JUDGMENT
STRASBOURG


30 July 1998


The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.

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SUMMARY1
Judgment delivered by a Chamber
Spain – monitoring of telephone line in connection with criminal proceedings against subscriber
I. Article 6 of the Convention
Compass of case delimited by Commission’s decision on admissibility – Court had no jurisdiction to revive issues declared inadmissible.
Conclusion: no jurisdiction (unanimously).
II. Article 8 of the Convention
A. Applicability
Telephone calls from a person’s home came within notions of “private life” and “correspondence” referred to in Article 8 § 1 – point not disputed.
B. Compliance
1. General principles
Recapitulation of Court’s case-law.
2. Application of those principles in instant case
(a) Whether there had been an interference
Tapping of applicant’s telephone line constituted “interference by a public authority” in exercise of right to respect for his private life and correspondence – point not disputed.

(b) Was the interference justified?
(i) Was the interference “in accordance with the law”?
Not contested that there was legal basis in Spanish law.
No doubt in instant case that law was accessible.

Foreseeability of law: telephone tappings constituted serious interference with right to respect for private life and correspondence – had to be based on an especially precise “law”.
In sphere of monitoring telephone communications guarantees stating extent of authorities’ discretion and manner in which it was to be exercised had to be set out in detail in domestic law in order for it to have binding force which circumscribed judges’ discretion in application of such measures – Spanish law did not indicate with sufficient certainty at material time extent of authorities’ discretion in domain concerned or way in which it was to be exercised – evolution in legislation and case-law on subject had not begun until after order to monitor applicant’s telephone line had been made.
Conclusion: violation (unanimously).
(ii) Aim of the interference and the need for it
Unnecessary to consider that issue.

III. Article 50 of the Convention
A. Pecuniary damage: applicant unable to prove causal link between tapping of his telephone and alleged damage – claim dismissed.
B. Costs and expenses: claim allowed in full.
Conclusion: respondent State to pay applicant specified sum in respect of costs and expenses (unanimously).
COURT’S CASE-LAW REFERRED TO
6.9.1978, Klass and Others v. Germany; 2.8.1984, Malone v. the United Kingdom; 24.4.1990, Kruslin v. France and Huvig v. France; 28.9.1995, Masson and Van Zon v. the Netherlands; 26.3.1996, Leutscher v. the Netherlands; 25.6.1997, Halford v. the United Kingdom; 25.3.1998, Kopp v. Switzerland

In the case of Valenzuela Contreras v. Spain1,
The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) and the relevant provisions of Rules of Court A2, as a Chamber composed of the following judges:
Mr R. Bernhardt, President,
Mrs E. Palm,
Mr A.N. Loizou,
Mr J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
Mr A.B. Baka,
Mr L. Wildhaber,
Mr J. Casadevall,
Mr V. Butkevych,
and also of Mr H. Petzold, Registrar, and Mr P.J. Mahoney, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 28 March and 30 June 1998,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE
1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights (“the Commission”) on 29 May 1997, within the three-month period laid down by Article 32 § 1 and Article 47 of the Convention. It originated in an application (no. 27671/95) against the Kingdom of Spain lodged with the Commission under Article 25 by a Spanish national, Mr Cosme Valenzuela Contreras, on 2 May 1995.
The Commission’s request referred to Articles 44 and 48 and to the declaration whereby Spain recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46). The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Article 8 of the Convention.
2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 § 3 (d) of Rules of Court A, the applicant stated that he wished to take part in the proceedings and designated the lawyer who would represent him (Rule 30). The lawyer was given leave by the President to use the Spanish language (Rule 27 § 3).
3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr J.M. Morenilla, the elected judge of Spanish nationality (Article 43 of the Convention), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 § 4 (b)). On 27 August 1997, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the names of the other seven members, namely Mr B. Walsh, Mrs E. Palm, Mr A.N. Loizou, Mr A.B. Baka, Mr L. Wildhaber, Mr J. Casadevall and Mr V. Butkevych (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 § 5). Subsequently Mr R. Bernhardt, the Vice-President of the Court, replaced Mr Ryssdal, who had died on 18 February 1998 (Rule 21 § 6, second sub-paragraph), and Sir John Freeland, substitute judge, replaced Mr Walsh, who had died on 9 March 1998 (Rule 22 § 1).
4. As President of the Chamber (Rule 21 § 6), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, had consulted the Agent of the Spanish Government (“the Government”), the applicant’s lawyer and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 § 1 and 38). Pursuant to the order made in consequence on 30 September 1997, the Registrar received the Government’s and the applicant’s memorials on 15 December 1997. On 19 January 1998 the Secretary to the Commission informed the Registrar that the Delegate did not wish to reply in writing.
5. On 19 January 1998 the Commission produced the file on the proceedings before it, as requested by the Registrar on the President’s instructions.
6. In accordance with the decision of the President, who had also given the Agent of the Government leave to address the Court in Spanish (Rule 27 § 2), the hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 26 March 1998. The Court had held a preparatory meeting beforehand.
There appeared before the Court:
(a) for the Government

Mr J. Borrego Borrego, Head of the Legal Department for the European Commission and Court of Human Rights, Ministry of Justice, Agent;
(b) for the Commission Mr M.A. Nowicki, Delegate;
(c) for the applicant Mr J.-C. Rubio Moreno, of the Madrid Bar, Counsel.
The Court heard addresses by Mr Nowicki, Mr Rubio Moreno and Mr Borrego Borrego.

AS TO THE FACTS
I. the CIRCUMSTANCES OF THE CASE
7. The applicant is a Spanish citizen and was born in 1952. He is the deputy head of personnel of the W. company.

A. Background to the case and the inquiry
8. On 12 November 1984, following a complaint lodged by Mrs M., an employee of the W. company, with Madrid investigating judge no. 31 against a person or persons unknown in respect of insulting and threatening telephone calls and letters she had received, a criminal investigation (diligencias previas) was started. On 6 February 1985 Mrs M.’s fiancé, Mr R., lodged a complaint against a person or persons unknown for the same offence.
9. On 8 January and 19 February 1985, the investigating judge made orders under Article 18 § 3 of the Constitution for Mrs M.’s and Mr R.’s telephone lines to be tapped for a month, as they had requested when making their statement. Several suspect calls made from the W. company and from telephone boxes were intercepted.
10. On 18 February and 25 March 1985 respectively the monitoring ceased.
11. On 29 March 1985 Mrs M. gave the investigating judge the names of the five people, including the applicant, who had access to the telephone at the W. company from which some of the suspect calls had been made.
That same day three other people were summonsed to appear. The W. company was asked to provide information about the offices in which the telephones concerned were located and the people having access to them.
12. On 30 April 1985 the investigating judge made a further order for Mrs M.’s and Mr R.’s telephone lines to be tapped, on this occasion from 1 to 31 May 1985. He also ordered an analysis of the typeface of the anonymous letters containing threats against Mrs M. (in order to determine the make of typewriter used) and of photographs enclosed with some of the letters. In addition, he had the saliva residue and the fingerprints on the envelopes examined.
13. On 7 June 1985 the cassette recording of the calls made on the monitored lines, some of which showed that Mrs M. had been subjected to threats and insults, was delivered to the investigating judge.
14. On 19 November 1985 the investigating judge made an order under Article 18 § 3 of the Constitution (see paragraph 29 below) and Chapter VIII of Volume II of the Code of Criminal Procedure “on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence” (see paragraph 30 below), for the monitoring of the private telephone lines of S. and of Mr Valenzuela, the head and deputy head of personnel of the company where the applicant worked, for a period of one month commencing on 26 November 1985. The applicant was considered to be the prime suspect, firstly, because most of the calls were being made from the W. company, where he worked and where, as deputy head of personnel, he had access to the company’s staff files and, secondly, because he had previously had a relationship with Mrs M. The investigating judge’s order read as follows:
“An application has been made for an order for the monitoring of telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00, of Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively, who reside in this town, Mr Valenzuela Contreras at Avda. del Oeste no. 41 de Alorcón and Mr [S.] in H. Street, in connection with a police investigation currently under way into certain offences.
It is implicit in what has been said by the police that reliable evidence exists to suggest that information concerning the commission of an offence may be obtained by monitoring telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00 belonging to Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively; it is appropriate to grant the requested application authorising the monitoring, in accordance with Article 18 § 3 of the Constitution as in force. It will be carried out by agents of the National Telephone Company referred to above.
Having considered, in addition to the Article cited above, Chapter VIII of Volume [II] of the Code of Criminal Procedure and other provisions of general application,
[The judge] orders that the telephone lines nos. 641 29 25 and 795 22 00 of Cosme Valenzuela Contreras and Mr [S.] respectively shall be monitored by staff of the National Telephone Company of Spain for a period of one month starting from today; at the end of that period they shall report their findings.
...”

15. On 10 December 1985 police headquarters at the Ministry of the Interior informed Madrid investigating judge no. 1 that the monitoring of Mr [S.]’s line had not revealed anything suspect, no suspicious call or conversation having been recorded. Conversely, the monitoring of Mr Valenzuela’s line had shown that a number of calls had been made from his telephone to Mrs M., her fiancé and their close relatives. However, the caller had hung up as soon as the telephone was answered.
On the same day, after further insulting letters had been sent to Mrs M., police headquarters applied for a warrant from the judge to carry out a search of Mr Valenzuela’s home.
16. Owing to a breakdown in the system, the applicant’s telephone line ceased to be tapped on 20 December 1985. The original cassettes containing the recordings were delivered to the investigating judge and included in the court file that was available for inspection and comment by the parties.
17. On 27 December 1985 the applicant himself applied to Madrid investigating judge no. 2, complaining that he had received threatening telephone calls. On 17 June 1986 the applicant requested the judge to order the monitoring of the applicant’s own telephone line; that measure proved fruitless. On 14 June 1988 the judge made a provisional discharge order (sobreseimiento provisional).
18. On 9 December 1985 and 13 January 1986 police headquarters confirmed before the investigating judge that twenty-two calls had been made from the applicant’s telephone while it was being tapped, three to Mrs M.’s home, eight to Mr R.’s home, two to Mr R.’s aunt and nine to his superior.
19. On 26 January 1986 the public prosecutor applied for criminal proceedings (sumario) to be brought against Mr Valenzuela and, if appropriate, Mr S., for offences of proffering grave insults and making threats.
20. On 25 February 1986 Madrid investigating judge no. 31 ordered that the applicant’s home and the head office of the W. company be searched.
21. On 18 April 1986 he decided to institute criminal proceedings against Mr Valenzuela. In an order (auto de procesamiento) of 18 April 1986 he charged the applicant with proffering grave insults and making threats under Articles 457, 458 §§ 2, 3 and 4, 459, 463 and 493 § 2 of the Criminal Code.
22. On 26 December 1990 Madrid investigating judge no. 27, to whom the case had been assigned on 2 January 1990, closed the investigation and committed the applicant for trial before the Madrid Audiencia provincial.

B. Proceedings before the Madrid Audiencia provincial
23. On 25 June and 8 July 1991 the public prosecutor, and Mrs M. and Mr R. as private prosecutors (acusadores particulares), filed provisional submissions.
24. On 7 May 1992 the applicant argued that the monitoring of his telephone line and searches of his house constituted breaches of Articles 18 and 24 of the Constitution (see paragraph 29 below).
25. On 8 May 1992 the Madrid Audiencia provincial convicted the applicant of making threats by letter and on the telephone against Mrs M. and Mr R., her fiancé, and their respective families, both at their homes and at work. It sentenced him to four months’ imprisonment, imposed a number of fines and ordered him to pay Mrs M. compensation.
26. The Audiencia provincial found that neither the searches nor the monitoring had been decisive in establishing the applicant’s guilt. The monitoring had revealed that some of the calls from his home telephone had been made to Mrs M.’s telephone number and that most of the calls complained of had been made from the company where both Mrs M. and the applicant worked. Nevertheless, it had not proved possible to determine the identity of the person making the calls because he had hung up as soon as the telephone was answered.

C. Proceedings before the Supreme Court
27. The applicant lodged an appeal on points of law, which the Supreme Court dismissed on 19 March 1994. It held with regard to the telephone tapping that, even if the court order allowing the applicant’s telephone line to be monitored had been couched in general terms, the evidence thereby obtained had not been the only evidence on which the trial court had relied in convicting him and, in any event, the threats had also been made in writing.

D. The amparo appeal to the Constitutional Court
28. The applicant then filed an amparo appeal with the Constitutional Court in which he relied on the principle of the presumption of innocence, on the right to respect for his private and family life and on the confidentiality of telephone communications (Articles 24 and 18 of the Constitution – see paragraph 29 below). That appeal was dismissed on 16 November 1994 on the following grounds:

“... Contrary to what is said by the applicant, there has been no breach of his right to make telephone communications in confidence in the present case, since the monitoring of his telephone line had previously been authorised in a reasoned court order made under Article 579 § 3 of the Code of Criminal Procedure. It must nevertheless be noted that the monitoring failed to produce any decisive results enabling the conclusion to be reached that Mr Valenzuela had been guilty of making the threats of which he was suspected, inasmuch as the only finding was that frequent calls in which the caller had remained silent had been made from his home to the home of the person receiving the threats, as the caller had hung up as soon as [the victim] answered. The decisive factor in this respect [the finding that the applicant was guilty] was the evidence as a whole including the amparo appellant’s recent relationship with [Mrs M.], the fact that he was the deputy head of personnel in the company where she worked, the fact that it had been shown that some of the calls had been made from that company’s premises, the fact that the photographs enclosed with some of the anonymous letters were from the company’s archives to which only members of the personnel department had access, [Mr Valenzuela’s] reactions during the oral hearing, etc. That evidence, which was properly reviewed by the [Audiencia provincial] in a clearly reasoned judgment that was not illogical, may be considered to have been sufficient to rebut the presumption that the appellant was innocent...”

II. Relevant domestic law
A. The Constitution
29. The relevant provisions of the Constitution read as follows:
Article 10 § 2 “The rules relating to the fundamental rights and the freedoms recognised under the Constitution shall be construed in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements concerning the same subject matter that have been ratified by Spain.”Article 18 § 3
“Communications, particularly postal, telegraphic and telephone communications, shall be confidential unless the court decides otherwise.”Article 96
“Properly concluded international treaties shall form part of the domestic legal order once they have been published in Spain...”

B. The Code of Criminal Procedure
1. Before Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 came into force
30. The relevant provisions of Chapter VIII of Volume II of the Code of Criminal Procedure “on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence” were as follows:
Article 579
“A court may authorise the seizure, opening and examination of private postal and telegraphic correspondence sent or received by a person charged if there is reason to believe that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified.”
Article 581
“The officer who seizes the correspondence shall immediately hand it to the investigating judge.”
Article 583
“The decision, which shall be reasoned, authorising the seizure and inspection of correspondence ... shall specify which correspondence is to be seized or inspected...”
Article 586
“The procedure shall take place by the judge himself opening the correspondence...”
Article 588
“The fact that the correspondence has been opened shall be noted in a record...
The record thereof shall be signed by the investigating judge, the registrar and any other persons present.”
2. Since Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 came into force
31. Implementing Law no. 4/1988 amended two Articles of Chapter VIII of Volume II (see paragraph 30 above), namely Articles 553 and 579. Of these, only Article 579 is relevant in the present case and it now provides:

Article 579
“1. A court may authorise the seizure, opening and examination of private postal and telegraphic correspondence sent or received by a person charged if there is reason to believe that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified.
2. A court may also authorise, in a reasoned decision, the monitoring of the telephone calls of a person charged if there is evidence to show that facts or circumstances material to the case may thereby be uncovered or verified.
3. Likewise, a court may, in a reasoned decision, authorise for a maximum renewable period of three months the monitoring of the postal, telegraphic and telephonic communications of persons reasonably believed to have committed an offence and of communications made for criminal ends.
...”

C. The case-law
32. In its judgment no. 114/1984 of 29 November 1984 the Constitutional Court held that the concept of “confidentiality” did not cover just the content of communications, but also other aspects of them such as the subjective identity of the people communicating.
33. In its judgment of 21 February 1991 the Supreme Court noted that the legislative amendment made by Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988, bringing in the new wording of Article 579 of the Code of Criminal Procedure, was not perfect. The court said that cassette recordings of telephone conversations should be put at the disposal of the judge with an accurate transcript, which was to be checked by the registrar for use at the trial if appropriate. It added that “if the conditions laid down by Article 579 are satisfied, if the judge has reviewed the content of the evidence so obtained and has given leave for it to be used at the trial”, evidence obtained from telephone tapping may be considered admissible.
34. In a decision (auto) of 18 June 1992 the Supreme Court construed the Spanish legislation on the admissibility of evidence obtained by telephone tapping as it stood after Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 had come into force (see paragraphs 29 and 31 above). It stated that “the legislature [had] not specified any limitations according to the nature of the possible offence or the sentence it carried” and emphasised that the deficiencies, inadequacies and vagueness of that legislation needed to be rectified by the case-law of the domestic courts and of the European Court of Human Rights.

In the light of the latter Court’s case-law, the Supreme Court reached the following conclusions in its decision:
“In summary, the violations that render evidence obtained from telephone tapping inadmissible and determine its effects are as follows:
(1) Lack of evidence. Lack of sufficient reasoning
Lack ... of evidence capable, in the judge’s view, of justifying a measure restricting fundamental rights to the extent telephone tapping does; mere suspicion on the part of the police, which in principle serves as the basis for the court’s decision, cannot suffice.
(2) Lack of supervision
There was an almost total lack of any form of judicial supervision of the actual monitoring of the telephone concerned, which must necessarily be effected in compliance with the proportionality principle, which indeed can only be established through the reasoning, by, for example, listening to conversations recorded over reasonable periods in order for progress in the investigation (in this case a police investigation) to be checked and a decision taken as to whether or not expressly to extend the measure/surveillance – which, moreover, should not be for more than a reasonable period – in accordance with the principles laid down by the Code of Criminal Procedure.
(3) Periodic review. Effects
Once the conversations have been recorded on the tapes, the judge must periodically, in the manner he deems appropriate in the light of all the circumstances, examine them in the presence of the court registrar and, after hearing the recorded voices, decide on the proper course of action and, if appropriate, order that the monitoring continue, in which case he determines the appropriate guidelines to be followed by those responsible for implementing the measure.
If he orders that the measure should cease, the person or persons affected by that measure must be informed of the operation that has ended ... so that they may henceforth take such action as they deem appropriate...
Only in exceptional cases can the measure remain secret until the end of the investigation so as not to frustrate the legitimate interest in pursuing it ... but it must cease to remain secret once the investigation has ended...
(4) Divergence between the monitoring and the investigation
... There is a violation of the right to private life or, even more simply, the confidentiality of communications in general and of telephone communications in particular where ..., during the course of the originally authorised monitoring, it appears possible that one or more new offences may have been committed. At that point ... the police must, without delay, immediately inform the investigating judge who authorised/ordered the monitoring so that he may consider the question of his jurisdiction and the requirement of proportionality... A blanket authorisation may not be given; nor, without a fresh, express authority from the judge, can the measure/surveillance continue if the new presumed offence revealed on the telephone

is found to be independent of the offence covered by the original authorisation. Such situations, if uncontrollable and not directly supervised by the judge, cause or are apt to cause a total failure to comply with the proportionality principle. It will never be known whether or not that principle was complied with in the present case...
(5) Production of copies rather than originals
There will also be a violation where the measure fails to comply with the Constitution and all the legislation (Article 579 of the Code of Criminal Procedure). The fact that the tape recordings produced to the court were copies, not originals, and moreover represented a selection made by the police without any judicial supervision, is a serious violation of the system. ... as the judge, in the registrar’s presence, must select, in the manner he deems appropriate, what is relevant to the investigation ordered by him while the remaining recordings must be kept in the registrar’s custody, thereby precluding any undesired or undesirable knowledge of conversations beyond the scope of the decision to monitor. The judge must order the immediate cessation of the measure when it is no longer relevant to the legitimate aim of establishing the commission of a serious offence, whose gravity must always be proportionate to what is, in principle, an intolerable interference with private life...
(6) Finding of proportionality
On that basis, it is necessary to consider whether or not the preventive measures used were proportionate to the aim pursued... The judge, who is the essential guarantor of fundamental rights and public freedoms, must consider each offence in the light of all the circumstances and decide whether the legitimate interests in investigation, prosecution and, where appropriate, conviction warrant in a given case the sacrifice of legal interests as important as the dignity, privacy and freedom of the individual...
(7) Determination of the measure and its limits
… The judicial authority must state what form the measure is to take and ensure that it is implemented with the least possible harm to the person affected by it...”

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION
35. Mr Valenzuela Contreras applied to the Commission on 2 May 1995. He relied on Article 6 § 1 and Article 8 of the Convention, complaining that he had not had a fair hearing in that his guilt had not been established by lawful means and that the monitoring of his telephone line had infringed his right to respect for his private life.

36. On 18 October 1996 the Commission declared the application (no. 27671/95) admissible as regards the applicant’s complaint under Article 8 and inadmissible as to the remainder. In its report of 11 April 1997 (Article 31), it expressed the opinion that there had been a violation of Article 8 (eleven votes to six). The full text of the Commission’s opinion and of the dissenting opinion contained in the report is reproduced as an annex to this judgment1.

FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT
37. In their memorial the Government invited the Court to hold that the monitoring of the applicant’s telephone line had not constituted a violation of Article 8 of the Convention.
38. The applicant requested the Court to hold that there had been breaches of Articles 6 and 8 of the Convention and to award him just satisfaction under Article 50.

AS TO THE LAW
I. alleged violation of article 6 of the convention
39. In his memorial to the Court, the applicant repeated the complaint he had submitted to the Commission under Article 6 of the Convention, which the Commission had declared inadmissible (see paragraphs 35 and 36 above). He affirmed that the only basis for his conviction had been the evidence obtained from monitoring his telephone and that without it, his guilt could not have been established.
40. However, since the compass of the case before it is delimited by the Commission’s decision on admissibility, the Court has no jurisdiction to revive issues declared inadmissible (see, among other authorities, the Masson and Van Zon v. the Netherlands judgment of 28 September 1995, Series A no. 327-A, p. 16, § 40, and the Leutscher v. the Netherlands judgment of 26 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, p. 434, § 22).

II. alleged violation of article 8 of the convention
41. The applicant maintained that the interception of his telephone communications amounted to a violation of Article 8 of the Convention, which provides:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

A. Applicability of Article 8
42. The Court considers that it is clear from its case-law that telephone calls from a person’s home come within the notions of “private life” and “correspondence” referred to in Article 8 (see the following judgments: Klass and Others v. Germany of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 21, § 41, Malone v. the United Kingdom of 2 August 1984, Series A no. 82, p. 30, § 64, and Kruslin v. France and Huvig v. France of 24 April 1990, Series A no. 176-A and B, p. 20, § 26, and p. 52, § 25, respectively). Indeed, the point was not disputed.

B. Compliance with Article 8
1. Arguments of those appearing before the Court(a) The applicant
43. The applicant’s main contention was that the interception of his telephone conversations amounted to an unjustified interference in the exercise of his right to respect for his private life, in breach of Article 8. He argued that the statutory basis for the measure in issue was not sufficiently foreseeable and clear and that the existence of a general and unrestricted system for monitoring communications was contrary to Article 8, especially as there had been no judicial supervision in the instant case. He referred to the Court’s judgment in the Malone case (judgment cited above, pp. 32–33, § 68) and said that the “law”, namely the Spanish Constitution, which was of direct application as no other law was applicable in the present case, did not define “the extent of any such power or the manner of its exercise with a degree of clarity that – having regard to the legitimate aim pursued – was sufficient to give the individual adequate protection against arbitrary interference”.
He submitted that the tapping of the telephones did not satisfy the requirements laid down by the Court’s case-law, in particular in that the investigating judge had not given sufficient reasons in his order of 19 November 1985 for requiring the applicant’s telephone line to be monitored. The applicant emphasised that that order was akin to a “standard-form decision”, since it contained no mention of the facts on which it was based or of the reasons that could have justified such a measure; furthermore, the measure was disproportionate to the seriousness of the offence.
(b) The Government
44. In the Government’s submission, the interference in the applicant’s private life was in accordance with the law (see Article 18 of the Constitution and the provisions of the Code of Criminal Procedure that were applicable under a wide construction of Article 579 of the Code of Criminal Procedure, before its amendment in 1988) and justified by the need to establish that the offence in question had been committed. They also pointed out that the provisions relating to fundamental rights are to be construed in the light of the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties which Spain had ratified on the subject (see paragraph 29 above).
The order for the monitoring of the applicant’s telephone line had been made by the investigating judge in a properly reasoned decision in connection with criminal proceedings brought for insulting and threatening telephone calls and letters. The measure had been necessary in order to discover or to verify facts relevant to the proceedings. The monitoring had been limited in time and the cassette recordings had been transcribed and made available for inspection and comment by both parties. Moreover, the telephone numbers and the names of the subscribers to which the measure related were mentioned in the order, as were the statutory provisions on which the decision to intercept communications was based.
The Government referred in particular to a decision (auto) of the Supreme Court of 18 June 1992 (see paragraph 34 above) that had been delivered two years before the Supreme Court’s judgment of 19 March 1994 and the Constitutional Court’s decision of 16 November 1994 (see paragraphs 27 and 28 above), in which all the necessary conditions applicable under Spanish law, as established by the Court’s case-law, were set out.

(c) The Commission
45. Before the Court, the Delegate of the Commission pointed out that at the material time the Spanish system governing the monitoring of telephones did not provide adequate safeguards; it did not indicate with the clarity and precision required by the Convention the scope and manner of exercise of the power conferred on the authorities. Although the legislation and, in particular, the case-law in that sphere had evolved in a very positive way, that evolution had not begun until several years after the order in issue had been made.
2. The Court’s assessment
(a) General principles
46. The following principles relevant in the instant case have been established by the Court in its case-law:
(i) The interception of telephone conversations constitutes an interference by a public authority in the right to respect for private life and correspondence. Such an interference will be in breach of Article 8 § 2 unless it is “in accordance with the law”, pursues one or more legitimate aims under paragraph 2 and, in addition, is “necessary in a democratic society” to achieve those aims (see the Kopp v. Switzerland judgment of 25 March 1998, Reports 1998- II, p. 539, § 50).
(ii) The words “in accordance with the law” require firstly that the impugned measure should have some basis in domestic law. However, that expression does not merely refer back to domestic law but also relates to the quality of the law, requiring it to be compatible with the rule of law. The expression thus implies that there must be a measure of protection in domestic law against arbitrary interference by public authorities with the rights safeguarded by paragraph 1 (see the Malone judgment cited above, p. 32, § 67). From that requirement stems the need for the law to be accessible to the person concerned, who must, moreover, be able to foresee its consequences for him (see the Kruslin judgment cited above p. 20, § 27, and the Kopp judgment cited above, p. 540, § 55).
(iii) Especially where a power of the executive is exercised in secret the risks of arbitrariness are evident. In the context of secret measures of surveillance or interception by public authorities, the requirement of foreseeability implies that the domestic law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances in and conditions on which public authorities are empowered to take any such secret measures (see the Malone judgment cited above, pp. 31–32, §§ 66–67, the Kruslin judgment cited above, pp. 22–23, § 30, the Halford v. the United Kingdom judgment of 25 June 1997, Reports 1997-III, p. 1017, § 49, and the Kopp judgment cited above, p. 541, § 64). It is essential to have clear, detailed rules on the subject, especially as the technology available for use is constantly becoming more sophisticated (see the Kruslin judgment cited above, p. 23, § 33, the Huvig judgment cited above, p. 55, § 32, and the Kopp judgment cited above, pp. 542–43, § 72).
(iv) The Kruslin and Huvig judgments mention the following minimum safeguards that should be set out in the statute in order to avoid abuses of power: a definition of the categories of people liable to have their telephones tapped by judicial order, the nature of the offences which may give rise to such an order, a limit on the duration of telephone tapping, the procedure for drawing up the summary reports containing intercepted conversations, the precautions to be taken in order to communicate the recordings intact and in their entirety for possible inspection by the judge and by the defence and the circumstances in which recordings may or must be erased or the tapes destroyed, in particular where an accused has been discharged by an investigating judge or acquitted by a court (loc. cit. p. 24, § 35, and p. 56, § 34, respectively).
(b) Application of these principles in the instant case (i) Whether there has been an interference
47. The tapping of Mr Valenzuela Contreras’s telephone line between 26 November and 20 December 1985 (see paragraphs 14 and 16 above) constitutes an “interference by a public authority” within the meaning of Article 8 § 2 in the applicant’s exercise of his right to respect for his private life and correspondence. Indeed, that point was not disputed. Nor is it decisive in that regard that, as the Government intimated, only a “metering” system was used (see the Malone judgment cited above, p. 38, § 87).
(ii) Was the interference justified?
48. It is necessary to examine whether that interference satisfied the requirements of paragraph 2 of Article 8.

(*) Was the interference “in accordance with the law”?
49. It is not contested that there was a legal basis in Spanish law for such a measure. The Court therefore confines itself to noting that Article 18 § 3 of the Constitution, on which the investigating judge principally based the order for the applicant’s telephone line to be monitored, provides that “communications, particularly postal, telegraphic and telephone communications, should be confidential unless the court decides otherwise” (see paragraphs 14 and 29 above).
50. The second requirement resulting from the phrase “in accordance with the law”, namely that the law be accessible, does not give rise to any problem in the present case.
51. That is not true of the third requirement, namely that the law be foreseeable as regards the meaning and nature of the applicable measures.
52. The Government submitted that the relevant statutory provisions and the case-law of the Supreme Court and the Constitutional Court taken as a whole (see paragraphs 29, 30 and 32–34 above) warranted the conclusion that the telephone tapping ordered in the present case satisfied the foreseeability requirement as laid down by the European Court.
53. The Court must therefore assess the quality of the legal rules that were applied in Mr Valenzuela Contreras’s case.
54. It notes, firstly, that the applicant’s telephone line was tapped under Article 18 § 3 of the Constitution, which was the only provision allowing, at the time the order for the telephone tapping was made, restrictions on the right to confidentiality of telephone communications (see paragraph 29 above). It observes, however, that in order to justify his decision the judge who ordered the measure took into account Chapter VIII of Volume II of the Code of Criminal Procedure, which was in force at the time, “on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence” (see paragraphs 14 and 30 above).
55. The Government submitted that the judge who had ordered the monitoring of the applicant’s telephone line had, in the instant case, complied with the safeguards recommended by the Court in that connection. He had indicated the identity and telephone numbers of the two suspects, stated that the measure was being taken for the purposes of an investigation into certain events into which a police inquiry was under way, limited the duration of the measure to one month and supervised its enforcement. The investigating judge had consequently anticipated the safeguards and guarantees against arbitrariness specified in the Kruslin v. France and Huvig v. France judgments five years before those judgments were delivered.

56. The Court recognises that the investigating judge attempted to ensure maximum protection with respect to the enforcement of the monitoring order under the legal provisions in force at the time. He had taken into account, at least in a general way, those provisions of the Code of Criminal Procedure “on the entry into and searches of closed premises, the opening of books and written documents and the interception and opening of written and telegraphic correspondence” (see paragraph 14 above) capable of serving as a basis for his decision.
57. However, it has to be noted that the guarantees cited by the Government (see paragraph 55 above), deduced from a wide construction of statutory provisions or court decisions, were not apparent from the actual wording of Article 18 § 3 of the Constitution, or, for the most part, from the provisions of the Code of Criminal Procedure which the judge considered when ordering the monitoring of the applicant’s telephone communications (see paragraphs 14 and 30 above).
58. The Court is aware of the efforts made by the legislature and the judicial authorities to introduce in both legislation and practice in Spain the guarantees required in this sphere by the Convention. The Supreme Court’s decision (auto) of 18 June 1992 (see paragraph 34 above) provides the best example. The Court, like the Delegate of the Commission, notes, however, that those developments took place well after the order for the tapping of the applicant’s telephone line had been made.
The Court also notes that, in any event, in the decision referred to above, the Supreme Court did not interpret the legislation applicable when the order for the monitoring of the applicant’s telephone was made, but the legislation as amended by Implementing Law no. 4/1988 of 25 May 1988 (see paragraph 31 above), by which the notion of telephone tapping was inserted into Article 579 of the Code of Criminal Procedure.
59. The Court notes that some of the conditions necessary under the Convention to ensure the foreseeability of the effects of the “law” and, consequently, to guarantee respect for private life and correspondence are not included either in Article 18 § 3 of the Constitution or in the provisions of the Code of Criminal Procedure cited in the order of 19 November 1985 (see paragraphs 14 and 30 above). They include, in particular, the conditions regarding the definition of the categories of people liable to have their telephones tapped by judicial order, the nature of the offences which may give rise to such an order, a limit on the duration of telephone tapping, the procedure for drawing up the summary reports containing intercepted conversations and the use and destruction of the recordings made (see paragraph 46(iv) above).

60. Like the Delegate of the Commission, the Court cannot accept the Government’s argument that the judge who ordered the monitoring of the applicant’s telephone conversations could not have been expected to know the conditions laid down in the Kruslin and Huvig judgments five years before those judgments were delivered in 1990. It reiterates that the conditions referred to in the judgment cited by the Government concerning the quality of the law stem from the Convention itself. The requirement that the effects of the “law” be foreseeable means, in the sphere of monitoring telephone communications, that the guarantees stating the extent of the authorities’ discretion and the manner in which it is to be exercised must be set out in detail in domestic law so that it has a binding force which circumscribes the judges’ discretion in the application of such measures (see paragraph 46(iii) and (iv) above). Consequently, the Spanish “law” which the investigating judge had to apply should have provided those guarantees with sufficient precision. The Court further notes that at the time the order for the monitoring of the applicant’s telephone line was made it had already stated, in a judgment in which it had found a violation of Article 8, that “the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances in and the conditions on which public authorities are empowered to resort to this secret and potentially dangerous interference with the right to respect for private life and correspondence” (see the Malone judgment cited above, p. 32, § 67). In addition, it points out that in any event the investigating judge who ordered the monitoring of the applicant’s telephone communications had himself put in place a number of guarantees which, as the Government said, did not become a requirement of the case-law until much later.
61. In summary, Spanish law, both written and unwritten, did not indicate with sufficient clarity at the material time the extent of the authorities’ discretion in the domain concerned or the way in which it should be exercised. Mr Valenzuela Contreras did not, therefore, enjoy the minimum degree of legal protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society (see the Malone judgment cited above, p. 36, § 79). There has therefore been a violation of Article 8.
(*) Aim of the interference and the need for it
62. Having regard to the foregoing conclusion, the Court, like the Commission, does not consider it necessary to consider whether the other requirements of paragraph 2 of Article 8 were complied with in the instant case.

III. Application of article 50 of the convention
63. The applicant claimed just satisfaction under Article 50 of the Convention, which provides:
“If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the ... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A. Damage
64. The applicant sought 1,304,181 pesetas for the pecuniary damage sustained as a result of his conviction, corresponding to the compensation he had had to pay to Mrs M., the fine imposed on him and the portion of legal costs he had had to bear before the Madrid Audiencia provincial.
65. The Government argued that in the circumstances of the case the present judgment would in itself constitute sufficient just satisfaction. The Delegate of the Commission expressed no view.
66. The Court considers that there is no causal link between the finding of a violation of Article 8 and the alleged pecuniary damage corresponding to the amounts the applicant had to pay as a result of his conviction for making threats. The claim must therefore be dismissed.
B. Costs and expenses
67. The applicant sought 1,500,000 pesetas for the expenses and lawyers’ fees incurred before the Constitutional Court and the Convention institutions.
68. The Government considered those claims reasonable.
69. The Delegate of the Commission did not express a view.
70. Making its assessment on an equitable basis and having regard to the criteria it applies in such circumstances, the Court grants the sum claimed in full.

C. Default interest
71. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Spain at the date of adoption of the present judgment is 7.5% per annum. for these reasons, the court unanimously
1. Holds that it has no jurisdiction to consider the applicant’s complaint under Article 6 of the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;
3. Holds:
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, 1,500,000 (one million five hundred thousand) pesetas for costs and expenses;
(b) that simple interest at an annual rate of 7.5% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
4. Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.
Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 July 1998.


Signed: Rudolf Bernhardt
President
Signed: Herbert Petzold
Registrar

1. This summary by the registry does not bind the Court.

Notes by the Registrar
1. The case is numbered 58/1997/842/1048. The first number is the case’s position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case’s position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.

2. Rules of Court A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (1 October 1994) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol. They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.

1. Note by the Registrar. For practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (in Reports of Judgments and Decisions 1998), but a copy of the Commission’s report is obtainable from the registry.

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